Jairo Estrada, director académico del Centro de Pensamiento y Diálogo Político (CEPDIPO), responde a la ahora exministra Nancy Patricia Gutiérrez, quien sostuvo que el Acuerdo de Paz es “semifallido”. Según el analista, el Gobierno ‘simula’ estar implementando lo pactado en Cuba.

Para el académico, los mayores rezagos frente a lo que se pactó en La Habana (Cuba) abarcan garantías para la seguridad de excombatientes, la reforma rural integral y la apertura democrática derivada del Acuerdo de PazReferencia-Archivo EFE

No dejan de levantar ampolla las controversiales declaraciones de la ahora exministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien sostuvo que el Acuerdo de Paz alcanzado con la otrora guerrilla de las Farc es “semifallido”. Si bien son varios los políticos y defensores de lo pactado los que han rechazado lo dicho por la funcionaria, ahora es una institución académica la que controvierte su afirmación.

Se trata del Centro de Pensamiento y Diálogo Político (CEPDIPO), un organismo dedicado al estudio e investigación de asuntos socioeconómicos y políticos, que dispuso de un equipo para analizar con lupa y hacerle un corte de cuentas periódico a cada punto de lo acordado en La Habana (Cuba). Muestra de ello son al menos seis publicaciones que revisan el estado de la implementación y que han sido elaboradas de la mano del componente del movimiento político FARC de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI).

Jairo Estrada Álvarez, director académico del Centro de Pensamiento, califica como una falsedad que se hable de un Acuerdo “semifallido”, da cuenta de los rezagos frente a lo pactado y critica al Gobierno del presidente Iván Duque por ‘simular estar implementando’ el Acuerdo.

¿Sí se podría hablar de un Acuerdo de Paz “semifallido” como alega la exministra?

Esa es la visión de alguien que representa los propósitos e intereses de fuerzas políticas que no solamente se opusieron al proceso de diálogo y negociación, sino que también se opusieron al propio Acuerdo y ahora a su implementación. El argumento que da la exministra sobre un Acuerdo “semifallido” por incumplimientos de las Farc primero (como guerrilla), y luego de la FARC (como partido), es una absoluta falsedad.

Hay suficiente documentación que certifica que lo que concierne a las Farc, y luego a la FARC, se ha cumplido íntegramente. La única explicación que hay frente a una situación precaria en materia de implementación es la proveniente de los incumplimientos del gobierno de Iván Duque.

¿Qué evidencias tienen, como centro académico, para desvirtuar lo dicho por la exministra?

Lo primero que hay que hacer es una distinción entre los efectos políticos y culturales del Acuerdo, y su implementación propiamente dicha. En lo que se refiere puntualmente a la implementación, lo que estamos advirtiendo es una situación de precariedad, una tendencia que hemos definido como de consumación de la perfidia, que se fundamenta –en este gobierno–, en una simulación de la implementación. ¿Por qué?

Se le dice a la opinión pública que el Acuerdo se está implementando, cuando en sentido estricto, las medidas y acciones que toma el Gobierno o van en contravía de lo acordado, o tienen el propósito de producir una alteración y distorsión significativa de su sentido y sus alcances.

¿Cómo se expresa esa simulación de la implementación?

La tendencia a la simulación y la perfidia se evidencia de manera explícita en las elaboraciones del Plan Nacional de Desarrollo y sobre todo, en la desfinanciación del Acuerdo y la poca asignación de recursos por parte del Estado. En el seguimiento que nosotros estamos haciendo presenciamos un Acuerdo desfinanciado, al que no se le están girando los recursos acordados por las partes.

La discusión no es si el vaso está medio lleno o medio vacío, sino de cómo está el vaso: en una situación de precariedad crítica, y lo que se demanda es que el Gobierno cumpla con lo que fue pactado.

La exministra también alegaba que “las Farc no respondieron a quienes creyeron en ellas” y criticó a los disidentes que están en el narcotráfico. ¿Qué tanto daño le hace al proceso quienes decidieron retomar las armas?

Esa es la valoración de la exministra y la de los sectores que representa. A mi juicio, en este momento están en la búsqueda casi que desesperada de un nuevo enemigo sobre el cual puedan construir su política de seguridad.

Hay que señalar que el partido FARC no puede responder por actuaciones de quienes en su momento lo integraron. En ese sentido, uno no puede afirmar que esa sea una decisión que haya tomado el partido. Es una determinación que tomaron excomandantes guerrilleros y sus razones en su momento las dieron a conocer a la opinión pública.

¿Pero sí hay afectaciones al Acuerdo por el actuar de esas disidencias?

La organización sucesora de las Farc-EP, según el acuerdo político, es el partido FARC. Desde luego que para el proceso de construcción de la paz, la persistencia del conflicto y de organizaciones de carácter paramilitar constituye un factor que afectan las condiciones generales de la construcción de la paz y la implementación del Acuerdo.

¿Y qué efectos tiene para la implementación las dificultades internas que enfrenta la FARC?

Es un asunto que a mi juicio será tratado en la Asamblea Nacional de los Comunes que se adelantará en abril. Lo que se espera de una fuerza política es que tenga la madurez para resolver sus conflictos y diferencias, así haya distancias que se evidencian en numerosas declaraciones y pronunciamientos. Pero por encima de ello está el compromiso por la construcción de la paz y la continuidad del proceso de implementación.

¿Cuáles son los frentes del Acuerdo con mayor rezago?

En primer lugar, hay que señalar que no hay paz posible si no se garantiza la vida. El obstáculo inicial es la persistencia de estructuras criminales de contrainsurgencia que activan dispositivos para ejercer estructuralmente la violencia y de esa manera, evitar que los propósitos reformistas del Acuerdo puedan ser llevados a cabo. Entonces, la primera preocupación son las garantías de seguridad. Insisto, no hay paz posible mientras se maten y asesinen líderes sociales, así como excombatientes en proceso de reincorporación.

Segundo, la reforma rural integral, que está prácticamente estancada. Los asuntos gubernamentales de que habría un proceso de implementación por cuenta de los planes de desarrollo con enfoque territorial son falaces y en buena medida se sustentan en medias verdades.

En tercer lugar, estén pendientes las tareas relacionadas con la reforma política y la apertura democrática derivada del Acuerdo de Paz y ese es un aspecto clave, porque justamente lo que también ha hecho persistir la guerra en Colombia, además de la situación del campo colombiano, ha sido la exclusión política.

A eso habría que agregarle la pretensión de llevar al país, nuevamente, a una ya fracasada guerra contra las drogas. El Acuerdo de Paz contenía una solución inteligente, integral y juiciosa para abordar ese problema y específicamente en lo relacionado con la sustitución de cultivos de uso ilícito. Creemos que en esa materia, este gobierno está enterrando cualquier posibilidad de avanzar de manera significativa.

Con todo, hay que destacar que hay aspectos del Acuerdo que están abriendo nuevas expectativas para la sociedad, particularmente en lo que se refiere a los acercamientos de un entendimiento de una verdad histórica de las múltiples responsabilidades y los efectos que tuvo el conflicto sobre la sociedad. Me refiero a la labor adelantada por la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) y su Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, así como por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Sin embargo, en el caso de la JEP, hemos asistido a una serie de distorsiones de sus propósitos y objetivos, haciéndola parecer a una justicia ordinaria, y no una especial, como fue la concebida en La Habana para la terminación del conflicto.

Hablaba de fuerzas políticas que se han opuesto a la implementación, ¿qué tanto han influido en ese proceso?

Las fuerzas políticas son suficientemente evidentes: están lideradas por el Centro Democrático, se expresan en pretensiones y propósitos reiterados de impulsar contra formas que apuntan a deslegitimar, desvirtuar o alterar sustancialmente lo acordado. Eso es más que evidente y hay que decir que eso encuentra eco entre el propio Gobierno.

Algo que es importante señalar es que este Gobierno no se atreve a usar en ninguno de sus documentos o pronunciamientos públicos la expresión Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Lo único que escuchamos es la pretensión de hacer valer el Acuerdo de Paz conforme a la política de Paz con Legalidad que, a nuestro juicio, no es más que una simplificación grosera de lo que se acordó en La Habana.

Son esos contenidos en el Acuerdo los que están llamados a producir reformas básicas, aplazadas históricamente y que tienen como propósito generar mejores condiciones para la democratización política, económica, social y cultural de este país.

¿Cómo perciben desde el Centro de Pensamiento que se revivan las curules para las víctimas?

Es un exabrupto lo que ha ocurrido con todo este tortuoso camino de las curules para las víctimas. En su momento, hubo una maniobra que contó con el aval de sectores de la derecha, pero ya se ha ido decantando que las curules para las víctimas fueron aprobadas por el Congreso, pues se contó con la mayoría constitucional requerida para esos efectos.

Lo que se precisa en este momento no es otra cosa que se produzca la sanción presidencial, una vez se surta lo correspondiente con la Presidencia del Senado frente a ese acto legislativo, que permitirá que voces de hombres y mujeres que fueron victimizadas a lo largo de décadas de conflicto puedan tener su presencia en el Congreso y representar, como una forma de preparación, a los territorios y comunidades que los habitan.

Fuente: DIARIO EL ESPECTADOR