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El tribunal electoral determinará si las 72 solicitudes de revocatoria del mandato inscritas en la Registraduría cumplen todos los requisitos legales. La recolección de firmas contra el alcalde de Bogotá se podría caer.

Desde cuando la Constitución del 91 les dio la posibilidad a los ciudadanos de revocar el mandato de sus gobernantes, han sido 166 los intentos por tumbar a alcaldes y gobernadores, pero ninguno ha prosperado. De ellos, sólo 50 llegaron a las urnas, donde fracasaron, y 116 ni siquiera superaron la etapa de recolección de firmas.

El pasado primero de enero, cuando los elegidos en octubre del 2015 cumplieron su primer año de gobierno, quedó habilitado el mecanismo de la revocatoria. Desde ese día hasta la fecha ya se han registrado 72 solicitudes de revocatoria. Contra Enrique Peñalosa, alcalde mayor de Bogotá, por ejemplo, se radicaron cuatro comités promoviendo la salida del mandatario distrital.

La avalancha de solicitudes de revocatoria en todo el país llevó al registrador nacional, Juan Carlos Galindo, a señalar que el 2017 podría ser un año electoral, en la medida en que algunas de estas revocatorias pudieran superar la etapa de recolección de firmas y llegar a la decisiva instancia de las urnas.

Sin embargo, tal expectativa se podría extinguir, en caso de llegar a prosperar una petición de la Federación Nacional de Municipios que cuestionó los procesos de revocatoria por considerar que en un año de administración los actuales burgomaestres no están en capacidad de cumplir los compromisos adquiridos durante la campaña política.

Tal petición pareció tener eco en el Consejo Nacional Electoral (CNE), que este lunes sorprendió con una comunicación dirigida a la Registraduría para que la autoridad electoral le informe los motivos por los cuales se pide revocar el mandato de al menos 60 mandatarios locales y gobernadores.

El CNE pidió todos los datos de los comités inscritos y aceptados y “las motivaciones que se presentaron para hacer cada una de las solicitudes”. Para el tribunal electoral se podría estar configurando un mal uso, por parte de algunos ciudadanos, de la figura de la revocatoria.

La decisión del CNE tiene como antecedente una carta de la Federación Nacional de Municipios, que, en días pasados, manifestó su indisposición frente al uso del mecanismo consagrado en la ley de participación ciudadana.

“La Federación Nacional de Municipios en su calidad de vocera de los intereses colectivos de los gobiernos locales se permite manifestarles varias inquietudes respecto al mecanismo de participación ciudadana de revocatoria de mandato (…) La vida municipal ha sido objeto en varias ocasiones de la creación de cargas y nuevas obligaciones sin tener igualmente fuentes de recursos muy limitadas frente a sus necesidades de desarrollo. Lastimosamente, la vida municipal ha sido objeto en varias ocasiones de la creación de cargas y nuevas obligaciones sin tener nuevas fuentes de recursos”, escribió Gilberto Toro, director ejecutivo de esa federación.

Por eso concluyen que un gobernante tiene más de la mitad de su gobierno en restricciones contractuales, mientras que la ciudadanía espera resultados casi inmediatos.

Y es ahí donde entra otra polémica, pues la Federación Nacional de Municipios alega que también habría intereses políticos detrás de algunos comités, por lo que la revocatoria se estaría convirtiendo en una “revancha” de quienes perdieron las elecciones en el 2015, o de enemigos políticos de los actuales mandatarios locales y regionales.

Lo que dice la ley

La revocatoria del mandato en Colombia está consagrada y reglamentada por la llamada Ley de Participación Ciudadana (Ley 1757 del 2015), que en el primer parágrafo del artículo sexto señala que “se podrán inscribir iniciativas para la revocatoria del mandato siempre que hayan transcurrido 12 meses contados a partir del momento de posesión del respectivo alcalde o gobernador y que no le falte menos de un año para la finalización del respectivo periodo constitucional”.

En el caso de Peñalosa, por ejemplo, se inscribieron cuatro comités cuando él apenas había cruzado la barrera de los primeros 365 días en el despacho principal del Palacio Liévano.

La ley agrega que para presentar una revocatoria de mandato se requiere del apoyo de un número de ciudadanos que hagan parte del censo electoral de su municipio de no menos del 30 % de los votos obtenidos en campaña.

Es decir, la votación con la cual Peñalosa ganó la Alcaldía de Bogotá fue de un poco más de 903.000 votos. En este caso, para que la iniciativa sea válida, cada uno de los comités promotores de la revocatoria contra Peñalosa deberá recolectar por lo menos 270.900 firmas. De acuerdo con esa misma ley, para que el plan de la revocatoria surta efecto, el número de sufragios debe superar el 40 por ciento de los votos válidos de la elección en la que ese gobernante ganó. En la contienda del 2015 para las elecciones de la capital, se recibieron en total 2.811.209 votos. Es decir, cerca de 1.120.000 votantes, aproximadamente, deberán participar y la mitad más uno deberán avalar la revocatoria.

Aparte del trámite y la recolección de firmas, la Ley 134 de 1994 señala que una revocatoria sólo se podría promover siempre y cuando los ciudadanos representados en los comités promotores aleguen que hay un incumplimiento del plan de gobierno del mandatario.

La voz de la ciudadanía

Alejandra Wilches, promotora del comité Unidos Revocamos a Peñalosa, asegura que hay una insatisfacción con el alcalde de Bogotá, inclusive desde cuando entregó el borrador de su programa de gobierno.

“Hay una insatisfacción ciudadana que muestra la percepción del manejo de Peñalosa como alcalde, pero entendemos que la revocatoria de Peñalosa mueve muchos negocios e intereses. Su plan de desarrollo, por ejemplo, es una clara muestra de esa insatisfacción. Desde cuando radicó su proyecto de gobierno al Consejo Territorial y al Consejo de Bogotá dejó claras muchas de sus posturas. Yo soy presidenta de uno de los sindicados de la ETB y, en esa venta, Peñalosa podría estar prevaricando, pues vulnera la Ley 226 de la Constitución”, dice Wilches.

El argumento central de la Federación Nacional de Municipios para frenar las revocatorias es que, en vista de los múltiples compromisos y jugarretas contractuales que existen para la ejecución de los contratos, un gobernante apenas tiene, en la práctica, dos años para adelantar su plan de gobierno. Es decir, un año no puede ser criterio para evaluar la gestión de un gobernante.

Mientras tanto, en ciudades como Bogotá, Neiva, Cartagena, Bucaramanga, Pereira, Barrancabermeja, o en departamentos como Quindío, se siguen recogiendo firmas en las calles para ‘tumbar’ a sus respectivos gobernantes. Las firmas se seguirán recogiendo hasta que los magistrados del CNE determinen si los procesos de revocatoria en realidad están ajustados a las exigencias de la ley.

En cualquier caso, la decisión del tribunal electoral de tomar por los cuernos el toro de la revocatoria, para muchos puede ser un salvavidas de aquellos alcaldes y gobernadores ‘amenazados’ por estas iniciativas ciudadanas.

Baja popularidad

En el último año, la desaprobación del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ha crecido 20 puntos porcentuales. El más reciente sondeo de la encuestadora Gallup, publicado esta semana, reveló que el 75 por ciento de los encuestados no le da el visto bueno a su desempeño.

El crecimiento del descontento ha sido tan notable que hoy sus números no están muy lejos de los de Nicolás Maduro en Venezuela, quien, según Datanálisis, cerró el año pasado con un rechazo del 78,5 por ciento.

Desde el primero de enero del 2016, cuando Peñalosa comenzó su segunda alcaldía, las encuestas no han estado de su lado. Empezó con una desaprobación del 55 por ciento y una aprobación del 35, “medición que reflejaba muy bien la porción de votos (33 por ciento) que le dio la victoria en unas elecciones reñidas con otros candidatos fuertes”, asegura Martín Orozco, gerente de Gallup. Pese a esto, su llegada al Palacio Liévano vino acompañada de la esperanza de que su imagen de gran gerente y conocedor del tema urbano, heredada de su primera alcaldía (1998-2000), era la respuesta correcta al mal momento de Bogotá después de tres administraciones de izquierda en las que hubo más escándalos que logros. ¿Qué pasa entonces con Peñalosa?

Mauricio Rodríguez, exembajador de Colombia en Londres, amigo personal y asesor de Peñalosa, afirma que “es comprensible que la gente esté impaciente y quiera ver resultados cuanto antes, pero al mismo tiempo debe haber conciencia de que problemas no resueltos y agravados por 12 años de malos gobiernos no pueden solucionarse en 12 meses. Ahora que la casa está en orden, el alcalde podrá empezar a ejecutar las obras que la ciudad necesita de cara a los próximos 20 o 30 años”.

Rodríguez, como varios expertos en mercadeo político, cree que la razón principal de la insatisfacción ciudadana está en el estilo de comunicación de Peñalosa y en los deslices retóricos que ha tenido en medio de debates claves para la ciudad, como el del metro o el de la urbanización de la reserva Van der Hammen.

“Ha entrado en confrontación con sectores ciudadanos que cuestionan sus proyectos. Y su manera de abordar las discusiones lo ha hecho ver como una persona más interesada en sacar adelante sus ideas que en recoger lo que los ciudadanos quieren y encontrar un punto intermedio”, anota Patricia Muñoz Yi, profesora de la especialización en opinión pública y mercadeo político de la Universidad Javeriana.

Para Liliana Gómez, experta en comunicación política de la Universidad Sergio Arboleda, parte del problema radica en que, “en un mundo dominado por las redes sociales y la necesidad de estar informados todo el tiempo, que alguien se niegue a conversar y a atender inquietudes en los medios es algo que no gusta. Por supuesto que él, como funcionario electo, tiene la potestad de decidir, pero cerrarse a oír lo que no va de acuerdo con sus intenciones lo hace ver distante y soberbio”.

Lo curioso es que en materias trascendentales como la seguridad, los indicadores son muy positivos (hay menos homicidios, menos robos de celulares y menos lesiones personales que hace un año). Y en otros campos también hay buenas noticias, como que el deprimido de la calle 94 está próximo a ser inaugurado o que ya están en marcha 30 proyectos de nuevos colegios. No obstante, Peñalosa no repunta.

“El alcalde no es el tipo de político que posa de simpático inaugurando o hablando de obras menores para ganar popularidad. Por encima de la percepción está la realidad, y Peñalosa no trabaja para los encuestadores, trabaja para los historiadores”, subraya Rodríguez.

Datos reveladores

Los registros del programa Bogotá Cómo Vamos dan pistas sobre los factores que han pesado para que su aprobación no llegue ni al 22 por ciento: hay una desconexión casi total con los niveles socioeconómicos bajos, donde su aceptación llega apenas al 14 por ciento, mientras que en los estratos medios es del 25 y en los altos, del 41. Y lo mismo sucede con los más jóvenes: tiene el 17 por ciento de aprobación entre los ciudadanos de 18 a 25 años, y el 19 por ciento entre los de 26 a 35 años.

“Sus índices más altos de aceptación están entre los 44 y los 55 años (27 por ciento) y los mayores de 55 (34 por ciento). Quizá son estas las personas que más latentes tienen los recuerdos de la primera administración del alcalde”, asegura Ómar Oróstegui, director de Bogotá, Cómo Vamos.

Oróstegui también indica que solo el 12 por ciento de los bogotanos consideran que en el último año ha mejorado el funcionamiento de TransMilenio, la obra más emblemática de Peñalosa. Y como los jóvenes son quienes más lo usan, es claro que este es uno de los grandes temas por atacar.

Al respecto, el concejal Manuel Sarmiento, del Polo Democrático, asegura que “desde su primer mandato, el alcalde ha insistido en que TransMilenio es igual o mejor que un metro, y esa idea no la compra la gente. Insiste en su plan de llevar el sistema a la carrera 7.ª, donde no solo no cabe, sino que es innecesario si se hace la primera línea del metro. Seguir insistiendo en que TransMilenio sea el eje articulador de la movilidad en la ciudad es tan equivocado como decir que es mejor un metro elevado que uno subterráneo”.

Mauricio Rodríguez atribuye buena parte de la percepción desfavorable de Peñalosa a que adversarios políticos como el exalcalde Gustavo Petro han erosionado su imagen con tergiversaciones y mentiras.

La profesora Muñoz reconoce que las equivocaciones son magnificadas por quienes no quieren al alcalde, pero anota que “esta es una práctica normal en la política (…) La realidad está demostrándole al alcalde que debe tener más precaución con los mensajes que envía: es natural que los errores comunicativos del segundo cargo más importante del país resuenen en todas partes”.

Claramente, la situación actual del alcalde mayor es poco halagadora. Pero igual de claro es que a Enrique Peñalosa todavía le queda por delante casi el mismo tiempo que duró su primera administración (tres años), en la cual fue capaz de cambiarle completamente la cara a una de las ciudades más grandes de América Latina.

¿‘Déjà vu’ del primer mandato?

Hace 18 años, cuando Enrique Peñalosa cumplió un año de su primera administración, su aprobación era incluso más baja que la de hoy. En la medición hecha por Gallup en febrero de 1999, la gente que no veía bien encaminada a la ciudad era el 77 por ciento.

A finales de ese año, cuando su gobierno empezó a dar los primeros resultados, la medición ya había descendido al 46 por ciento, y en los últimos días del 2000, cuando cerraba su mandato, el balance fue de 70 por ciento de aprobación y apenas 22 por ciento de rechazo. Metas como dejar el 30 por ciento del metro ejecutado, sanear las finanzas del SITP y recuperar la calidad de TransMilenio son las cartas que tiene esta alcaldía para repetir la historia.

DETENIDO

De manera sigilosa, ágil, en medio del silencio que servía de antesala para la intervención de Gloria Stella Díaz en el Cabildo Abierto sobre la venta de la ETB, Leonardo Puentes, uno de los líderes de “Revoquemos a Peñalosa”, subió al escenario y rapó el micrófono del presidente del Concejo de Bogotá, Horacio José Serpa.

“Buenos días, quiero decir…”, dijo el joven ante las miradas de sorpresa del presidente del Concejo, quien recuperó el micrófono, y de los concejales Andrés Forero, del Centro Democrático y Celio Nieves, del Polo Democrático.

Ante la impotencia de no terminar su intervención, intento tomar el micrófono de Armando Gómez Rayo, Secretario General del Concejo. “Mi coronel, por favor. Encargado de la seguridad aquí, por favor, urgente”, dijo el secretario que se levantó de la mesa y exigió la presencia de la Policía Nacional y personas de la logística.

Entre aplausos, rechiflas y gritos, Leonardo Puentes levantó sus manos pidiendo la palabra, pero rápidamente fue rodeado de agentes de la policía y personas presentes en el auditorio, entre ellos el concejal Celio Nieves, quien trató de calmar al joven, mientras Andrés Forero, del Centro Democrático, permaneció con los brazos cruzados.

“Señores agentes, una emergencia, juez”, seguía reclamando el secretario del Concejo molesto y casi asustado. “Gamines”, “irrespetuoso” eran las palabras de los asistentes al Cabildo Abierto mientras veían como los agentes de la policía bajaban al joven del recinto.

Leonardo Puentes, uno de los líderes de “Revoquemos a Peñalosa”, fue detenido minutos después por la Policía Nacional y es acusado de protagonizar desordenes en el cabildo abierto por la venta de ETB.

Inemdiatamente, se le impuso una orden de comparendo por el uso de la fuerza en este evento y entregado a sus padres.

Fuente: REVISTA SEMANA / DIARIO EL TIEMPO

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