carlos

Hace pocos minutos, las denominada JEP acaba de dar un fuerte ultimátum al presidente de Colombia Iván Duque. En concreto, según los términos del comunicado, si en 40 días la denominada JEP no recibe las pruebas de Estados Unidos que involucran a Jesús Santrich, esta se abstendrá de iniciar proceso por extradición contra el terrorista.

Adicionalmente, la denominada JEP ordena que la “Oficina de Asuntos  Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, en un término máximo de 5 días, remita copia de la solicitud de asistencia judicial elevada por Estados Unidos dentro de la investigación adelantada contra Santritch y de los soportes o documentos mediante los cuales brindó autorización a dichas autoridades extranjeras para la práctica de diligencias en territorio nacional, incluidas las proferidas por los jueces de la República.”

A continuación, la totalidad del comunicado de la JEP que pone contra la pared al presidente de la República para firmar la extradición de Jesús Santrich:

Comunicado 92

JEP decreta pruebas en el caso de
                   Seuxis Paucias Hernández Solarte

La Sección de Revisión del Tribunal Especial
para la Paz adoptó varias decisiones respecto a la solicitud de la garantía de no
extradición presentada por Seuxis Paucias Hernández Solarte y decretó varias
pruebas.

En decisión mayoritaria, adoptada el pasado 23 de octubre, la Sección de
Revisión subrayó que las pruebas son el medio que garantiza una debida
motivación de la decisión judicial, evitan la arbitrariedad y, por ende, garantizan
el derecho al debido proceso probatorio.

La Sección consideró que sí está facultada para decretar pruebas y, por lo
tanto, haciendo uso de la excepción de inconstitucionalidad, inaplicó el inciso
primero del artículo 54 de la Ley 1922 de 2018 (Normas de procedimiento de la
JEP). Este inciso limita la labor de la Sección de Revisión a una simple
verificación del momento de ocurrencia de los hechos que motivan la solicitud
de extradición y le prohíbe decretar pruebas.

Según la Sección, ese inciso resulta contrario a los artículos transitorio 19 del
Acto Legislativo 01 de 2017 y 29 de la Constitución Política, pues estos le
otorgan potestades más amplias, como la competencia para “[evaluar] la
conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir
el procedimiento apropiado”.

La Sección resaltó que el artículo transitorio 19 constitucional establece que
cuando se “alegue” que el hecho por el cual se pide la extradición ocurrió luego
de la firma del Acuerdo Final de Paz le corresponde a la JEP evaluar la
conducta. Por ello, considera que es necesario conocer la prueba que
fundamenta esa alegación.

Por lo tanto, la Sección ordenó tener como pruebas, entre otras, los audios de
interceptación de comunicaciones recaudados en las investigaciones
realizadas en contra del señor Marlon Marín Marín, allegados por el Fiscal
General de la Nación en cumplimiento de los requerimientos realizados por
esta Sección. La Sección solicitó al Fiscal General de la Nación que en el
término de cinco (5) días, contado a partir de la notificación de la decisión,
aporte de manera legal los aludidos audios originales o, en su defecto, la copia
espejo, para lo cual debería adjuntar la orden impartida por el Fiscal Delegado
para la interceptación de comunicaciones, así como el acta o registro de las
audiencias de control de legalidad.

Además, la Sección de Revisión decidió, de oficio, solicitar, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, las evidencias que soportan el pedido de
extradición por parte de los Estados Unidos de América. Para los mismos
efectos, requirió a la Fiscalía General de la Nación para que por su conducto, y
haciendo uso de los canales diplomáticos o enlaces que tenga a su disposición,
realice las gestiones pertinentes.

La Sección señaló que si transcurrido un término razonable de cuarenta (40)
días, contado a partir de la comunicación de esa determinación al Ministerio de
Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación, no se hubiesen
aportado las evidencias, deberá continuar con el trámite de la garantía de no
extradición, con el fin de adoptar la decisión que corresponda con base en los
medios obrantes en el proceso.

Para proferir esta orden, la Sección de Revisión tuvo en cuenta que su labor es
novedosa en el trámite de extradiciones, pues el nuevo texto constitucional le
exige que en eventos en los que se “alegue” que la conducta se cometió luego
de la firma del Acuerdo Final, “evalúe la conducta”. Para esto, debe efectuarse
un estudio sobre las pruebas que sirvieron de soporte al pedido de extradición
del ciudadano Hernández Solarte, máxime cuando la decisión tendrá
implicaciones en la salvaguarda del proceso de paz, al verse comprometida su
aportación a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición, así como la
seguridad jurídica de solicitantes y comparecientes respecto a la voluntad
estatal de respetar cabalmente el Acuerdo Final, cuyo contenido implica
compromisos del Estado no solamente con las FARC-EP, sino frente a las
víctimas, la sociedad colombiana y la comunidad internacional.

La Sección también dispuso que la Oficina de Asuntos Internacionales de la
Fiscalía General de la Nación, en un término máximo de cinco (5) días
siguientes al recibo de la comunicación, le remita copia de la solicitud de
asistencia judicial elevada por los Estados Unidos de América dentro de la
investigación adelantada contra Hernández Solarte, por cuenta de los hechos
por los que está siendo requerido en extradición y de los soportes o
documentos mediante los cuales brindó autorización a dichas autoridades
extranjeras para la práctica de diligencias en territorio nacional, incluidas las
proferidas por los jueces de la República.

Salvamentos de voto

El auto fue votado positivamente por los magistrados Jesús Ángel Bobadilla,
Caterina Heyck y Adolfo Murillo. De la decisión se apartaron las magistradas
Claudia López y Gloria Amparo Rodríguez.

En su salvamento de voto, la magistrada López considera que la decisión
desconoció la autoridad judicial extranjera y los tratados internacionales sobre
cooperación judicial internacional, pues dudó de la legalidad del indictment
presentado por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de
Nueva York, al decretar pruebas tendientes a corroborar la situación fáctica
planteada y la eventual responsabilidad penal de Hernández Solarte, con lo
que abordó el fondo del asunto. Según la magistrada, esto último no tuvo en
cuenta la naturaleza de la extradición y lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 54 de la Ley 1922 de 2018.

Según la magistrada, controvertir el indictment invade la jurisdicción penal de
los Estados Unidos de América, pretendiendo así dar curso a un procedimiento
penal ordinario paralelo, impropio del trámite de extradición y de la garantía de
no extradición prevista en el Acto Legislativo 01 de 2017.

Y agrega que la garantía de no extradición es un procedimiento en el que la
Sección de Revisión puede ejercer sus facultades probatorias, pero, de
“manera limitada”. Por lo tanto, señala que las pruebas decretadas con esta
finalidad “son impertinentes, inconducentes e inútiles, por cuanto corresponden
a la dinámica de un proceso penal ordinario adversarial y no a un trámite de
extradición de origen continental europeo, como el que rige en Colombia”.

Por su parte, la magistrada Gloria Amparo Rodríguez se apartó parcialmente
de la decisión. Considera que no es preciso el objeto de la prueba -thema
probandum- de acuerdo con el artículo transitorio 19 del Acto Legislativo 01 de
2017 y no se empleó el estándar adecuado que se requiere para proceder a
evaluar la solicitud de garantía de no extradición. Además, señala que la
aplicación de la excepción de inconstitucionalidad a la totalidad del inciso 1° del
artículo 54 de la Ley 1922 de 2018 afectaría el principio de conservación del
derecho o de interpretación conforme a la Constitución Política.

Fuente: NODO