Estas son las pruebas que llevaron al máximo tribunal a abrir investigación contra el expresidente por presunta manipulación de testigos. 

La acusación del expresidente Álvaro Uribe contra el senador Iván Cepeda por el supuesto montaje de falsos testigos resultó al contrario, según la decisión que acaba de proferir la Corte Suprema de Justicia. El expediente del que se desprende la sentencia tiene que ver con un fuerte pulso que desde hace años vienen librando el expresidente y el senador, cuya animadversión es mutua y profunda.

Todo empezó cuando Iván Cepeda, en septiembre de 2014, anunció un debate sobre el origen del paramilitarismo en Antioquia a mediados de los años noventa, es decir, por la época en que Uribe fue gobernador. En su exposición el senador de la izquierda presentó dos testimonios explosivos, el de Pablo Hernán Sierra García y el de Juan Monsalve Pineda, ambos presos y condenados por paramilitarismo y responsables de decenas de masacres.

Estos testigos aseguran que hicieron parte del bloque Metro y que esa estructura fue creada en la hacienda Guacharacas, de la familia Uribe Vélez, poco después de que el ELN asaltó la propiedad, quemó la casa principal y robó cerca de 600 reses. Específicamente, los testigos aseguran que tres parejas de hermanos fundaron ese grupo paramilitar: Álvaro Uribe Vélez y Santiago Uribe Vélez; Santiago Gallón Henao y Pedro Gallón Henao;  Luis Alberto Villegas Uribe y Juan Guillermo Villegas Uribe.

Durante el debate, el senador Cepeda dijo que ya había puesto en conocimiento de la Fiscalía las graves afirmaciones de esos testigos, pidió protección para ellos y concluyó que una de las cunas del paramilitarismo había sido la hacienda Guacharacas. Pero a su turno el senador Álvaro Uribe se defendió con vehemencia. Denunció que Cepeda había ido por las cárceles del país ofreciendo dádivas a cambio de conseguir falsos testimonios en su contra, les restó validez a los dos declarantes que lo salpicaban y puso sobre la mesa una nueva carta: dos contratestigos también en la cárcel por paramilitarismo. Ramiro Henao Aguilar, alias Simón, y Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda.

Estos aseguraban que Cepeda les habría ofrecido plata y salir del país con sus familias bajo el programa de testigos protegidos, a cambio de rendir declaraciones que enlodaran al expresidente Uribe. Dijeron que rechazaron la propuesta y aseguraron que como exparamilitares conocían a los dos testigos originales –es decir, a Sierra y Monsalve– y que estos mentían, pues Uribe nada tenía que ver con la creación del bloque Metro.

El debate de Cepeda y Uribe se comentó durante varias semanas y lo retomaron muchos columnistas de lado y lado. Sin embargo, aunque el tema luego desapareció de la discusión pública, no pasó así en los despachos judiciales. Uribe denunció a Cepeda por fabricar testigos tanto en la Procuraduría como en la Corte Suprema de Justicia, e incluso aportó las declaraciones de sus contratestigos antes de exponerlas en el Congreso. De ese modo los magistrados de la Sala Penal empezaron las indagaciones.

La corte llamó a declarar tanto a Uribe como a Cepeda en varias oportunidades, e hizo lo propio con todos los testigos en cuestión. En palabras del propio tribunal, se inició “una ardua y dispendiosa actividad probatoria, de oficio y a solicitud de las partes”, acompañada de varias “actuaciones reservadas” que incluyeron interceptaciones a los testigos así como seguimientos a varios personajes.

En sus descargos el senador Cepeda dijo que no había ido a las cárceles del país a buscar testigos, sino que las visitó durante un par de años como integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, para observar problemáticas como el hacinamiento, y que al respecto hizo debates de control político recopilando 270 testimonios de los internos. Explicó además que realizando ese trabajo muchos reclusos le presentaron graves denuncias de otra índole, que él trasladó a la Fiscalía.

Por su parte, Uribe insistió ante la corte que Cepeda era el jefe de un cartel de falsos testigos y señaló, concretamente, que este había visitado al recluso Juan Monsalve Pineda 21 veces para ‘libretearlo’ en contra de él.

Monsalve asegura que conoció los intríngulis del bloque Metro y de su origen en Guacharacas porque creció allí, ya que su padre, Óscar Monsalve Correa, administró la hacienda entre 1986 y 1996. Para desvirtuar esa afirmación la defensa del expresidente Uribe presentó a la corte una declaración escrita del antiguo administrador en la que este desmiente a su hijo pues asegura que nunca hubo un robo de ganado por parte del ELN. Y además niega haber visto en la hacienda alguna vez a Álvaro Uribe, dice que solo observó algunas veces a su hermano Santiago y a Juan Guillermo Villegas, cuando iban a pagarles a los trabajadores.

En concordancia con ese testimonio Álvaro Uribe le dijo a la corte que no había ido a Guacharacas desde que su padre murió asesinado allí en 1983 por la guerrilla. El expresidente argumentó que los testigos de Cepeda eran resentidos porque fueron capturados por su gobierno. Cuando la corte le preguntó qué relación tenía con los hermanos Villegas Uribe, el jefe del Centro Democrático dijo que los conocía desde la juventud y negó tener vínculos o negocios con ellos, así como con los hermanos Gallón Henao.

Finalmente, la defensa de Uribe insistió en que la corte oyera de viva voz al antiguo administrador de Guacharacas, para que ratificara su declaración escrita y les contara a los magistrados que Cepeda les había ofrecido plata a él y a toda su familia. El máximo tribunal accedió, pero al mismo tiempo adelantó otras investigaciones reservadas. Y ahí empezaron a surgir grandes sorpresas.

Las interceptaciones

Las interceptaciones telefónicas le fueron encomendadas a la Sala Esperanza de la Fiscalía General, un moderno laboratorio que es la joya de la corona del búnker operado por el CTI, entonces bajo la batuta de Danny Julián Quintana. Uno de los teléfonos interceptados fue el de Óscar Monsalve, el papá del acusador de Uribe, quien había desmentido a su hijo. Inicialmente el campesino se negó a atender el llamado de la corte. Decía que estaba lejos y que no tenía posibilidad de ir a declarar. Pero esas afirmaciones eran falsas. Por el monitoreo la corte estableció que en ese momento estaba en Bogotá, a pocas cuadras del Palacio de Justicia y no en las montañas de Antioquia como decía.

El temor que revelaba la voz de Monsalve hacía pensar que ciertamente estaba bajo amenaza. “Como resultado de las interceptaciones telefónicas ordenadas, se obtuvieron miles de llamadas, cuyo análisis, y el de los múltiples testimonios y documentos acopiados, ponen de presente una serie de intríngulis detrás de todo este asunto, lo cual, por supuesto no solo demandó tiempo importante, sino que tornó compleja la decisión que corresponde tomar en derecho”, dice la corte en el fallo.

Las escuchas de varios meses prueban que la familia Monsalve estaba en una encrucijada. El padre no quería declarar porque sentía que pondría en peligro a toda la familia, incluyendo a su hijo Óscar preso. Pero también temía meterse en un lío si no asistía al llamado de la corte. Finalmente –el 24 de marzo de 2015– Óscar Monsalve rindió declaración a través de videoconferencia desde el juzgado de Supía, Caldas. Y su teléfono, así como el de su hija, registró una atípica ráfaga de llamadas totalmente inusual para un campesino.  Según el informe del CTI a la corte “con la fatal casualidad de que el sistema NO permitió la escucha de las comunicaciones”.

Ese informe del CTI indica que Óscar Monsalve recibió 10 llamadas entre las 2:18 y las 2:40, es decir, en un lapso de apenas 20 minutos “lo que denota interés, o cuando menos una marcada urgencia del usuario del teléfono originador”. Pero dado que el sistema de interceptación falló, el contenido de esas conversaciones es un misterio. En la corte causó particular extrañeza  que el informe sí registró que la persona que llamó tenía una voz masculina. Para la corte era algo extraño que los técnicos del CTI no lograron escuchar el contenido de las conversaciones pero sí pudieron concluir que se trataba de un hombre. Con esa inquietud la corte empezó a investigar esa misteriosa línea telefónica y pronto estableció que “fue Juan Guillermo Villegas Uribe, quien con tanta insistencia quería comunicarse con Óscar luego de que este cumpliera su cita con la corte para rendir declaración”. Pero ese fue apenas el primer gran hallazgo.

El expediente muestra decenas de llamadas en las que se oye a Villegas dando instrucciones a miembros de la familia Monsalve. Hay también una interceptación en la que la hermana y el hermano de Juan Monsalve –detenido en La Picota– hablan sobre la declaración de este y la encrucijada de su papá: “Yo le dije a Ud. Laura y a mi papá que se quedaran callados, si les llegaban a preguntar alguna cosa se quedaran callados”. Y Laura Monsalve, con llanto desesperado responde: “Pero es que mi papá es un testigo clave Óscar (…) es que mi papá vio todo lo que Juan está diciendo, si es que mi papá era el encargado de la finca”. Para los investigadores la hija de Monsalve estaba diciendo que efectivamente en Guacharacas se había presentado un ataque de la guerrilla y un robo de ganado.

El antiguo administrador de la hacienda Guacharacas, en su declaración ante la corte, se mostró “nervioso y dubitativo”, dijo no saber de ninguna irregularidad y aseguró que “hacía mucho tiempo” no tenía ninguna comunicación con Juan Guillermo Villegas. Pero como ya se vio, eso resultó falso.
Las interceptaciones también dan cuenta de que hubo comunicación de Jorge Mario Gallón –familiar de los hermanos Gallón Henao, detenidos por narcotráfico– con el padre de Juan Monsalve. Pero extrañamente tampoco eso quedó grabado en la sala de interceptación.

Y hay también llamadas entre Juan Guillermo Villegas y el expresidente Álvaro Uribe. Sobre estas el fallo de la corte analiza que inicialmente fueron conversaciones cifradas para concretar encuentros personales y hablar sobre los testigos, mientras que después pasan a ser charlas deliberadamente expresas sobre los mismos temas, como si supieran que los estaban grabando. Por ello “la corte no puede concluir nada diferente a que tenían conocimiento de la intervención de las comunicaciones, como lo tuiteó el doctor Álvaro Uribe Vélez, en un trino del 23 de diciembre de 2015”.

Entre el 20 y el 21 octubre Álvaro Uribe y Juan Guillermo Villegas se cruzaron varias llamadas, les urgía encontrarse. Este es un aparte de una de las conversaciones en las que la corte consideró que se hablaba en clave:

AU: ¿Es que ha habido nuevas declaraciones o qué…?

JAV: No, no, no, eso son los últimos hechos, lo de anoche y lo de antenoche…

AU: ¿Sí? ¿Y cómo ves eso?

JGV: No, no, no, bien pues no, no, pues es que… hummm, ehhhhh, no bien hummm… con este pues que jode tanto.

AU: sí…

JGV: ¿Sí, es que hay mucha gente que quiere hacer lo mismo, ah?

AU: Yo lo llamo apenas llegue.

JGV: ¿Sí me entiende? ¿Sí?

AU: ¿quiere hacer lo mismo de lo que hizo ese tipo?

JGV: Si, con esa barba de chivo.

Esa conversación solo demuestra que los interlocutores temían estar interceptados. La corte encuentra extraño que Uribe, quien había negado cercanía con Villegas, tenga permanente comunicación con él por medio de teléfonos distintos al suyo particular. Esa prevención no sirvió de mucho porque la línea interceptada era la de Villegas. Pero lo aún más inquietante pasó después de la llamada trascrita. Uribe y Villegas coordinaron la hora y el sitio del encuentro en un lugar público de Medellín “siendo del caso realzar que una tercera persona, José Humberto Gómez Garro, también asistió”. Como la corte investigaba a Villegas se ordenó seguirlo y fue así como se pudo registrar el encuentro. Como en las películas, se tomaron fotos que dan cuenta del encuentro y también hay audios. Lo más complicado es que, tras varias pesquisas, se estableció que el tercer asistente a esa reunión, Gómez Garro, había visitado en la cárcel de Itagüí a alias Simón y a alias Castañeda, en varias ocasiones antes y después de que Uribe los presentara como contratestigos en el debate en el Congreso y ante la Corte Suprema de Justicia.

Dos meses después de esa reunión Uribe se enteró de que la Justicia la tenía documentada y así se lo dijo al propio Villegas telefónicamente: “Me están investigando a mí con usted y tienen interceptado el teléfono… O sea que esta llamada la están escuchando esos hijueputas (…) para que sepa yo por la mañana voy a hacer un escándalo en Twitter con esto sin mencionarlo a usted”.

Al respecto la corte dice: “Tal como se lo aseguró a Villegas Uribe, al día siguiente, esto es, el 23 de diciembre de 2015, el doctor Álvaro Uribe trinó en su cuenta de Twitter lo siguiente: ‘He recibido informaciones sobre interceptaciones y seguimientos de la justicia en mi contra, ya tengo pruebas de los días 21 y 22 de octubre”. El tribunal concluye que luego de que Uribe y su entorno se enteraron de la investigación y de que estaban interceptados empezaron a hablar de forma abierta para proyectar una realidad inexistente.

En el fallo la Corte Suprema toma muchas otras determinaciones, además de ordenar el archivo en favor de Iván Cepeda y la apertura de investigación al expresidente por presunta manipulación de testigos. Ordena también investigar qué ocurrió en la Sala de interceptación Esperanza de la Fiscalía por dos razones: 1) cómo se esfumaron algunas conversaciones clave y 2) establecer quién filtró la información reservada a Uribe.

Así mismo, imparte instrucciones para que el Inpec refuerce la seguridad de los presos testigos Juan Monsalve Pineda y Pablo Hernán Sierra, al mismo tiempo que ordena apertura de investigación por falso testimonio contra alias Simón y alias Castañeda, los contratestigos de Uribe.

Por otra parte, la corte ordena una inspección a todos los procesos en los que Monsalve y Sierra han rendido declaraciones, pues causa extrañeza que esos expedientes, luego de varios años, no tengan conclusiones. Uno de esos procesos está desde diciembre de 2014 en el despacho del cuestionado magistrado Gustavo Malo, sin que haya tenido avances. Al respecto la corte determina: “Se ordena rendir informe a la Sala acerca del estado en que se encuentra dicha actuación”.

Este sábado, el abogado Jaime Granados, que defiende los intereses del expresidente, envió un comunicado en el que asegura que no existen evidencias que demuestren que el expresidente Uribe realizó acciones para direccionar testimonios.

“Revisado el expediente, debo señalar que, contrario a lo que ahora, con fines electorales, pretende señalar el senador Iván Cepeda Castro, NO existe en el mismo ningún elemento que acredite, o si quiera sugiera, que el Presidente Álvaro Uribe Vélez haya realizado cualquier acto tendiente al direccionamiento de algún testimonio en contra del senador Iván Cepeda Castro. El país sabe quién es quién, conoce perfectamente el actuar transparente del presidente Uribe y también es conocedor de las actuaciones de Iván Cepeda Castro.

Para el abogado Granados, es respetable la decisión de la Corte de inhibirse de investigar a Cepeda, sin embargo, manifiesta que no la comparte ya que en su criterio existen suficientes medios de prueba que acreditan los hechos denunciados. “En los próximos días, el Presidente Álvaro Uribe Vélez interpondrá y sustentará recurso de reposición en contra de la mencionada providencia”.

Por su parte, el mandatario afirmó que ve un “ánimo persecutorio” en la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia. “Escribo esta nota con indignación y con dolor: la sala penal, ha dictado un auto inhibitorio en favor del senador Iván Cepeda a quien denuncié por manipular testigos en contra de miembros de mi familia y de mi persona”, dijo en un vídeo publicado en sus redes sociales.

 

“Pero, infortunadamente, para la Corte en este caso, y para la Fiscalía en otros, eso no es manipulación sino ‘protección humanitaria‘; descarada impunidad”, asegura Uribe. Además, agrega que “se han dado casos de personas que quieren declarar en nuestro favor y en la Fiscalía les preguntan si nos van a acusar”.

Finalmente, el hoy senador por el Centro Democrático pide a la Corte que publique las llamadas que le interceptó con el abogado para que la ciudadanía examine si cometió delito alguno y enseguida advierte que conservará su número telefónico, mientras sigue en busca de personas que le ayuden a esclarecer la verdad. “Pido a los colombianos presos, que conozcan manipulaciones del Senador, que se atrevan a denunciar”, dice no sin antes relacionar la decisión con la cercanía de las elecciones.

CORREOS

El miércoles pasado, el expresidente Álvaro Uribe usó una cadena de WhatsApp para poner a circular entre periodistas la foto de un comunicado de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna. El papel fue firmado y autenticado el martes 13 de febrero en el Federal Detention Center de Miami, donde también ha estado recluido, a la espera de su extradición a Colombia, el exministro Andrés Felipe Arias.

A diferencia de otros papeles de alias Don Berna, este comunicado está escrito con impecable ortografía y puntuación.

Allí Don Berna –o quien por él escribe– afirma: “Tuve ocasión de intercambiar algunos correos electrónicos con la señora Maria McFarland, quien estaba escribiendo el libro ‘Aquí no hay muertos’. En uno de los correos la escritora me pidió esclarecer un rumor acerca del accidente aéreo que tuvo el señor Pedro Juan Moreno y la relación del presidente (Uribe) con dicho accidente, es decir, si el presidente había tenido algo que ver con ello. Recuerdo haberle dado a entender a ella que no era mas que UN CHISME”.

La verdad es que el comunicado de Don Berna miente. Los múltiples correos, que intercambiaron el extraditado jefe paramilitar y la abogada e investigadora Maria McFarland en los años 2015, 2016 y 2017, demuestran, primero, que el tema de la muerte de Pedro Juan Moreno fue puesto por Don Berna y no por la escritora. Y, segundo, que en tres distintas comunicaciones el capo habló del supuesto asesinato de Moreno Villa como un hecho y no como un chisme.
La primera vez que Don Berna habló del asunto fue en un correo enviado el miércoles 28 de octubre de 2015 en respuesta a una pregunta de McFarland sobre el caso de Jesús María Valle.

La respuesta de Don Berna, que ustedes pueden ver completa en Semana.com, señala sobre Pedro Juan Moreno: “Fue muy cercano a las autodefensas y pidió el favor a Carlos castaño (sic) de asesinar al doctor Ovalle (sic) a raíz de estas denuncias lamentablemente eso fue lo que sucedió, posteriormente Moreno se distancia de Álvaro Uribe e inclusive empieza a hacer unos comentarios en cuanto a este, a raíz de esto Uribe manda asesinar a Pedro Juan, pero esta ya es otra historia”.

Catorce meses después en un correo fechado en diciembre 22 de 2016, Don Berna reitera la cercanía de Moreno Villa con los paramilitares y menciona explícitamente el presunto sabotaje al helicóptero en estos términos: “Sobre Pedro Juan Moreno, lo conocí personalmente ya que era un asiduo visitante de los campamentos de las Auto Defensas, concretamente de un sitio llamado 21 donde funcionaba el cuartel general de Carlos Castaño. El era uno de los consejeros de dicho comandante. La muerte de El fue producto de un saboteo al Elicoptero (sic) donde se movilizaba. Acción llebada (sic) a cabo por órdenes de Uribe”.

Ante la grave afirmación, Maria McFarland le pregunta al día siguiente, diciembre 23 de 2016: “¿Cómo sabe lo del saboteo del helicóptero y lo que dice de la orden del expresidente Uribe?”.

La respuesta llegó el 3 de enero de 2017. Alias Don Berna aseguró: “Hola Maria cordial saludo, en la ilegalidad se saben muchas cosas, pero como son ilegales no se pueden demostrar. es como cuando un policía te pide un soborno, jamás te dará un recibo”.

Antes de tres horas, Maria McFarland le envió otro e-mail: “Muchas gracias Sr. Murillo. Entiendo que quizás no se pueda demostrar, pero para mí sería importante entender cómo usted sabe este dato—conoció los hechos directamente, o más bien se enteró por otras personas? Gracias de nuevo por cualquier dato que pueda aportar”.

La respuesta a este correo no llegó. Lo claro es que Don Berna jamás le presentó a la investigadora estas afirmaciones como un rumor.
Dijo con todas las letras: “A raíz de esto Uribe manda asesinar a Pedro Juan”, “La muerte de él fue producto de un saboteo al Elicoptero (sic) donde se movilizaba. Acción llebada (sic) a cabo por órdenes de Uribe” y “en la ilegalidad se saben muchas cosas, pero como son ilegales no se pueden demostrar, es como cuando un policía te pide un soborno, jamás te dará un recibo”.

Ahora las preguntas son: ¿por qué Don Berna decidió cambiar la versión que sostuvo de estos hechos durante años y que, por cierto, compartió con otra persona además de Maria McFarland? y ¿quién es el hábil mensajero que tramitó y transmitió el comunicado con el cuál pretenden desvirtuar lo sostenido por Don Berna y otros tres delincuentes sobre la muerte de Pedro Juan Moreno?

AUDIOS

Blu Radio tiene en su poder decenas de horas de grabaciones que fueron ordenadas por la Corte Suprema de Justicia tras la denuncia entablada por el expresidente Álvaro Uribe contra el senador Iván Cepeda por, supuestamente, estar pagando testigos falsos para que lo vincularan con grupos paramilitares.

Se trata de una investigación de más de cinco años en la cual la Sala Penal comenzó a tener indicios de posibles falsedades dentro de las personas que habían sido señaladas por el expresidente como testigos en contra de Cepeda Castro.
El origen de este explosivo capítulo político y judicial se remonta al 11 de septiembre de 2011, cuando Iván Cepeda, entonces representante a la Cámara, entrevistó a los detenidos Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve Pineda, quienes habrían vinculado al expresidente Álvaro Uribe con delitos cometidos por los paramilitares mientras él fue gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997.
Uribe pidió investigar a Cepeda por calumnia agravada, fraude procesal y abuso de la función pública.
Pablo Hernán Sierra García es el exjefe paramilitar conocido con el alias de ‘Alberto Guerrero’, quien dijo ante la Fiscalía y en entrevista con el hoy senador Cepeda Castro, que Álvaro Uribe y su hermano Santiago habían sido los fundadores del bloque Metro de las Autodefensas, en San Roque, Antioquia.
Guerrero había indicado en agosto de 2012 que el Bloque Metrofue creado por Álvaro Uribe, Santiago Uribe, Santiago Gallón, Luis y Juan Guillermo Villegas.
El exparamilitar aseguró que la conformación de ese escuadrón de la muerte estuvo relacionada con el robo de 600 cabezas de ganado de la finca Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez, de acuerdo con el portal Verdad Abierta.
Guacharacas, según la misma publicación, habría sido la primera base del bloque Metro de las autodefensas.
Juan Guillermo Monsalve Pineda es el hijo de Oscar Antonio Monsalve Correa, administrador de la hacienda Guacharacas, que fue propiedad de la familia Uribe Vélez.
Monsalve admitió haber formado parte de las autodefensas y ratificó lo dicho por Guerrero, en el sentido de los presuntos nexos de Álvaro Uribe Vélez con las autodefensas mientras se desempeñó como gobernador de Antioquia.
En la sentencia en la que se abstiene de abrir investigación a Iván Cepeda y pide investigar si Álvaro Uribe cometió conductas delictivas, la Corte es tajante al revelar que dos de los testigos que el expresidente presentó ante los magistrados para demostrar una supuesta conspiración en su contra y contra su familia para difamarlo, mintieron en sus declaraciones. Se trata de Ramiro de Jesús Henao Aguilar y Gabriel Muñoz Ramírez.
Hay una parte no esclarecida de toda esta historia y tiene que ver con la Convivir El Cóndor, creada por la Gobernación de Antioquia, mientras su titular era Álvaro Uribe, cuyo representante era Luis Villegas, hermano de Juan Guillermo Villegas, dedicada entre otras cosas a prestar seguridad a los paramilitares mientras ellos robaban gasolina.
La Corte manda en la sentencia una carga de profundidad: “El fundamento de la denuncia parece reducirse a la molestia del doctor Álvaro Uribe Vélez porque precisamente alguien a quien ha llamado guerrillero, hiciera públicos los señalamientos criminales que Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve han reiterado”.
Juan Guillermo Villegas Uribe tiene un proceso por concierto para delinquir por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo, en compañía del caballista Santiago Gallón Henao.
En el documento que reveló la Corte Suprema, Juan Guillermo Monsalve, según la Corte Suprema, dirigió un documento escrito a la entonces fiscal general Viviane Morales el 10 de septiembre de 2011, en el que pone de presente que su familia ha recibido amenazas de muerte en Barbosa, Antioquia, y le han pedido que se retracte de lo que estaba diciendo Pablo Sierra o alias “Alberto Guerrero”.
“Advirtió que si algo le ocurría a él o a su familia hacía responsables a los señores Álvaro Uribe Vélez, su hermano Santiago Uribe Vélez, Santiago Gallón y Juan Guillermo Villegas”, según dice la sentencia de la Corte.
Además aseguró que “presenció reuniones entre Santiago Uribe y Santiago Gallón con alias Jota y que en 2002, ayudaron en la campaña presidencial de Álvaro Uribe. El bloque Metro puso los carros para sacar la gente de las veredas y ahí fue donde pintaron las paredes que decía: Álvaro Uribe AUC a la Presidencia”.
La Corte Suprema de Justicia concluyó que el efecto inmediato del artículo de El Espectador titulado “Cepeda entrega a la Fiscalía declaración que compromete a Uribe con paras”, publicada el 7 de septiembre de 2011, fueron las “continuas y reiteradas amenazas a Juan Guillermo Monsalve en los sitios de reclusión en donde ha estado”.
La Corte Suprema de Justicia le dio trascendencia a una conversación entre Oscar Monsalve, exmayordomo de la Hacienda Guacharacas y padre de Juan Guillermo Monsalve, con uno de sus hijos, hablando sobre la citación de la Corte Suprema para declarar…
La Corte revela tras esta conversación que Monsalve le mintió a la Corte pues dijo que estaba en Supía, Caldas, cuando en realidad estaba en Bogotá.
Adicionalmente hay un hecho muy curioso y es que el día que tuvo la declaración ante los magistrados, recibió cerca de diez llamadas de un mismo número telefónico, pero curiosamente, la plataforma esperanza no permitió grabar esas conversaciones.
Quien llamaba con tanto interés a Monsalve era Juan Guillermo Villegas Uribe, el mismo ganadero investigado por presuntos nexos con el paramilitarismo, quien según los testigos, entre ellos el hijo de Monsalve creó junto a Álvaro Uribe el Bloque Metro de las autodefensas y el hombre que habló con el mismo Uribe cuando el exmandatario dice que lo están interceptando.

En el documento hay otra interceptación que para la Corte demuestra que Juan Guillermo Villegas, el mismo que lo llamó con tanta insistencia el día que declaró ante la Corte sobre los nexos de Álvaro Uribe con las autodefensas, le da dinero a Oscar Monsalve y tiene absolutamente controlada y ubicada a su familia.

Hay otra conversación, unos días después de la declaración de Oscar Monsalve ante la Corte Suprema de Justicia, con uno de sus hijos, en la que le cuenta que lo llamó Jorge Mario Gallón, primo hermano de Santiago Gallón, uno de los mencionados como uno de los creadores del bloque Metro de las Autodefensas… Para la Corte es muy llamativo que varios de los investigados estuvieran tan pendientes de ese hombre.

La Corte luego lanza una nueva carga de profundidad… Revela que hay evidencias que demostrarían que Juan Guillermo Villegas Uribe, el ganadero mencionado como supuesto creador del bloque Metro de las Autodefensas con el expresidente Uribe y otras personas, dice la Corte “ha intervenido testigos para involucrar al doctor Iván Cepeda en la conformación de un supuesto cartel de falsos testigos, cuando lo que parece ocurrir es lo contrario”.

Para sustentar esa afirmación, la Corte revela una conversación entre Villegas y Oscar Monsalve, hermano de Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar que declaró contra él y contra el expresidente Uribe. Es sorprendente cómo Villegas le da órdenes a Monsalve sobre lo que tiene que decir y cómo hacerlo.Previo a la publicación de estos audios, el expresidente Uribe se había pronunciado en la noche de este sábado a través de su cuenta de Twitter por medio de un video en que se declaró  “indignado” por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no investigar a Iván Cepeda.

“Escribo esta nota con indignación y con dolor: La Corte Suprema de Justicia, en su sala penal, ha dictado un auto inhibitorio en favor del senador Iván Cepeda a quien denuncié por manipular testigos en contra de miembros de mi familia y de mi persona. A pesar de las pruebas aportadas la Corte decide inhibirse bajo el peregrino argumento que las actuaciones del senador Cepeda se enmarcan dentro de las funciones de una comisión de Derechos Humanos de la Cámara. Y ordenan investigarme porque supuestamente yo habría manipulado a los declarantes”, dice el senador del Centro Democrático al leer un comunicado que, en paralelo, también publicó la colectividad política.

¿PERSECUCIÓN?

El expresidente Álvaro Uribe dijo que con un “ánimo persecutorio”, la Corte Suprema abrió una investigación en contra suya por supuestamente manipular testigos contra el senador Iván Cepeda.

La noticia fue recibida por el senador del Centro Democrático con “indignación y dolor”, quien dijo que la Corte “nunca me ha escuchado”.

La decisión se da luego de que el tribunal concluyó una demanda que el exmandatario había hecho contra el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, alegando fraude procesal y calumnia, luego de que Cepeda, en 2014, presentara testimonios que vinculaban a Uribe con paramilitares.

El fallo del tribunal determinó que Cepeda no manipuló testigos y al hacer interceptaciones telefónicas, en el marco de esa investigación, decidió abrir un proceso en contra del exmandatario, pues sería él quien manejó testigos en contra de Cepeda.

Procedí de manera correcta, nunca he hablado con los declarantes, la Corte debería publicar las llamadas con el abogado, que me interceptó, para que la ciudadanía examine si cometí delito alguno.

De acuerdo con exmandatario, el día del debate de control político que Cepeda hacía en el 2014 contra él por nexos con paramilitares, un abogado “a quien no conocía” lo visitó y le dijo que “personas que estaban en la cárcel expresaban que el citado Senador les hacía ofrecimientos a cambio de dar testimonios en contra de mi hermano y de mi persona”.

La Corte encontró que las visitas que hizo Cepeda a los paramilitares en la cárcel, se hicieron en el marco de su labor como congresista u como miembro de la Comisión de Derechos Humanos y que eso “no está prohibido”.

De todas maneras Uribe afirmó que en su caso “no hay justicia sino ánimo persecutorio” y que “cuando se trata de infamias contra mi persona nada procede, ni siquiera investigan, pero este caso también lo enfrentaremos con determinación”.

Asimismo, su abogado, Jaime Granados, anunció que interpondrá un recurso de reposición para tumbar la decisión de la Sala Penal.

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Según Granados, las quejas y demandas contra Cepeda “no se fundamentaron en su posiciones o en actos de especulación, sino que fueron debidamente soportadas en pruebas documentales y testimoniales”.

Granados aseguró que “contrario a lo que ahora, con fines electorales, pretende señalar el senador Iván Cepeda, no existe en el mismo ningún elemento que acredite, o siquiera sugiera, que el presidente Álvaro Uribe haya realizado cualquier acto tendiente al direccionamiento de algún testimonio”.

El abogado insistió en que tiene pruebas de las “múltiples visitas del senador Cepeda a los internos, pagos a familiares de personas que han testificado en contra del presidente Uribe, propuestas directas e indirectas de Cepeda a internos a fin de involucrar al presidente y su hermano en actividades delictivas”.

Fuente: REVISTA SEMANA / BLURADIO / DIARIO EL TIEMPO

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