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A finales de marzo, fueron asesinadas cuatro personas en el caserío de Carrá, en Litoral de San Juan, al sur del Chocó. Según testimonios que recogió la Defensoría del Pueblo, los asesinatos habrían sido cometidos por el ELN como retaliación porque hacía 15 días, hombres de la banda criminal conocida como los Urabeños y rebautizada como Autodefensas Gaitanistas de Colombia habían pasado la noche en el caserío. “Nos sindicaron de ser auxiliadores”, contó un sobreviviente. Era literalmente una muerte anunciada.

Desde junio del 2014 hasta mediados de marzo del 2017, la Defensoría del Pueblo ha enviado 27 oficios al Gobierno, a las Fuerzas Armadas y a las autoridades locales para alertar sobre la avanzada de esta banda criminal en Chocó. Cada uno de los informes narra detalladamente los crímenes que están cometiendo y muestra cómo estos sucesores de los paramilitares están emprendiendo una estrategia de conquista de territorios que antes eran dominados por las Farc, específicamente del Frente 57 y están enfrentándose en una guerra contra el ELN. Hoy -ante la aparente pasividad del Gobierno, las Fuerzas Armadas, la Gobernación y las respectivas alcaldías- las AGG tiene intimidadas a las poblaciones de 15 de los 30 municipios del Chocó, incluyendo Quibdó.

En varios oficios, la Defensoría resalta que por muchos de los lugares por donde han avanzado las AGC hay puestos de control de la Armada y el Ejército o estaciones de Policía. A pesar de que comunicado tras otro, la Defensoría pide “medidas urgentes e inmediatas de protección para la comunidad”, también señala la falta de acciones contundentes para prevenir más riesgos y contener el avance de estos grupos.  Lo que sucedió en 1997 cuando entraron los paramilitares al Chocó se repite una vez más.

La Silla Pacífico leyó y resumió todos los oficios que muestran el paso a paso de la avanzada de los nuevos paramilitares en el Chocó tras la salida de las Farc:

Este mapa muestra cómo han avanzado las Autodefensas Gaitanistas en Chocó desde septiembre del 2015 según los reportes de la Defensoría del Pueblo. Para la Defensoría, las AGC vienen haciendo un proceso de ocupación sistemática, donde se han expandido desde sus zonas de control territorial en el sur de Unguía y la margen oriental del río Atrato, a las cuencas de la margen occidental como Domingodó, Truandó, Salaquí y Cacarica, con el objetivo de establecerse en el territorio y expandir su control hasta la zona de frontera con Panamá.

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3 de julio del 2014 – OFICIO dirigido a Mindefensa, Ejército Brigada 15, Armada, Policía de Urabá, Brigada 17, Mininterior, Unidad para las Víctimas

Entre el 26 y el 29 de abril se suspendió la luz y la señal del celular en Riosucio, al norte del Chocó, un municipio que limita con la región de Urabá. Eso ayudó a que se movilizaran entre 10 y 14 embarcaciones con capacidad para transportar 40 hombres cada una, desde Riosucio y Unguía, sobre el Río Atrato, hacia los ríos Salaquí y Truandó, afluentes del Atrato que atraviesan Chocó de Oriente a Occidente.

En total, se movilizaron unos 500 hombres. Durante este mes, además, hubo relevo en los mandos de las AGC lo que coincidió con la llegada de hombres armados desde el Eje Bananero, Córdoba y Barranquilla hasta Riosucio. Algunos se quedaron en el casco urbano y otros avanzaron por los ríos. La Defensoría dice que si bien hasta ahora no ha habido combates, se pudo establecer que las Farc, que dominan este territorio desde los años 80, están preparando acciones de contención.

Este avance se dio a pesar de que en la zona hay pirañas y estaciones de la Armada que hacen control sobre embarcaciones que transitan el río Atrato y la presencia del batallón selva 54 del Ejército y una estación de Policía en casco urbano de Riosucio.

La Defensoría documenta además otros movimientos de las AGC registrados desde Napipí en Bojayá y el municipio del Medio Baudó hacia costa Pacífica, donde se han presentado combates con el ELN en el sector del Alto Baudó. Desde 2012, las AGC o Urabeños han logrado ocupar territorios de la costa pacífica chocoana entre el Bajo Baudó hasta Juradó, al norte del Chocó.

La entrada a zona del río Truandó, por ahora en La Nueva y Domingodó, les permitirá a las AGC afianzar su presencia en Bajo Atrato.

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7 de septiembre de 2015 – OFICIO dirigido a Eislene Suárez, secretaria técnica del Comité intersectorial de Alertas Tempranas, CIAT, del Ministerio del Interior.

Desde el 4 de septiembre de 2015 se registra la entrada de unos 150 hombres de las AGC sobre el río Truandó desde los municipios de Nuquí y Bahía Solano hasta la cuenca media del río, que ha sido históricamente una zona de retaguardia del Frente 57 de las Farc donde regulan el corte de madera en esa zona. Los hombres de las AGC se han desplegado en la comunidad indígena Wounnan de Pichinche, han establecido retenes a lo largo del río, retuvieron a algunas personas de la comunidad y los convocaron a una reunión. En la zona hay presencia del ELN lo que eleva el riesgo de un posible enfrentamiento. La Defensoría pide acciones urgentes como una visita interinstitucional a la zona y más presencia y operativos de la Fuerza Pública para contrarrestar a estos grupos.

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16 de septiembre de 2015 – OFICIO dirigido a la Fiscalía de Riosucio

El 15 de septiembre, a las 10 de la mañana, dos cuerpos bajan flotando por el río Domingodó hasta esa población. Los habitantes de la vereda los amarran en la orilla y avisan a la Policía que, sin embargo, les dice que no tiene la capacidad técnica para hacer el levantamiento de los cadáveres. La Defensoría del Urabá pide a la Fiscalía de Riosucio que actúe con rapidez para levantarlos porque los cuerpos siguen ahí.

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17 de septiembre 2015 – OFICIO dirigido al Ciat del Ministerio del Interior

El director del Sat de la Defensoría pide al Ministerio del Interior que coordine una visita interinstitucional con presencia de la Unidad de Víctimas, el Ministerio y la Defensoría para verificar los hechos presentados entre el 7 y el 15 de septiembre del 2015 en la cuenca del río Truandó.

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13 de octubre del 2015 – OFICIO dirigido a MinDefensa, Mininterior, Ejército y Unidad de Víctimas

La visita de la Comisión realizada entre el 4 y el 8 de octubre del 2015 pudo corroborar en terreno cómo ha sido la entrada de las AGC y el ELN en la cuenca del río Truandó, una zona que hasta ahora era de dominio del Frente 57 de las Farc.

El 7 de septiembre las Autodefensas Gaitanistas citaron a líderes y autoridades indígenas y negras de la zona a una reunión en la comunidad de La Nueva donde estuvieron 50 miembros de las AGC uniformados y armados bajo el mando de alias El Mono. El comandante de las AGC le dijo a la comunidad que, por ahora, sus hombres no tenían intención de confrontar a las Farc y que les habían mandado mensajes de entendimiento que hasta ahora no había sido respondido. Aún así, aseguraron que de ahora en adelante la zona del río Truandó era territorio de las Autodefensas Gaitanistas, que tenían la intención de “ayudarle a las comunidades en lo que necesiten”, que iban a continuar hasta Domingodó y en la cuenca del Río Salaquí y que más adelante, iban a convocar reuniones con sus altos mandos. Ahí dejaron un grupo y otros se movieron a otras zonas.

El 9 de septiembre hubo combates entre las AGC y el ELN pero no hubo víctimas. Los combates se repitieron el 3 de octubre. Mientras tanto, el 30 de septiembre, las AGC le entregaron a una comisión humanitaria de la Defensoría, el CIRC de la Cruz Roja y Personería de Riosucio un joven de 17 años que al parecer era de las Farc y quien había sido retenido el 22 de septiembre en zona selvática de Riosucio en medio de combates entre el ELN, las Farc y las AGC.

Por estos hechos se han desplazado 59 familias de Las Pavas y 8 de la comunidad de Clavellinos pero quedan 35 familias en La Nueva y 38 familias en la comunidad indígena de Quiparadó. Además, la comunidad denuncia que ha habido reclutamientos forzados tanto del ELN (que se llevó durante una semana a 9 jóvenes de las comunidades indígenas) y las AGC se han llevado a 25 personas del casco urbano de Riosucio.

La comunidad dice que las AGC han impuesto restricciones a la movilidad entre las 6pm y las 6am y les ha prohibido entrar a zonas boscosas, cazar y acceder a sus cultivos de pancoger. Además, han puesto restricciones al consumo de pipetas de gas y de alimentos. De hecho, los mercados no pueden superar los 100 mil pesos.

La situación no es distinta ni en Cacarica ni en Domingodó. En el primero, el 7 de octubre hubo combates entre las AGC y las Farc que muestran que quieren entrar en esa zona. En Domingodó, las AGC ya hacen presencia en el sitio conocido como La Tortuga donde hay 14 familias.

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17 de octubre de 2015 – OFICIO dirigido al CIAT del Mininterior

A las 10 de la mañana, a plena luz del día, 5 embarcaciones (pangas y botes) con hombres armados de las AGC salieron de la cuenca del río Atrato e ingresaron a la cuenca del río Salaquí. A su paso, tumbaron árboles para impedir el paso por el río y se detuvieron en la comunidad de Guineo, donde se llevaron a un papá y un hijo posiblemente para que les sirvieran de guías hacia el sector de río Ciego por donde hay canales que comunican con el río Salaquí. Otros, unos 30 o 40 hombres se quedaron allí. Justo al frente de ese sitio, en el margen occidental del Río, está la estación de la Policía que realiza controles en la entrada y salida de la cuenca del río. La Defensoría dice que esta situación pone en riesgo a 10 mil familias.

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3 de diciembre de 2015 – OFICIO dirigido al Ciat de Mininterior

A pesar de que hubo una reunión a principios de noviembre entre la Defensoría, DDHH de Mininterior, la UNP, Ministerio de Defensa, y Acnur, y que se ha desplegado la Fuerza Pública en la zona, se mantiene el riesgo. El 29 de noviembre y el 1 de diciembre hubo nuevos combates entre las Farc (Frente 57) y las AGC que duraron más de seis horas en cercanías a la comunidad de Cocoarenal. La gente ha dicho que se va a desplazar y que no va a regresar. Hasta ahora han muerto combatientes de ambos grupos. También ha habido combates con la Policía y amenazas a líderes de la zona. Las AGC se siguen moviendo.

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18 de enero del 2016 – OFICIO dirigido a MinDefensa, MinInterior, Unidad de Víctimas y Gobernador de Chocó

Las AGC entran a los ríos Salaquí y Cacarica, donde amenazaron y torturaron a líderes de la comunidad a quienes señalaron de ser colaboradores de las Farc. Entre las víctimas hay un hombre desaparecido, retuvieron a una joven a quien amenazaron con un cuchillo entre sus piernas y un señor de 67 años.

También llegó un grupo de las AGC hasta las comunidades indígenas de Barranco, Yarumal u Unión Chamí a quienes obligaron a participar en una reunión. Les dijeron, nuevamente, que no se iban a meter con la población civil pero que no dijeran nada porque los estaban persiguiendo las autoridades. Advirtieron que avanzaron hasta la comunidad de Nuevo Antioquia en la cabecera del río Salaquí en la frontera con Panamá. Después, retuvieron a algunos indígenas y montaron retenes ilegales sobre el río.

El 15 de enero llegaron hasta Sautatá con intenciones aparentemente de entrar al consejo comunitario de Cacarica que limita con el parque natural de los Katíos. En otra vereda, Balsitas de la Coquera, dijeron que tenían una lista de colaboradores de la guerrilla y que van a avanzar hasta las zonas Humanitarias de Nueva Vida y Nueva Esperanza. Hay unas 667 familias confinadas en las veredas del río que no pueden salir a trabajar por miedo a nuevos combates y retenciones. La Defensoría solicita protección y atención urgente en el Bajo Atrato chocoano.

El 19 de enero las comunidades indígenas de Riosucio escribieron un COMUNICADO a la OPINIÓN pública donde relatan los hechos que han ocurrido hasta ahora y se preguntan “si el GOBIERNO no asume su responsabilidad de recoger o combatir a este grupo AGC, entonces ¿cuál es la esperanza de un acuerdo de paz que discuten en la Habana con la guerrilla de las FARC?”

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21 de enero de 2016 – OFICIO dirigido al Ciat de Mininterior, UNP, Alcalde de Riosucio, Policía de Urabá y Unidad de Víctimas

A pesar de que se han hecho alrededor de 8 solicitudes y advertencias desde el 7 de septiembre de 2015, no ha cambiado la situación en el Bajo Atrato. Las acciones han sido insuficientes, no se han implementado medidas para atender a la población víctima confinada en cuencas de los ríos Truandó y Salaquí, y no se han aplicado planes de prevención a pesar de la presencia de la Fuerza Pública.

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4 de febrero de 2016 – OFICIO dirigido Ciat del Mininterior

En la noche de hoy se conoció que un grupo de aproximadamente 60 hombres armados y vestidos de civil de las AGC llegaron en dos pangas y desembocan en vereda Pedeguita, a orillas del río Atrato al sur del municipio de Riosucio. Hay temor porque puedan avanzar a Domingodó, en el municipio de Carmen del Darién. Aunque el Ejército hizo presencia cinco días antes, ya se fue del lugar. La Defensoría pide medidas urgentes de protección.

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8 de abril del 2016 – OFICIO dirigido al Ejército, Policía, Unidad de Víctimas y Alcalde de Riosucio

Desde la 1 pm del 6 de abril se presentaron nuevos combates entre las AGC y las Farc en comunidad de Tamboral, sobre el río Salaquí, en Riosucio. Hay 37 familias confinadas y amenazadas tanto por las AGC como por las Farc. La Defensoría pide activar medidas urgentes de protección y garantizar acciones para proveer a las víctimas de alimentos y albergue. Además, piden que se coordine otra visita humanitaria.

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21 de abril de 2016 – OFICIO dirigido al CIAT de Mininterior

El 16 de abril las AGC entraron al consejo comunitario de Cacarica, específicamente a la comunidad de Teguerré e instalararon campamentos allí. Las Farc advierten que realizarán acciones armadas para combatirlos. Además, las AGC amenazaron a un líder de Cacarica de la Organización Cavida que ha denunciado la entrada de las AGC a la zona. Hay combates hasta hoy y se anuncia el ingreso de otros 500 hombres del ELN. La Defensoría pide acciones inmediatas y urgentes.

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2 de mayo de 2016 – OFICIO dirigido al CIAT de Mininterior

El 28 de abril fue asesinado un campesino de Salaquí en la comunidad de Playa Bonita al frente de 200 personas de la comunidad, entre ellas su mujer y sus hijos. Las AGC han instalado retenes sobre el río donde continúan informando que seguirán avanzando y que asesinarán a colaboradores de la guerrilla sobre todo en Domingodó, Salaquí y Truandó. El 29 de abril hubo combates en el consejo comunitario de Cacarica y se desplazaron 253 personas. La Defensoría pide activar rutas de atención e instalar albergues. Además, advierte que se prevé el fortalecimiento de las Farc y el ELN en la zona para contrarrestar la avanzada de las AGC.

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4 de mayo 2016 – OFICIO dirigido a Alta Consejera Presidencial de Derechos Humanos, Unidad de Víctimas, MinInterior, Alcalde de Riosucio y Gobernador de Chocó

La Defensoría tuvo conocimiento que AGC tienen previsto ingresar de nuevo hasta comunidad embera de Istela y desde allí avanzar por tierra hasta parte alta del río Truandó, donde buscan llegar a la comunidad indígena de Peñablanca, cerca a la frontera con Panamá. Eso supone la consolidación en un sitio estratégico camino a la cuenca del Pacífico, sobre los municipios de Juradó y Bahía Solano y los ríos Salaquí y Cacarica.

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28 de junio del 2016 – OFICIO dirigido a Mininterior

Desde el 10 de mayo hombres armados de las AGC entraron a comunidad de Balsitas la Coquera, sobre el río Cacarica, y les prohibieron a las comunidades comunicarse por teléfono. Al frente, en la comunidad de San José de Balsas hay presencia de guerrilleros pero no se sabe si son de las Farc o del ELN. Hay temor por nuevos combates.

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6 de julio 2016 – OFICIO dirigido a Mininterior

Las comunidades de los consejos comunitarios de Salaquí, Cacarica y Bocas de Taparal de Riosucio le piden a la Defensoría que interceda con el Ministerio del Interior para que se realice la reunión de seguimiento a la situación de violencia como se acordó el pasado 16 de febrero y que hace parte del Plan de Prevención para la región del Bajo Atrato.

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19 de agosto de 2016 – OFICIO dirigido al alcalde de Riosucio, Gobernador del Chocó, Unidad de Víctimas, Mininterior, Alta Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Ejército y Armada

El 11 de agosto AGC entraron a Balsitas la Coquera donde montaron campamentos y desde donde se han movido y han hecho reuniones forzadas con las comunidades aledañas de San José de Balsas y Bendito Bocachico. En algunas reuniones han señalado a gente de la comunidad de ser colaboradores de las Farc. Además, al parecer, han establecido un retén ilegal en la comunidad de Regadero desde donde retienen a los pobladores y hacen requisas. La comunidad denuncia incremento de hombres al parecer del ELN en esa misma zona. Teniendo en cuenta lo que ya ha ocurrido en Truandó y Salaquí, la Defensoría advierte que la situación podría repetirse en cuenca de Cacarica. Vuelve a pedir acciones inmediatas para evitar esta avanzada de las AGC.

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5 de septiembre de 2016 – OFICIO dirigido a la Fuerza Pública

El 4 de septiembre entran al consejo comunitario de Cacarica en Riosucio unos 100 hombres de las AGC desde el río Salaquí y Balsas. También hay presencia de hombres del ELN. Ese consejo comunitario está conformado por 23 comunidades (unas 3000 personas) y dos zonas humanitarias (Nueva Vida y Nueva Esperanza en Dios). La Defensoría pide a la Brigada XVII, al Batallón Fluvial No. 1, al Batallón de Selva no. 54 y a la Fuerza de Tarea Conjunta Titan realizar acciones urgentes para contrarrestar el avance de las AGC y del ELN. Esta misma información la envían a través de un OFICIo el 6 de septiembre a la Alcaldia Riosucio, Gobernador, UARIV, Mininterior, Paula Gaviria (alta consejera presidencial para los derechos Humanos) el Ejército, la Armada y el Personero municipal.

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12 de octubre del 2016 – OFICIO dirigido a UNP y Mininterior

La Defensoría llama la atención de la Unidad de Protección Nacional que se comprometió en una reunión intersectorial el 17 de febrero del 2016 de dar protección a líderes del Bajo Atrato. Aunque la UNP notificó en julio a varios líderes que iban a recibir subsidio de transporte por millón 800 mil pesos, MEDIOS de comunicación y chalecos pero para la fecha, hasta ahora esas ayudas no han llegado. La Defensoría insiste en que se de protección a los líderes de la zona y pone en conocimiento la situación de alto riesgo en la que se encuentran cuatro personas de consejos comunitarios sobre el río Cacarica.

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23 de diciembre de 2016 – OFICIO dirigido al CIAT de Mininterior

El 22 de diciembre entraron alrededor de 400 hombres de las AGC al territorio colectivo de Cacarica, en Riosucio Chocó. Avanzan hacia la zona humanitaria de Nueva Vida.

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30 de enero del 2017 – OFICIO dirigido al CIAT del Mininterior

Entre el 23 y el 27 de enero una comisión humanitaria de la Defensoría constató que las AGC están consolidando la presencia y el control social y territorial en Cacarica, un territorio que hasta ahora era del dominio de las Farc. Los integrantes de las AGC permanecen en varias comunidades haciendo uso de armas de corto y largo alcance, en ocasiones vestidos de civil. Dicen que ingresarán a las dos zonas humanitarias de Nueva Esperanza y Nueva Vida para asesinar a sus habitantes. Además, reiteran sus amenazas de que asesinaran a toda persona que se oponga a sus órdenes, las rechacen o informen a autoridades sobre ellas. Además, dicen que se van a quedar, lo que para la Defensoría eleva el riesgo de violencia sexual y el reclutamiento forzado.

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9 de febrero del 2017 – OFICIO dirigido a la Unidad de Víctimas, UNP, Consejera presidencial de Derechos Humanos, Mininterior, Armada, Gobernadora del Valle, Gobernador del Chocó, Alcalde de Buenaventura y Alcalde Litoral de San Juan

Entre enero y principios de febrero, hombres armados han desatado el riesgo de desplazamiento en Bajo Calima en Buenaventura y en el Bajo San Juan, municipio de Litoral del San Juan, al sur de Chocó. En este último, hay comunidades afros confinadas.

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Febrero 21 de 2017 – OFICIO dirigido al CIAT del Mininterior

La Defensoría alerta sobre una arremetida de las Autodefensas Gaitanistas y el ELN desde diciembre del 2016 y los primeros meses del 2017 que ya hacen presencia en 15 de los 30 municipios de Chocó. La presencia y actividad de estos actores aumentó sobre todo después del 31 de enero, cuando los Frentes 57, 34, 30, Aurelio Rodríguez y la columna móvil Libardo García de las Farc se comenzaron a movilizar desde las zonas de pre agrupamiento (en Istmina, Nóvita, San José del Palmar, Vigía del Fuerte, Murindó y Pogue, en Bojayá) hasta los campamentos de Vigía del Fuerte, en Antioquia y en Carmen del Darién en Chocó.

El 16 de diciembre, las AGC mataron a dos personas en las comunidades de Nabugá y Huaca en la costa de Bahía Solano, lo que causó el desplazamiento de 327 personas hacia el casco urbano. El Ejército llegó a la zona y las AGC se replegaron hacia los límites del municipio de Bojayá lo que causó otro desplazamiento, esta vez de 196 personas, en la comunidad indígena de Salinas.

Al mismo tiempo se conoció el avance de un grupo aproximado de 40 hombres de las AGC de Villanueva hasta el río Purricha, en el municipio del Bajo Baudó. La comunidad dice que su intención es llegar hasta la comunidad de Yucal en el río Panquíes, para cobrar venganza por la muerte de un cabecilla de las AGC al parecer en manos del ELN, cometido en agosto del 2016. Ese territorio fue minado. El Ejército hizo una detonación controlada.

El 27 de enero, un grupo de 15 hombres de las AGC entraron al consejo comunitario Los Riscales, en Nuquí, preguntando por personas señaladas de ser del ELN. No las encontraron y amenazaron a los que estaban allí. Por cuenta de esto, se desplazaron 14 familias de Jobí al casco urbano de Nuquí.

Mientras tanto, el Frente Cimarrón del ELN entró a los resguardos indígenas de Juradó y Nussipurru, antiguos territorios del Frente 57 de las Farc, para controlar una de las principales rutas del narcotráfico y de armas entre COLOMBIA y Centroamérica, según la Defensoría. El ELN le pidió apoyo a la comunidad pero como la gente no aceptó, los amenazaron. También están entrando milicias del ELN y de las AGC al casco urbano de Juradó donde ha habido enfrentamientos. Por ejemplo, el 11 de febrero, el ELN supuestamente mató a un presunto miembro de las AGC.

En la primera semana de febrero, los pobladores negros de Cocomacia alertaron sobre el avance de estructuras paramilitares de AGC desde la región del Bajo Atrato a Bahía Solano y Nuquí. También denunciaron presencia de miembros de esa estructura en cabeceras municipales de Vigía del Fuerte y Bellavista, en Bojayá, que habrían llegado para aprovechar el espacio que dejaron las Farc. En Bojayá hay riesgo también en el resguardo ríos Uva Pogue donde ya hubo un desplazamiento.

La Defensoría también alerta por la llegada de una comisión de las AGC desde el San Juan hasta los barrios periféricos de Quibdó. Esa entrada se facilita por la salida de las milicias de las FARC en el casco urbano de Quibdó.

De hecho, el 28 de enero se distribuyó por redes sociales un panfleto supuestamente de autoría del comando central de las AGC donde dicen que “están trabajando por lograr la tranquilidad en los sectores donde están operando las pandillas que tanto mal le hacen al pueblo quibdoseño”. Además, declaran el comienzo de un plan pistola y un plan de limpieza social a personas acusadas de cometer robos y extorsiones a quienes declaran objetivo militar. En Quibdó, durante el mes de enero, se desplazaron dentro de la misma ciudad 59 personas (9 familias).

La expansión de las AGC continuó en el municipio de Río Quito, sobre todo en los corregimientos de Villa Conto y San Isidro. Aunque ellos ya tenían presencia en Paimandó, la cabecera municipal, la Defensoría reporta la entrada de aproximadamente 200 hombres a esos corregimientos lo que “les permite controlar la explotación de MINERÍA ilegal”, dice el informe. Es más, la comunidad le dice a la Defensoría que el 15 de enero altos mandos de las AGC se reunieron con todos los mineros de la zona para definir los valores que les tenían que cancelar por la explotación de oro. El 18 de febrero, la Fuerza Pública realizó un operativo contra ese grupo en San Isidro que condujo a captura y muerte de unos de sus miembros.

Para la Defensoría, la entrada de las AGC es un riesgo porque este municipio es la puerta de entrada a la cuenca del Río Munguidó y a la subregión del Medio Atrato, que estuvo controlada hasta el mes de enero por el Frente 57 de las Farc.

En cambio, en Lloro, donde desde el 2015 ha hecho presencia el ELN, el 2 de febrero un grupo de aproximadamente 50 hombres de las AGC que portaban armas largas entraron en lancha a la comunidad de Cachindó en consejo comunitario de Cocomopoca. Llegaron a registrar todas las casas y pedir identificación de los habitantes al parecer porque estaban buscando a una persona de la familia Martínez. Como no la encontraron, asesinaron a uno de sus familiares, quemaron una retroexcavadora y algunos cilindros de gas y motores. Por ese hecho, se desplazaron 122 personas (34 familias) a la cabecera municipal.

El 12 de febrero en la vereda La Italia del municipio de San José de Palmar donde estaba preconcentrado el frente Aurelio Rodríguez de las Farc, al parecer el ELN asesinó a un agricultor de 30 años. Allí y en Nóvita, se han fortalecido los frentes Cacique Calarcá y Ernesto Guevara del ELN.

Al sur del departamento, en el municipio del Litoral de San Juan, se registra la presencia de las AGC, el ELN y La Empresa, que tiene presencia también en Buenaventura. Ha habido confinamientos de comunidades afro desde el 8 de enero. A partir del 30 de enero, se incrementaron los combates entre el Ejército y el ELN que ha causado al menos tres desplazamientos.

La salida de las Farc también permitió la llegada del Frente Ernesto Che Guevara del ELN a la subregión de Medio San Juan, mientras que las AGC avanzan hacia Medio Baudó por cuenca del río Suruco. Allí se enfrentaron ambos grupos el pasado 18 de febrero en Bocas de Suruco donde murió un combatiente. Por ahora no se han notificado confinamientos pero se sabe que las AGC han presionado para que las comunidades no denuncien.

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5 de marzo de 2017 – OFICIO dirigido al CIAT del Miniterior

A la fecha se registra una nueva incursión armada de las AGC en la comunidad negra de Peña Azul en el municipio de Alto Baudó donde también hay presencia del ELN. Ha habido combates hasta ayer lo que causó el desplazamiento de 167 personas de 8 comunidades. A la vez, en Medio Baudó, al parecer el ELN asesinó al dueño de unos botes que transportaron a miembros de las AGC entre Pie de Pató y Puerto Meluk. Esta situación tiene en grave riesgo a las comunidades de Alto y Medio Baudó, que no se pueden transportar por el río por los constantes enfrentamientos entre las AGC y el ELN.

25

7 de marzo del 2017 – OFICIO dirigido al CIAT de Mininterior

En horas de la mañana de hoy un grupo indeterminado de hombres de las AGC entraron a Domingodó con armas cortas y largas. En el lugar, ataron de pies y manos a cinco personas y enviaron amenazas contra otras cinco personas que no pudieron encontrar. La Defensoría se comunicó con los comandantes de la Fuerza Pública que llegaron al corregimiento a las 8:10 de la mañana. Hacia las 10, las AGC liberaron a las cinco personas que ahora se están escondiendo junto con otros que las Autodefensas Gaitanistas estaban buscando. La Alcaldía de Carmen del Darién le pidió a la Fuerza Pública se quede más allá del anochecer porque las AGC han dicho que van a volver.

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15 de marzo del 2017 – OFICIO dirigido a la UPN, Agencia Nacional de Tierras, Mininterior y Unidad para las Víctimas

El 10 de marzo miembros del Consejo Comunitario de Jiguamiandó en Carmen del Darién se enteran de que su representante legal, el presidente del consejo y 4 asesores hacen parte de una lista de personas que han sido declaradas objetivo militar por las AGC. Esta amenaza se da justo antes de la realización de la asamblea de elecciones y que puede afectar lo avanzado hasta ahora en el PROCESOde restitución de tierras. La gente se siente intimidada.

 

Fuente: LA SILLA VACÍA

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