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El Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017, por el cual se crea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fue recibido por un fuego intenso desde las trincheras de la derecha. Uribe, siempre Uribe, la llamó juridiscción especial de las Farc, JEF; María Isabel Rueda tituló: ‘La pérfida JEP’; Fernando Londoño: es la justicia del traidor Santos. No cito a Marta Lucía Ramirez, al exprocurador Ordóñez, a Sofía Gaviria, a José Félix Lafaurie, a Mauricio Vargas, al general en retiro Jaime Ruiz Barrera, para no aburrirlos.

No es nueva la descalificación, no son nuevos los argumentos, es lo que han dicho desde el inicio del proceso de paz. No había un conflicto armado, no había una guerra, las Farc no tienen un carácter político, los únicos responsables de la tragedia son los guerrilleros, la cárcel es la única forma de justicia posible para ellos, no se les puede dar un tratamiento igual a los delitos de la insurgencia y a los cometidos por los agentes del Estado, no se pueden meter en la justicia transicional a los terceros: empresarios o políticos que participaron de forma directa o indirecta en la confrontación.

En la frase de Fernando Londoño está el secreto de todo. El presidente Juan Manuel Santos ha firmado un acuerdo de paz que compromete a una parte de las fuerzas políticas y económicas del país. Santos, Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, el general Mora Rangel, el ahora vicepresidente Óscar Naranjo, el otrora presidente de la Andi Luis Carlos Villegas terminaron representando a las elites liberales del país, a los grupos empresariales modernos, a los sectores mayoritarios de las Fuerzas Armadas y a una izquierda en proceso de autocrítica y renovación.

Una parte de las elites políticas regionales, las que auspiciaron el paramilitarismo; la mayoría de ganaderos, bananeros, azucareros y palmeros; los que se han enriquecido y se enriquecen en los mercados ilegales; muchos militares y policías en ejercicio o en retiro que lideraron la época más dura del conflicto y se involucraron con las fuerzas mafiosas; las corrientes más ortodoxas y conservadoras del país; todos estos sectores no se sienten representados en el acuerdo de paz; sienten que Santos los traicionó. Han puesto su confianza en un líder, en un único líder, Álvaro Uribe Vélez.

Querían llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias, hasta derrotar y desarticular las guerrillas, hasta liquidar buena parte de sus huestes, hasta rendirlas y someterlas a la justicia ordinaria, como hicieron con los tamiles en Sri Lanka en 2009, como hicieron con ETA, en España, en estos días. Así pensaban obviar la rendición de cuentas al final de la confrontación, así pensaban eludir el juicio por las conductas violatorias a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Santos tomó el camino de la negociación política, quiso parar la guerra, quiso evitar un desangre mayor, una tragedia aún más dolorosa, una prolongación indefinida del horror. Para lograrlo estaba obligado a ofrecer una justicia donde no hubiese vencedores ni vencidos, una justicia de reparación, una justicia equitativa para los involucrados en el conflicto.

Las guerrillas también quisieron durante muchos años ganar la guerra e imponer una justicia revolucionaria, una justicia de paredón, un sometimiento de las elites del país, de los militares, de esas fuerzas regionales que fungían como enemigas feroces de su pretensión victoriosa. Pero tuvieron que declinar el propósito porque la población, la mayoría de la población, no las acompañó en la aventura. Terminarán aceptando la oferta de paz y una fórmula de justicia concertada.

Pero aun en la mesa de conversaciones, aun en el inicio del conflictivo trámite del acuerdo, pensaron que podían aspirar a la amnistía general y al indulto, tal como había ocurrido en procesos anteriores de paz con las guerrillas. Tampoco había ambiente para esto en el país y tuvieron que aceptar la justicia transicional, concurrir a tribunales, confesar los delitos, aceptar penas alternativas y comprometerse solemnemente a la reparación de las víctimas y a la no repetición.

No han sido pocos los intentos por incluir a los sectores adversos en los acuerdos, muchas modificaciones a los textos de la justicia especial para la paz se hicieron para aliviar las diferencias. La exclusión de los expresidentes de la JEP se hizo para atender los reclamos de Uribe y Pastrana. Se impusieron una variedad de condiciones para establecer la cadena de mando militar en hechos delictivos relacionados con el conflicto, con el propósito de limar asperezas con estos sectores. Se desdibujaron hasta el cansancio los factores que obligaban a los terceros a concurrir a los tribunales con el fin de echar al suelo las prevenciones. Nada de esto ha servido. Ellos están en su punto. No dan el brazo a torcer.

El riesgo de que la justicia especial para la paz se convierta solo en una interminable jornada de confesiones, juicios, penas y peticiones de perdón de las guerrillas es muy grande. Los duros ataques a la justicia transicional lo que revelan es la falta de voluntad de las elites políticas más directamente involucradas en el conflicto, las que incurrieron en las mayores transgresiones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, para aceptar su responsabilidad y buscar una reconciliación que no les exige ni la cárcel ni el escarnio, sino la verdad y el compromiso de no volver a repetir los hechos.

¿MIEDO A LA VERDAD?

El uribismo ha iniciado su campaña con un frontal ataque a la Jurisdicción Especial para la Paz, el repentino monstruo con el que ahora pretende llenar de miedo el país.

El uribismo y sus secuaces alistan todas sus armas en torno a dos objetivos fundamentales que para ellos se tornaron de vida o muerte. Las elecciones presidenciales del año próximo y la revisión profunda de los Acuerdos de La Habana. Consiguiendo el primero dan por descontado el segundo, de allí que su campaña haya iniciado con un frontal ataque a la Jurisdicción Especial para la Paz, el repentino monstruo con el que ahora pretenden llenar de miedo el país.

Uribe la bautizó como Justicia Terrorista de las FAR, y el conjunto de sus correligionarios se refieren a ella anteponiéndole siempre algún adjetivo peyorativo, con el que de entrada pretenden mostrar su perversidad. Para justificar su dicho, recurren como es habitual en ellos a un atado de invenciones, la primera de las cuales apunta a señalarla como una creación de las Farc, que estas consiguieron imponerle a Santos en la Mesa de Conversaciones.

Uno de sus argumentos invoca el llamado Marco Jurídico para la Paz, acto legislativo promovido por el gobierno de Juan Manuel Santos en al año 2012, en el que de manera unilateral todo el oficialismo aprobó un modelo de Justicia Transicional al que deberían someterse las Farc, si es que querían que se firmara la paz y se les admitiera su reincorporación a la vida civil. Como no fue eso lo que sucedió, argumentan que hubo una imposición nuestra.

La realidad es muy distinta. Que el gobierno hubiera optado por expedir una reforma constitucional antes de comenzar las conversaciones, solo demuestra que aperó las bestias antes de comprarlas. No es culpa nuestra que lo hubiera hecho. Precisamente se trataba de iniciar un proceso de conversaciones para llegar a acuerdos que dejaran satisfechas a las dos partes. Ninguna podía imponer a la otra sus condiciones puesto que no la había vencido en la guerra.

El gobierno sí intentó hacerlo, claro. Porque se había creído el cuento de una insurgencia derrotada y dispuesta a firmar cualquier cosa que le pusieran al frente. Su idea era que tras los acercamientos iniciales que se realizarían de manera absolutamente secreta, las Farc aceptaríamos prácticamente nuestra rendición y nos someteríamos a su voluntad. La fase pública consistiría en la revelación e implementación de lo acordado en un breve plazo.

Los hechos no se correspondieron con esa aspiración. De la fase exploratoria surgieron la Agenda, la Mesa de Conversaciones y los procedimientos a emplear. Un acuerdo firmado ante garantes internacionales que comprometía seriamente a las partes a trabajar por un consenso que permitiera poner fin al conflicto armado. Eso fue lo que se hizo público en septiembre de 2012. Las decisiones unilaterales del Estado o la insurgencia quedaban descartadas.

Si en los temas de tierras, participación política y cultivos de uso ilícito hubo momentos de posiciones irreconciliables, que finalmente lograron superarse en aras del supremo bien de la paz, era de esperar que en el asunto de víctimas el choque fuera de enorme magnitud. El gobierno se negaba a aceptar que el Estado y sus agentes pudieran ser considerados victimarios, al tiempo que atribuía a las Farc los peores crímenes contra la población colombiana.

Se escucharon las delegaciones de las víctimas, se recibieron sus propuestas, se intentaron sin éxito múltiples caminos para llegar a un acuerdo. Hasta que se creó la subcomisión de expertos juristas en temas de derecho internacional humanitario, derecho penal internacional, derecho internacional de los derechos humanos y derecho penal colombiano. Fueron esos respetables estudiosos los que tejieron lo fundamental de la fórmula que finalmente se pactó.

Y que despertó el aplauso general no solo en Colombia sino en el plano internacional. A su firma asistieron a La Habana un elevado número de presidentes, el secretario general de la ONU y personalidades de todos los sectores, incluidas las víctimas. Por eso carece completamente de sentido lo de la imposición de las Farc. El gobierno alegó lo suyo, los militares y otros agentes estatales también. La guerrilla concilió hasta donde sus principios lo permitieron.

Y siempre se supo que había que adecuar el Acuerdo a los principios y normas del derecho internacional. Fue lo que se hizo. Con un propósito central, la satisfacción de los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. La Comisión Histórica de la Verdad del Conflicto, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de desaparecidos en el contexto del conflicto se unieron en un sistema integral.

Que garantizará a las víctimas, al país y el mundo que las verdades ocultas a lo largo del conflicto saldrán por fin a flote. Y que solo quien las admita podrá gozar de sus beneficios. Se entiende así el porqué del pánico de ciertos sectores con el Acuerdo, sus mentiras no van a servirles más, quedarán expuestos.

Fuente: REVISTA SEMANA / LAS 2 ORILLAS

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