carlos

La idea no es del todo original. En Colombia cuando alguna institución no funciona y se resiste reiteradamente al cambio la solución es acabarla, liquidarla o revocarla. Hay muchos ejemplos: Ferrocarriles Nacionales, la Edis, el Seguro Social, la DNE, la Comisión Nacional de Televisión y por supuesto el Congreso de la República, que fue revocado en 1991 y casi revocado nuevamente en 2001.

Algunas veces este tipo de profilaxis institucional funciona bien. En este gobierno se acabó la DNE, el Seguro Social y la Comisión Nacional de Televisión y, salvo algunos políticos que se cebaban en ellas, a nadie le están haciendo falta. 

Otras veces la cirugía extractiva no es tan efectiva. Se liquidó Ferrocarriles Nacionales y ahora no tenemos ferrocarriles; ni buenos, ni malos ni regulares. Tenemos en cambio a Colfecar. Se liquidó la Edis y pasamos a un sistema de recolección privado que funcionaba y era legal. Ahora se monopolizó ilegalmente el servicio en cabeza de un operador público y los bogotanos estamos nadando en basura.

Y por supuesto tenemos el ejemplo del Congreso revocado de 1991, que es el mismo de 2001 y de 2011, el cual hasta los mismos parlamentarios reconocen que no es tan bueno como el de 1981 o 1971, que tampoco eran gran cosa.

Sin embargo confieso que me gusta la idea revocar las Cortes.

Los escándalos de los últimos años son simplemente demasiados. Los expedientes de paseo en el crucero caribeño, el carrusel de pensiones que se resiste a parar, el yo-te elijo-tu-me elijes, las 200 votaciones por el presidente del Consejo de Estado, el planeta de los simios en la reforma a la justicia, el sancocho procesal (Código de Procedimiento Civil, Ley 1395 y Código General del Proceso, todos vigentes al mismo tiempo), 78 días de paro judicial, la renuncia Henry Villariaga, el “Diablo de Purificación”, las deudas de Alberto Rojas Ríos con la viuda olvidada, los 61 permisos del magistrado Francisco José Ricaurte y ahora su hermano traqueto, el “usted no sabe quien soy yo” del hijo del Presidente de la Corte Suprema y ahora lo que faltaba, la denuncia penal a Pretelt y el contrato de Escobar Gil.

Con razón que en las últimas encuestas la justicia colombiana se pelea el campeonato de impopularidad nacional con Nicolás Maduro y con las FARC.

De todas formas la idea de revocar las Cortes, aunque atractiva, puede generar muchos más problemas de los que pretende resolver.  Para empezar las Cortes no se pueden revocar. Es decir no existe un procedimiento legal de revocatoria de la rama judicial, algo que sería exótico en un estado de derecho. Supone uno que la revocatoria sería vía referendo, que requiere de una ley, o sea tránsito por el congreso. Luego debe pasar por la validación de la Corte Constitucional, la cual difícilmente se auto suicidaría, en palabras del filósofo de Miraflores.

Lo otro es acceder a la petición de las FARC y de Uribe de convocar una asamblea constituyente. Barajar y repartir de nuevo los naipes institucionales puede que le atraiga a los polos antagónicos de la política colombiana pero generaría una profunda incertidumbre jurídica con serias consecuencias económicas.

En todo caso, el precedente sería nefasto. Dios nos libre, pero el día de mañana, de tener un presidente sin las credenciales democráticas de Juan Manuel Santos, el aprendiz de Chávez que llegue al poder tendrá la tentación de acabar con la independencia de la rama judicial, vía una revocatoria, para empaquetarla de sus esbirros.

Queda la reforma al equilibrio de poderes. Esta importantísima iniciativa ha sido criticada por quienes desean una solución maximalista al problema. Prefieren jalar el mantel. Sin embargo, la historia enseña que es mejor el cambio incremental, como el que plantea al acto legislativo promovido por el gobierno.

No es poca cosa acabar con todas las reelecciones; la de presidente, procurador, fiscal, registrador, contralor, etc.  Tampoco quitarle las funciones electorales a las Cortes, que como lo reiteran el comunicado de los magistrados de la constitucional supérstites, han sido la madre de todos los males.  Y derogar el Consejo Superior de la Judicatura y reemplazarlo por un administrador de la rama y por la colegiatura de abogados.

Son cambios sensatos y políticamente posibles. Quienes creen que es cambiar para que todo siga igual se equivocan. Más bien, cuando las cosas parecen que no cambian en realidad nunca vuelven a ser iguales. 

Fuente: LA SILLA VACIA