El 3 de mayo de 1994, cuando tenía 19 años, a plena luz del día mientras conversaban en una de las bancas del parque principal de Zarzal (Valle), Mónica Patricia García y una amiga fueron obligadas a subir a un Willys rojo por hombres armados y desde entonces no se sabe nada de ellas.
Era la época de mayor poder y terror del cartel del Norte del Valle y ninguna autoridad avanzó en el proceso investigativo. El hijo de Mónica, quien tan solo era un bebé cuando se las llevaron, dice que el mejor homenaje para su madre es seguir buscándola.
El nombre de Mónica García aparece en los registros de la Unidad de Víctimas junto a los 44.841 desaparecidos forzados –de los cuales 5.121 corresponden a mujeres y niñas– en los últimos 30 años. Medicina Legal tiene en sus cuentas a otras 12.000 niñas y mujeres más, reseñadas como “desaparecidas sin información”. Y el año pasado se documentaron, según el Registro Nacional de Desaparecidos, 162 nuevos casos de personas desaparecidas: cuatro de cada diez eran mujeres.
Estas cifras, que no alcanzan a retratar la realidad de este flagelo debido al subregistro, fueron presentadas ayer por la fundación Nydia Érika Bautista en el informe ‘Desapariciones forzadas de mujeres en Colombia’. El estudio documenta la historia de siete casos, con 30 víctimas, ocurridos entre 1985 y el 2005. Eran madres, hermanas e hijas a las que sus familiares nunca volvieron a ver.
En los registros de Medicina Legal aparece que la mayoría de las víctimas tenían entre 13 y 39 años. Por cada mujer víctima hubo 8 hombres desaparecidos.
Violencia de género
El documento de la Fundación cuenta cómo los episodios de tortura, cortes de cabello y violencia sexual estuvieron presentes en muchas de las historias de mujeres desaparecidas.
Uno de los capítulos está dedicado al caso de las 7 empleadas de la cafetería del Palacio de Justicia cuyo rastro hoy, 30 años después de los hechos, sigue perdido. “Los hechos narrados por testigos a familiares de las víctimas y los testimonios de exsuboficiales del Ejército, dieron cuenta de múltiples formas de violencia contra la mujer, como aislamientos, golpes, patadas, violencia verbal, asfixia, desnudez, choques eléctricos en áreas genitales y violación, cometidas en forma concomitante con su desaparición forzada y ejecución sumaria”, dice el informe.
Nydia Érika Bautista, quien hacía parte del M-19, fue desaparecida en 1997.
Una de las historias desgarradoras que cuenta el informe es el de Nancy Apráez, quien fue sacada de su vivienda, ubicada en un barrio de Popayán (Cauca), el 9 de diciembre de 1993. Ocho miembros de la entonces Unidad
Antiextorsión y Secuestro (Unase) allanaron su vivienda buscando a su esposo, a quien acusaban del secuestro de un ganadero. A Nancy se la llevaron con su bebé de 11 meses. Días después la asesinaron y la tiraron a un precipicio, por la vía que conduce a Pasto, y al pequeño lo abandonaron en las calles de la ciudad. El niño, encontrado por las autoridades, fue dado en adopción creyendo que la madre lo había abandonado.
Otro de los dolorosos casos que aparece en el libro es el de las cuatro hermanas Galárraga Meneses, de entre 13 y 19 años. Fueron desaparecidas el primero de enero del 2001 por paramilitares que las tachaban de guerrilleras, cuando vivían en La Dorada (Putumayo). Sus restos fueron encontrados en el 2010. Estaban semidesnudas, con signos de tortura y violencia sexual.
Fuente: DIARIO EL TIEMPO