carlos

Una orden de libertad condicional para Jesús Santrich por firmar una nueva acta ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está descartada por ahora.

La Ley 1820, de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales, de la que sus abogados pretenden que se beneficie, no aplica al exjefe guerrillero porque esa ley es para otorgar libertad condicional y transitoria a los militares y guerrilleros presos por delitos cometidos antes del primero de diciembre del 2016 –cuando entró en vigencia el acuerdo de paz con las Farc– que se acogieran a la JEP.

Esto, siempre y cuando hubieran pagado ya al menos cinco años de prisión.

“Santrich está hoy detenido por un delito que supuestamente cometió después del primero de diciembre del 2016, de manera que no puede acogerse a esa ley”, le dijo a este diario una fuente de la JEP.

De hecho, esta jurisdicción está pendiente de la solicitud formal de extradición del exguerrillero para pronunciarse sobre la fecha en la que cometió el supuesto delito de conspirar para enviar cocaína a Estados Unidos, que le atribuyen.

Además, Santrich, como dirigente del partido Farc, ya había firmado en diciembre del 2017, con otros miembros de la exguerrilla, el acta en la que se comprometía a comparecer a la JEP. Ese fue un requisito para presentarse como candidatos al Congreso y ocupar así una de las curules otorgadas a la Farc, cinco en el Senado y cinco en la Cámara.

En otras palabras, la solicitud de la defensa de Santrich ante la JEP, para que se le permita firmar el acta que le daría libertad condicional y transitoria, es solo una jugada jurídica con muy poco chance de salir bien.

“Por si las moscas”

El clima político de la primera vuelta presidencial se tomó este martes el Capitolio e impidió que el proyecto de ley que fija el procedimiento de la justicia para la paz avanzara en su aprobación.

A cinco días de la elección presidencial, las comisiones primeras de Senado y Cámara decidieron aplazar la discusión y votación de la iniciativa, sin la cual la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) podría sufrir tropiezos.

Varios elementos influyeron en la decisión de posponer el debate. Pero en los corrillos de congresistas se escuchó a los legisladores hablar de la conveniencia de “esperar a ver qué pasa el próximo domingo”.

Algunos admitieron que sería bueno tener una orientación de los candidatos que pasen a segunda vuelta, sobre la suerte de esta ley que incidirá en el juzgamiento de los exguerrilleros.

El conservador Óscar Fernando Bravo fue puntual al respecto: “El aplazamiento de la sesión de hoy se debió a la proximidad de las elecciones. La gente no quería comprometerse”, aseguró.

“Hay responsabilidades que cumplir en los territorios para las elecciones del domingo”, dijo el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical.

La decisión de la JEP de suspender el proceso de extradición del excombatiente de las Farc Jesús Santrich también fue comentada con preocupación en la antesala del debate.

Incluso, los conservadores pidieron, en medio del debate de este martes, que antes de avanzar en la discusión de las normas de procedimiento para la JEP se escuche al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y al procurador Fernando Carrillo, quienes tampoco compartieron la decisión sobre Santrich.

Y, para completar la ecuación, el Centro Democrático abandonó el recinto luego de que el senador José Obdulio Gaviria dijo que este modelo de justicia estaba hecho “a la medida” de la exguerrilla. En otras palabras, este martes no era el día para aprobar los procedimientos de la JEP en el Congreso.

El aplazamiento de la votación del código de procedimiento de la justicia para la paz estuvo precedido este martes por un duro enfrentamiento entre los ponentes del proyecto en el Congreso y el equipo jurídico del partido político Farc, en el Ministerio del Interior.

Desacuerdos

El choque tuvo que ver con la diferencia de interpretación entre ambos sectores por los alcances de la JEP en materia de extradición de los excombatientes.

De acuerdo con el representante a la Cámara por ‘la U’ Hernán Penagos, uno de los ponentes del proyecto de ley, “las atribuciones” de esta jurisdicción en materia de extradición “solo se limitan a determinar la fecha de ocurrencia de los hechos, y cualquier decisión en materia de pruebas debe ir encaminada, exclusivamente, en eso”.

“Los señores abogados de las Farc lo que señalan es que la JEP puede evaluar, además de la fecha de ocurrencia de los hechos, la conducta y casi que el juicio de responsabilidad, lo que nos parece que desborda las atribuciones dadas”, explicó Penagos.

Se supo que ante esta posición, la respuesta de algunos miembros del equipo jurídico del partido político Farc fue que esa interpretación acabaría con el acuerdo de paz, ya que, a juicio de ellos, sería un “incumplimiento del Gobierno”.

Pese a esto, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, trató de calmar las aguas al afirmar que este tipo de diferencias de opinión siempre se han dado durante el trámite de las normas que han implementado el acuerdo de paz.

“El proceso de paz no está en riesgo. Nos parece, a juicio del Gobierno, que lo que está contenido en el artículo 19 del acto legislativo es claro en el sentido de que la competencia de la JEP, en materia de una solicitud de extradición, es establecer la fecha en la que se cometió la conducta”, dijo el ministro.

El Gobierno no acompañó el propósito de los ex-Farc.

Las comisiones primeras de Senado y Cámara fueron citadas el próximo lunes a las 3 de la tarde para seguir con el debate de este proyecto, el cual comenzó a luchar contra el poco tiempo que tiene para concluir su paso por el Congreso, en medio de un debate electoral intenso.El tema, por lo visto, se meterá en la campaña presidencial.

Ni siquiera la lasaña que les sirvieron a senadores y representantes a la Cámara de las comisiones primeras –sobre las 5 de la tarde de este martes– sirvió para que se mantuvieran en sus curules y votaran el proyecto que fija los procedimientos de la justicia para la paz.

Pese a que la mayoría de ellos cumplió con llegar a la sesión, la iniciativa no pudo ser debatida a profundidad ni votada, y las normas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendrán que esperar hasta el lunes.

Ahora, el problema para este proyecto de ley es que los tiempos que tiene para ser aprobado se comenzaron a estrechar tras el aplazamiento de este martes.

Luego de superar su primer debate en las comisiones primeras de Senado y Cámara, habrá que esperar ocho días para que pase a las plenarias de ambas corporaciones.

Aunque estas pueden sesionar de manera paralela para agilizar el trámite, lo que ha imperado en los últimos años es realizar un debate primero en una corporación y luego en la otra para darle al Gobierno margen de maniobra y poder impulsar los proyectos en ambas.

A esto se debe sumar la elaboración de la conciliación, en caso de tener que hacerla, y la votación de esta, todo antes del próximo 20 de junio, cuando terminan legalmente las sesiones ordinarias del Congreso.

Por esta premura de tiempos, al ministro del Interior, Guillermo Rivera, se lo vio este martes pensativo, calendario en mano, en los momentos en que se decidía si la sesión se aplazaba o no.

Fuente: DIARIO EL TIEMPO