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El fallo de la Corte Constitucional que limita el ‘fast track’ es manejable en lo jurídico, un gran riesgo en lo político y un golpe mortal para la confianza de las Farc en el proceso de paz.

Asolo dos semanas de que se produzca el desarme de 7.000 combatientes de las Farc, un fallo de la Corte Constitucional le ha inyectado una gran dosis de incertidumbre a los guerrilleros concentrados en 26 veredas del país. El miércoles pasado, el máximo tribunal resolvió una demanda contra el acto legislativo que creó el fast track y tumbó dos de sus artículos. El artículo ‘h’ que establecía que los proyectos solo podrían tener modificaciones con el aval previo del gobierno; y el ‘j’, que permitía que las leyes se votaran en bloque y no cada artículo.

A pesar de que el fallo creó un verdadero tsunami político, no es una hecatombe. En primer lugar, porque la corte mantiene vigente lo esencial del fast track, que es su carácter de mecanismo exprés para tramitar leyes y reformas a la Constitución que estén orientadas a garantizar el cumplimiento de los acuerdos de paz. En segundo lugar, porque está claro que el fallo no es retroactivo. Esto quiere decir que lo aprobado, aprobado está, y eso incluye leyes muy importantes para darles garantías a las Farc luego de su desarme. Entre ellas, la Ley de Amnistía, la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la ley para la reincorporación política de las Farc y el acto legislativo que blinda jurídicamente.

El uribismo, autor de la demanda, no quedó contento, pues quería, además, que todo el fast track quedara sin piso y afectar lo ya aprobado. Sin embargo, se apunta un gran triunfo político, pues por lo menos respecto a los dos artículos antes mencionados la corte le dio la razón al considerar que hay sustitución de la Carta Política. Para el alto tribunal si el fast track mengua la capacidad deliberativa del Congreso, podría estar afectando el equilibrio de poderes.

Este argumento tiene adeptos y detractores. Los adeptos, entre los que están los uribistas, la senadora Claudia López y algunos insignes juristas, consideran que ampliar el debate sobre temas tan sensibles como los que se abordan en los acuerdos de paz es sano para la democracia. Los detractores, entre los que se encuentran políticos como Roy Barreras o expertos como Rodrigo Uprimny, estiman que durante el fast track el debate ha sido una constante, que se han podido modificar los textos, y que en Colombia hay otras leyes como el presupuesto nacional, o los tratados de paz, que se aprueban bajo reglas similares sin que ello afecte la independencia del Legislativo.

Además del contenido, el fallo de la corte ha generado estupor en el gobierno por la manera como se produjo. En la sala, cinco magistrados votaron a favor de tumbar los artículos y tres en contra. Fueron definitivos el voto del magistrado recién elegido Carlos Bernal, apoyado masivamente por la coalición de la paz, y la actitud de Cristina Pardo, también primípara, que tuvo que declararse impedida pues como secretaria jurídica de la Presidencia participó en la redacción de las iniciativas que van al Congreso.

A pesar del impacto inicial del fallo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, han minimizado su impacto para la aprobación de los proyectos pendientes, como la ley estatutaria que reglamenta la JEP, la reforma política, el plan marco de implementación o la ley de tierras.

En la práctica, la decisión del Alto Tribunal enreda y demora los trámites, pero no necesariamente pone en riesgo lo pactado. Primero porque hasta ahora el gobierno conserva las mayorías en ambas Cámaras. Pero deberá emplearlas a fondo para evitar sorpresas. Y segundo, porque de todos modos la propia corte admite que las modificaciones deben guardar coherencia con el acuerdo de paz, y no pueden ir en su contra. Es decir, que nadie puede meter en una ley del fast track algo que revierta lo acordado.

Pero todos reconocen que el fallo sí tiene consecuencias graves en los tiempos. Los debates serán más largos y tortuosos e incluso algunos de ellos pueden empantanarse definitivamente. Un escenario probable es que el fast track se agote, en diciembre de este año, sin sacar adelante todas las iniciativas requeridas para que los acuerdos de paz se hagan realidad. En pocas palabras, se pasará del fast track al slow track. Esta pérdida de ritmo podría afectar toda la implementación del acuerdo de paz en temas tan sensibles como la dejación de armas, pues, hasta que no se aprueben iniciativas como la que reglamenta la JEP, los guerrilleros sienten que no tendrán suficientes garantías jurídicas para dejar las armas.

¿Una oportunidad?

Paradójicamente, en el terreno político el fallo de la corte trae consigo al mismo tiempo una oportunidad y un enorme riesgo. La oportunidad es ampliar y fortalecer el consenso sobre la paz. Cuando el acuerdo de La Habana quedó derrotado en las urnas el 2 de octubre del año pasado, estaba claro que había que construir un mayor consenso a su alrededor. Mucha gente salió a la calle espontáneamente a defenderlo, y, excepto el Centro Democrático, todos los partidos del país lo respaldaron.

Sin embargo, luego de firmado el segundo acuerdo en el Teatro Colón, y tras el visto bueno de la corte, no se volvió a hablar de un gran acuerdo por la paz, nadie volvió a salir a la calle y, en la práctica, el entusiasmo bajó completamente. La realidad es que las leyes que desarrollan el acuerdo de paz se han aprobado por inercia, con ausencias y aparente falta de interés de los propios congresistas que respaldan el acuerdo.

La decisión de la corte abre un nuevo escenario político. Por un lado le exige al gobierno mayor celeridad para presentar los proyectos de ley, pues hasta ahora no ha sido aprobada ni una cuarta parte de los necesarios para poner a andar la máquina de la implementación. Por el otro, porque debates como el de la ley de tierras han demostrado que el gobierno necesita activar mucho más el diálogo político con los congresistas y con la sociedad en general. Si hay una mayor deliberación y el gobierno garantiza las mayorías para aprobar las leyes, eso potencia la legitimidad del acuerdo de paz. Algo que comparten los partidos de la coalición que sacaron un comunicado para rodear el acuerdo, al que se sumó otro de Cambio Radical.

Lo que sigue en adelante es una prueba de fuego para el liderazgo del presidente, de sus ministros y del propio gobierno, que debe organizar su dinámica. No en vano las Farc dijeron el jueves que se necesitan más hechos y menos leyes. Ahora, el gobierno tendrá que lanzarse a esta tarea con una baja muy sensible. Hasta el viernes el ministro Juan Fernando Cristo se mantenía firme en la idea de renunciar la próxima semana a su cargo. Una decisión que puede tener gran impacto negativo para el proceso de paz.

El riesgo es que aunque el gobierno tenga margen de maniobra también pueda ocurrir exactamente lo contrario: que la oposición uribista tome las riendas del debate y convierta al Congreso en la arena para volver trizas la legitimidad del acuerdo, artículo por artículo. Los debates que vendrán, más prolongados, seguramente no llegarán a decisiones distintas –la aprobación de los proyectos–, pero sí se prestarán para debates incendiarios, incluso demagógicos, de muchos congresistas que, en tiempos de campaña, pensarán más en su elección que en el país. El gobierno tendrá que imponer su aplanadora bajo acusaciones de distribución de mermelada. Y todo, en conjunto, puede terminar afectando la imagen del proceso. El autor de la demanda, el senador Iván Duque, uno de los precandidatos del Centro Democrático a la Presidencia, sabe que su talón de Aquiles es su falta de reconocimiento en la opinión pública. Sin duda, aprovechará la arena del fast track para desplegar su faena electoral.

Asamblea permanente

Posiblemente el mayor impacto del fallo de la corte es que significa un golpe a la confianza de las Farc en medio del desarme, un momento crítico del proceso de paz. El 31 de mayo deberían reposar en los contenedores los 7.000 fusiles que tienen hoy los guerrilleros en las zonas, y ese día todos estos deberían estar protegidos por la amnistía o la suspensión de órdenes de captura. Ahora será difícil dar ese paso. La corte les ha dado una sorpresa con esa decisión y en las filas de la guerrilla temen que, una vez dejen las armas, el Alto Tribunal les dé otra sorpresa, por ejemplo, al tumbar partes esenciales de leyes como la de amnistía, la que crea la JEP o les da garantías políticas.

A diferencia del 2 de octubre, cuando ganó el No en el plebiscito, hoy el clima es de mayor incertidumbre. En muchos guerrilleros existe la percepción de que el gobierno no les está cumpliendo. Primero, porque no han cesado los asesinatos de líderes y de familiares suyos. Segundo, por las demoras en aplicar la amnistía. Tercero, porque si ha sido un proceso tortuoso construir unos campamentos temporales, no quieren imaginarse lo que será el cumplimiento de compromisos para la reincorporación.

Los miembros de las Farc nunca olvidan que el gobierno les garantizó que en el plebiscito ganaría el Sí. Pero perdió. Ahora les garantiza las mayorías en el Congreso. ¿Y si no funcionan? Por lo demás, no entienden por qué Santos ternó a dos magistrados cuyos votos para la paz están entre el silencio y lo impredecible. La explicación de que así funciona la separación de poderes en una democracia se queda corta para ellos, pues a su juicio han acordado el fin de la guerra con un Estado y no solo con el presidente.

El dilema de los jefes guerrilleros es que ya están montados en la dinámica de la política y aplazar la dejación de armas finalmente es un golpe a todo el proceso de paz. Ellos pagarían la más alta cuota en credibilidad. Pero no tienen claro cómo transmitirles confianza a sus tropas para que dejen las armas en un momento tan difícil. Existe el riesgo de que su gente se desgrane, y se reciclen en grupos disidentes o simplemente de delincuencia, en medio del desencanto con la promesa de la paz. Sería el comienzo de una nueva era de violencia. Esas son las consecuencias posibles e indeseadas que una decisión jurídica, como la que tomó la corte, puede llegar a tener.

Este es uno de esos momentos críticos en los que la historia toma nota sobre la grandeza de sus principales líderes. Los debates que siguen en el Congreso, con las nuevas reglas del juego definidas por la corte, medirán la calidad de la paz que podrá construir Colombia.

MIEDO

La mayoría de los sectores políticos colombianos, incluido el que gobierna Colombia, toma las decisiones basado en lo que podría pensar la oposición del expresidente Álvaro Uribe. Esto no solo ha llevado a un bloqueo en materia legislativa y de política pública, sino sobre todo a la toma de decisiones contradictorias que han puesto en jaque asuntos claves de la vida nacional, entre ellos, la implementación del proceso de paz que se firmó entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.

El presidente Juan Manuel Santos había tomado la decisión de liquidar políticamente al Centro Democrático, partido que agrupa a los seguidores del expresidente Uribe. Para ello creó un escenario en el cual la derrota se daba al tercer round. El primero, se produjo en las elecciones de 2014, en ese momento el candidato de Uribe fue derrotado en la segunda vuelta presidencial. El segundo, se desarrolló en 2015, en las elecciones locales y regionales. Allí el uribismo logró solo 56 alcaldías de las 1.122 que tiene el país, es decir, una derrota estruendosa.

El tercer round fue el 2 de octubre de 2016, es decir, el plebiscito por la paz. El presidente Santos quería asestarle el golpe definitivo al uribismo y mandarlo al baúl de los recuerdos. Sin embargo, una mala estrategia comunicativa, una desinformación inmensa, acompañada de la ausencia de pedagogía para la paz, llevaron a la derrota del Sí y con ello revivieron al uribismo. A un año de elecciones presidenciales la actual coalición de gobierno no sabe cómo tomar decisiones y su único cálculo es no molestar al uribismo para evitar confrontaciones públicas.

El expresidente Álvaro Uribe logró aglutinar alrededor de su proyecto político, a sectores radicales religiosos, que veían en los avances de minorías sexuales y derechos de la mujer una amenaza a sus principios de vida. El matrimonio entre parejas del mismo sexo, la posibilidad de la adopción para estas parejas, la equidad de género y hechos, como el nombramiento de dos ministras lesbianas durante la administración Santos provocó una reacción conservadora. Con la falacia de la ‘ideología de género’ que traería el proceso de paz, miles de miembros de iglesias protestantes y católicos votaron contra algo que no existía. Igualmente aglutinó elites locales, principalmente rurales, muchas de ellas ligadas a la ilegalidad, que se habían beneficiado del despojo de más de 7 millones de hectáreas cometido contra campesinos y que terminaron en manos de terceros, muchos de ellos políticos y ganaderos. Y también aglutinó sectores urbanos que detestaban a las FARC y no gustaban del proceso de paz.

Este acumulado político suma cerca de 6 millones de votantes, de los 18 que seguramente sufragarán en 2018. Una parte importante del pastel. El uribismo le apuesta al fracaso del proceso de paz, ya que será su bandera política. Mientras tanto el gobierno colombiano ha caído en el círculo vicioso, o la trampa que le han tendido. Muchas decisiones importantes y urgentes para la implementación del proceso de paz, no se toman por miedo a la reacción del uribismo, condenando, así al fracaso del proceso de paz y con ello contribuyendo a la victoria del Centro Democrático.

Tres ejemplos son importantes. El primero, es que el proceso de reincorporación de las FARC quedó mal negociado. A mandos medios de las FARC, que manejaron centenares de hombre y miles de millones de pesos, se les están ofreciendo cerca de 280 dólares mensuales por dos años y un proyecto productivo por 3.000 dólares por una sola vez. Algo absurdo para mandos que tuvieron mucho poder en épocas de conflicto. Las posibilidades de reincidencia son inmensas, y aunque los expertos lo han advertido y funcionarios del gobierno lo aceptan en privado, nadie toma una medida para corregir este error.

Igualmente el modelo de Justicia Transicional que se aprobó en el marco del proceso de paz, fue modificado. El uribismo y algunos partidos de la coalición de gobierno se aliaron para evitar que empresarios y políticos que patrocinaron crímenes de lesa humanidad en el marco del conflicto armado entraran al modelo de justicia y por ende quedaran en la impunidad. Los denominados terceros lograron la impunidad gracias a una jugada política realizada casi a medianoche en el Congreso de la República.

Pero tal vez el ejemplo más visible del miedo que gobierna a Colombia tiene que ver con la reforma agraria. De la propuesta inicial no queda ni el recuerdo. Nuevamente el empresariado rural, con algunos beneficiados por el despojo de tierras a pequeños campesinos, arrinconó al gobierno y lo obligó a modificar el proyecto de decreto. Además lo poco que se salvó, será enviado al Congreso, donde seguramente no se aprobará nada. La elite rural, de mayoría uribista, obligó al gobierno a convertir la reforma agraria en una gran frustración política.

RETRASO A DEJACIÓN DE ARMAS

La decisión parece inminente. Los retrasos en la construcción de las zonas, en el proceso de desarme y en las excarcelaciones, más la crisis provocada por los cambios del alto tribunal al trámite del Acuerdo Final en el Congreso, dejan sin razón el calendario de los 180 días. Por ahora, se necesitarían otros 90.

Incertidumbre. Esa es la sensación que ronda en las 26 zonas veredales y puntos transitorios de normalización donde se concentran cerca de 7.000 hombres y mujeres de las Farc desde los primeros días de febrero. De la ansiedad y la esperanza, con la que iniciaron la marcha final con mujeres embarazadas y niños en brazos, pasaron a la perplejidad y desconfianza que los invade hoy.

No es para menos. La implementación del Acuerdo Final, que les costó a Gobierno y Farc cinco años de sangre, sudor y lágrimas, de intensas negociaciones y renegociaciones, queda en el limbo por la decisión de la Corte Constitucional. Y, al final, queda la sensación de que la vieja premisa de la insurgencia es cierta: el Estado no cumple lo que promete, como ha sucedido en los últimos 200 años de procesos de paz incompletos y maltrechos.

Las voces desde el Gobierno intentan calmar los ánimos, pero la verdad es que los retrasos en el calendario venían acumulándose desde el 1 de diciembre, declarado como el día D, en el que debía empezar a correr el proceso de dejación de armas.

A pesar de los retrasos del Gobierno en la construcción de las zonas veredales y en las excarcelaciones de los guerrilleros, y de los retrasos de las Farc en la entrega de información sobre sus unidades, sus armas y depósitos de armas, las partes habían acordado que el próximo 31 de mayo, el famoso día D+180, se terminaría el registro y almacenamiento de las armas de uso personal de los efectivos de las Farc.

El acuerdo que se venía trabajando incluía el cambio de la figura jurídica de las zonas veredales y puntos transitorios, pues ya habrían cumplido el objeto para el cual fueron creados: la verificación del cese al fuego bilateral y definitivo y el proceso de dejación de armas. La intención del Gobierno y de las Farc era que las zonas continuaran existiendo con otra figura jurídica, que permitiera el inicio del proceso de reintegración de los excombatientes, con la puesta en marcha de los proyectos productivos.

Y se fijaría un plazo de tres meses para que Naciones Unidas culminara el proceso de destrucción de las 949 caletas que hay en diferentes zonas del país. Mientras tanto, las Farc podrían cumplir su deseo de salir, sin restricciones, a partir de junio, para hacer “pedagogía para la paz” —léase política—, con miras a lanzar su partido político en agosto.

En blanco y negro

Pero la realidad política de hoy echa por la borda estas intenciones. El balance del proceso de dejación de armas y de las zonas no es muy alentador:

Las Farc aseguran que ninguna de las 26 zonas está terminada, que la más adelantada es la de Colinas, en Guaviare, y apenas va por el 65 %. Las demás no llegan ni al 50 %. En Icononzo, Tolima, no hay un solo alojamiento en pie.

El Gobierno indica que a la fecha han terminado ocho zonas, que este fin de semana entregan otras 13 y que tres más se entregarían el siguiente fin de semana. Sólo dos quedarían pendientes de construcción. En cualquiera de los dos casos, las zonas no iban a quedar listas el 31 de mayo.

En cuanto al desarme, las cifras van así: la totalidad (no es público el número) de las armas de uso personal de las Farc fue registrada por Naciones Unidas. Sólo 1.000 están almacenadas en los contenedores dispuestos por este organismo internacional. Apenas 12 guerrilleros han recibido su certificado de dejación. Las demás armas están almacenadas en armerillos bajo la supervisión de las Farc.

En cuanto a las caletas o depósitos de armas, hay registradas 949 con las coordenadas que han entregado las Farc a Naciones Unidas. Sólo se han destruido o limpiado cuatro: una de armas y otras tres de explosivos.

Con la decisión de las Farc, de realizar asambleas permanentes en las zonas veredales, quedaron en el congelador varios procesos, como la entrega de certificaciones a 280 combatientes que debían empezar la capacitación con miras a integrar la Unidad Nacional de Protección y a otros 27 que debían incorporarse a los planes de desminado humanitario y sustitución de cultivos de uso ilícito.

El viernes en la noche, al cierre de esta edición, se llevaba a cabo una reunión en la Embajada de Noruega con la participación de miembros del secretariado de las Farc, delegados del Gobierno, encabezados por Sergio Jaramillo; el delegado de la ONU, Jean Arnault, y representantes de Noruega y Cuba. Allí se debía empezar a definir el futuro de este calendario, con la premisa de que el proceso no tiene reversa.

Hay varias propuestas entre el tintero para solucionar estos problemas inmediatos. Una es recalendarizar; es decir, modificar las fechas para alargar el proceso de desarme por lo menos otros 90 días. Así se terminaría la dejación de armas, se daría tiempo a que los jueces de ejecución de penas den trámite a las solicitudes de excarcelación que están pendientes y se culmina la definición de la situación jurídica de la tropa. Este es uno de los temas más sensibles para las Farc, además de la seguridad física, bastante afectada por recientes asesinatos de combatientes o de sus familiares.

Lo más fácil, al parecer, es cumplir con la dejación de armas. La ONU dice que tiene listos los contenedores y los observadores internacionales para recibir el armamento. En cuanto a las caletas, se propondría seguir el esquema de El Salvador, con el que los guerrilleros entregaron todas las armas en sus campamentos y después entregaron las coordenadas de los depósitos a la Fuerza Pública, que las destruyó paulatinamente. Esa sería una solución viable, teniendo en cuenta que, en el caso colombiano, las caletas están en sitios de difícil acceso. El proceso se haría con veeduría de las Naciones Unidas.

Varias cosas quedan pendientes: el inventario de los bienes, producto de la “economía de guerra”, que las Farc deben entregar a la Fiscalía, y el arranque de los proyectos productivos para los excombatientes, pero lo que más preocupa es el avance de la agenda legislativa para la implementación del acuerdo, que se haría más lenta e incierta con la decisión de la Corte. Lo cierto es que cada retraso, cada incumplimiento, termina por darle la razón a la disidencia de las Farc, que surgió ante la desconfianza de que el Estado cumpliera sus compromisos, como lo ha hecho históricamente.

Cronología de los 180 días que no fueron

Si el Acuerdo de Paz con las Farc se estuviera implementando como se planeó, el calendario dictaría que hoy es el día D+170 para que la guerrilla deje las armas y empiece la reincorporación de sus integrantes a la vida civil. Y así, el próximo miércoles 31 de mayo, cuando se hubiera llegado al día D+180, las zonas veredales y la dejación de armas habrían terminado

No obstante, los retrasos empezaron desde el 2 de octubre, cuando la mayoría de colombianos, a través del plebiscito por la paz, rechazaron los acuerdos firmados en La Habana. Ese día el cronograma se corrió súbitamente hasta el 24 de noviembre de 2016 cuando Timoleón Jiménez, máximo jefe las Farc, y Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, firmaron el acuerdo por segunda vez.

Luego pasaron seis días para que el Congreso lo refrendara y entonces el 1° de diciembre empezaron a contarse los días (D+1 hasta D+180), para que las Farc y el Gobierno comenzaran a implementar lo acordado.

Este era el calendario de dejación de armas

En el caso concreto de la dejación de las armas, del día D+7 al día D+30 (entre el 7 de diciembre de 2016 y el 5 de enero de 2017) las Farc tendrían que haber transportado las armas de acompañamiento a las zonas veredales. No obstante, a la fecha el Gobierno no tenía ni una sola zona veredal lista.

Al día D+60 (el 29 de enero de 2017), tendría que haber empezado la recolección de armamento en los contenedores a cargo de Naciones Unidas y en el D+90 (28 de febrero de 2017), el 30 % debió estar almacenado. Ahí, las partes ya venían en discusiones: el Gobierno no tenía listas las zonas veredales y las Farc no entregaban a los menores de edad que estaban aún en su filas.

Así se ha venido sorteando la implementación y con todos los inconvenientes el propósito era cumplir con el calendario a 31 de mayo de 2017. No obstante, el 29 de abril pasado, la guerrilla tendría que haber entregado el 40 % de las armas restantes y el Gobierno debió haber liberado a todos los presos por razones del conflicto. Pero esto no ha ocurrido.

ENEMIGOS DE LA PAZ

El abogado español Enrique Santiago, asesor de las Farc, dice que el fallo de la Corte Constitucional, que declaró inexequibles los límites a los congresistas para proponer ajustes a las leyes que desarrollan el acuerdo de paz, le da pie a la oposición para que torpedee lo pactado en La Habana.

¿Confía en que, pese al fallo, las mayorías del Gobierno en el Congreso aprueben sin retrasos graves las leyes de la paz?

Ojalá el Gobierno logre establecer sus mayorías, pero aunque eso ocurra, la declaratoria de inexequibilidad permite que se presenten modificaciones que no se van a ajustar al acuerdo final y que los debates se prolonguen eternamente. Va a ser mucho más sencillo que los enemigos de la paz los dilaten intencionadamente con el fin de agotar los seis meses del ‘fast track’.

¿Esto afectaría el cronograma de desarme?

Un acuerdo de paz está compuesto por obligaciones recíprocas. En la medida en que una de las partes no esté en condiciones de cumplirlas, retrasa la implementación del resto.

La Corte, al limitar las normas para la implementación rápida, habrá sido consciente de que provoca todo tipo de retrasos, entre esos la dejación de armas. Para las Farc, a las puertas de un año electoral, es un serio problema.

La Corte dijo que las disposiciones declaradas inconstitucionales violaban la división de poderes…

Discrepo doctrinalmente de eso. Hay casos que están regulados en la Constitución en los que al Congreso no le corresponde modificar, sino aprobar o improbar, como los tratados. En la práctica, la Corte ha permitido que el Congreso se inmiscuya en asuntos que la Carta reserva al Presidente.

¿Ve algo positivo en que la Corte haya declarado la inexequibilidad para que haya más deliberación?

No le veo nada positivo, porque no es verdad que no haya habido deliberación en el Congreso. Son más de 135 las modificaciones propuestas, teniendo en cuenta que, conforme al literal declarado inexequible, solo se podía debatir las avaladas por el Gobierno, en una votación.

¿Hay temor de que declaren inconstitucionales la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la amnistía?

Hay pánico, sería más que una catástrofe. Las Farc tienen mucha angustia. La Corte también ha declarado inexequible el decreto para su protección. Hay que ser muy valientes para dejar las armas, sabiendo que no se va a tener protección y no va ser posible la implementación rápida. Ya veremos que dice con la amnistía y la JEP.

Fuente: DIARIO EL TIEMPO / DIARIO EL ESPECTADOR / REVISTA SEMANA 

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