La providencia fue remitida al procurador Regional de Risaralda con amplias facultades para subcomisionar y notificar personalmente la decisión a los disciplinados, en este caso a Álvaro Eduardo Salazar y a Víctor Manuel Tamayo a quien le habían aplicado una sanción disciplinaria de suspensión del ejercicio del cargo durante 10 meses, pero convertida en salarios devengados para la época de los hechos, es decir la suma de $86 millones 592 mil 240.
Fuente: DIARIO DEL OTÚN