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Con un debate de control político y el comienzo del estudio de las objeciones presidenciales a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la controversia entre los defensores del acuerdo con las Farc y sus críticos se tomará nuevamente el Congreso desde hoy.

Pese a los resultados positivos que reporta el Gobierno sobre la implementación de lo acordado con la exguerrilla, el debate entre quienes defienden la integridad de lo pactado en La Habana y quienes quieren hacerle modificaciones a varios puntos no ha cesado en el Capitolio.

Hace dos años, en 2017, el debate se centró en el desarrollo normativo de lo acordado, durante el cual el uribismo se convirtió en el principal crítico del acuerdo de paz con las Farc.

Con el arribo a la Presidencia de Iván Duque, elegido a nombre del Centro Democrático, la controversial siguió y cada vez que el tema del acuerdo de paz es abordado en el Congreso, se viven verdaderas batallas verbales entre defensores y críticos del mismo.

Esta vez el enfrentamiento tendrá como escenario la Comisión Segunda del Senado, donde está citado para este martes un debate de control político en el que funcionarios del Gobierno deberán responder si la administración de Duque tiene una “política de paz” o de “regreso a la guerra”, como lo han planteado los senadores citantes de la sesión.

Parte de sus preocupaciones están en los recursos asignados a la implementación del acuerdo con las Farc en el Plan de Desarrollo, especialmente en lo relacionado con el llamado Plan Plurianual de Inversiones, el cual busca asegurar dinero para el posconflicto en los próximos veinte años.

Las razones

De acuerdo con el senador por el Polo Iván Cepeda, uno de los citantes del debate de control político previsto para hoy, el gobierno de Duque comenzó prometiendo implementar los acuerdos con algunas leves modificaciones, pero “ya va en una política de abierta agresividad contra el proceso de paz y contra el acuerdo que fue firmado” con las Farc.

“Se está desconociendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional y se está violando el acto legislativo 02 del 2017 que dice claramente que las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir, de buena fe, con lo establecido en el acuerdo final”, afirmó Cepeda.

Sin embargo, el Gobierno sostiene lo contrario y así se espera que se reitere hoy en el Congreso. El alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, explicó las objeciones a la JEP y reafirmó el compromiso del Gobierno.

“El pueblo colombiano no debe tener duda alguna de que el presidente Duque y su gobierno están comprometidos con el cumplimiento de la Constitución, la ley, las decisiones de las cortes y los tratados internacionales”, afirmó Ceballos.

Además del Alto Comisionado para la Paz, están citados al debate de control político de hoy la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; el ministro de Defensa, Guillermo Botero, y el canciller, Carlos Holmes Trujillo.

Las objeciones

El otro tema que cobrará vida esta semana en el Congreso son las objeciones que presentó el Gobierno a la justicia para la paz, en las cuales se ha dado un intenso debate jurídico y político.

Los reparos buscan hacer ajustes a la ley estatutaria de la JEP y al esquema de juzgamiento para los excombatientes, el cual ha sido razón de dura controversia en el Congreso.

Senado y Cámara ya designaron las comisiones accidentales que deben estudiar estos reparos y dar un informe a las plenarias sobre si las objeciones se deben aceptar –parcial o totalmente– o si se deben rechazar.

Por los lados del Senado, el senador conservador David Barguil, miembro de la comisión en esa corporación, le envió una carta al presidente Duque en la que le propuso hacer un “acuerdo de Estado” alrededor de las objeciones a la JEP, en el que estén los sectores defensores de lo pactado con las Farc y también sus críticos.

“Sentémonos todos con la única consigna de avanzar en esta cruzada por la paz con vocación de permanencia”, reza la misiva que Barguil le envió a Duque, de la cual, hasta el momento, no se conoce respuesta oficial.

Mientras que esta llega, los integrantes de la comisión accidental de Senado deben reunirse para estudiar las objeciones y elaborar el informe que enviarán a la plenaria de esa corporación.

En la misma instancia, pero en la Cámara de Representantes, las cartas parecen estar jugadas. Cinco de los siete integrantes que designó el presidente de esa corporación, Alejandro Chacón, se han manifestado abiertamente defensores del acuerdo y en contra de las discrepancias presidenciales a la justicia para la paz.

De hecho, el representante a la Cámara por la Coalición Lista de la Decencia David Racero, uno de los integrantes de esa comisión accidental, anunció que la decisión que tomarían estaría orientada a proteger la integridad del modelo de justicia transicional.

“Hasta el momento lo que acordamos es que los cinco que estamos con el proceso de paz vamos a presentar un informe señalando que el Congreso no tiene la competencia para tramitar estas objeciones”, ha dicho Racero.

En este sentido, el primer paso para estas comisiones será presentar sus informes a las respectivas corporaciones, algo para lo cual no tienen un plazo establecido, aunque la Corte Constitucional ha dicho que estos reparos deben estar evacuados en el Legislativo antes del próximo 20 de junio.

Lo cierto del caso es que el debate político alrededor del acuerdo de paz es una muestra más de la polarización tan grande que hay en el país alrededor del acuerdo de paz, la cual, al menos por lo visto en el Congreso, está lejos de desaparecer.

El alto consejero para el Posconflicto, Emilio José Archila, aseguró que la paz tiene varios componentes, y no solo el de justicia transicional, el cual es el que más debate ha tenido. Según dijo, el Gobierno ha venido cumpliendo con temas como las inversiones en las regiones, entre ellas 170 municipios priorizados afectados por el conflicto y la pobreza, además de que se han dado pasos importantes para avanzar “en la paz con legalidad”.

¿Cómo reciben las críticas de sectores sobre el manejo que les ha dado el Gobierno a los acuerdos de paz?

Se ha venido haciendo mucho. Pero yo puedo entender que, a veces, políticamente es mas rentable decir que no estamos haciendo nada, o que lo que estamos haciendo no es suficiente; sin embargo, si uno mira las cifras de lo que se ha hecho, se llega a una conclusión diferente.

¿La paz y el posconflicto son una prioridad para el Gobierno?

Hay que entender que esto tiene muchos frentes. Para la totalidad de esos frentes, lo que ha dicho el presidente Iván Duque es que es un presidente de palabra para quien la legalidad es muy importante. Hay unos frentes que le corresponden al Ejecutivo, y en eso hemos venido trabajando. Llevamos 8 meses demostrando la robustez y seriedad con la que estamos enfrentando esos retos. En ningún momento ha habido un paso atrás o un debilitamiento, lo que hay es un compromiso con ese tema y las metas para los próximos 4 años.

Usted dice que están haciendo la tarea. ¿Por qué cree entonces que para un sector de la opinión, no hay voluntad de paz ni de cumplir los acuerdos con las Farc?

Las personas que hacen esas críticas lo dicen según sus percepciones, pero no necesariamente según la realidad de la planeación que ha hecho el Gobierno y la realidad de lo que ya se ha conseguido. Los frentes de la política de paz son muy amplios, y esto va mas allá del cumplimiento de los acuerdos de paz con las Farc; pero, claro, también incluye su cumplimiento. Estamos trabajando en la reincorporación de los excombatientes, el desarrollo de los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, las reformas para promover el desarrollo agrario del país, la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, la reparación individual y colectiva de las víctimas, entre otros. Y, si uno mira la política del Presidente, lo que ve es una convicción para desarrollar una planeación a largo plazo de esos temas y un esfuerzo para que todas las entidades del Estado estén articuladas para sacar adelante cada frente.

¿Usted cree que al centrarse el foco del debate en la Jurisdicción Especial para la Paz y las objeciones presidenciales, esto haya afectado?

El tema de la justicia transicional es obviamente un componente muy importante. Pero, en este frente, una parte le corresponde al Congreso; otra, a las cortes; otra, al Ejecutivo y otra, a la misma JEP. Pero mire más allá de las objeciones; nosotros llegamos y yo manejé el presupuesto de la JEP transitoriamente los primeros tres meses, y por eso la JEP funciona hoy robustamente. Hay unas discusiones entre el Fiscal General y la JEP que a veces llaman la atención, pero no se puede olvidar que en Colombia, el Fiscal y la JEP hacen parte de la rama jurisdiccional y no del Ejecutivo. Hay otros temas menos faranduleros de los que poco se discute, pero que son muy importantes. Y le menciono solo dos: acabamos de obtener un crédito de 150 millones de dólares para el catastro multipropósito y hoy aprobaremos el Conpes que lo viabiliza; eso es más transformador que muchas otras decisiones porque es la puerta de entrada a la reforma rural integral.

Fuente: DIARIO EL TIEMPO