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La Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) fue constituida como establecimiento público descentralizado distrital mediante el Acuerdo No. 72 de 1967 del Concejo de la ciudad.

Posteriormente, con la expedición de la Ley 142 de 1994, la ETB fue clasificada como empresa de servicio público domiciliario (ESP) y con el Acuerdo 21 de 1997 de iniciativa del alcalde de entonces Antanas Mockus, cambió su forma jurídica a la de una sociedad por acciones con totalidad de aportes oficiales, controlada por una junta directiva y un presidente.

Esta situación jurídica se mantuvo hasta el 17 de marzo de 2000 cuando, por decisión del  alcalde Peñalosa, se efectuó una venta del 11 por ciento de la propiedad accionaria y pasó a ser una empresa de servicios públicos mixta.

Sin la telefonía móvil

A mediados del mismo año se aprobó el ingreso a la nueva sociedad en calidad de accionista a la canadiense Bell Canadá International Inc. (BCI), que adquirió una participación del 50,8 por ciento, mientras que la de la ETB se reducía al 31,6 por ciento. BCI fue el accionista mayoritario y operador de Comcel hasta diciembre de 2000, cuando transfirió su participación en Comcel y Occel a la empresa Telecom Américas Limited.La Ley 37 de 1993 reguló el servicio de telefonía móvil, ya que la telefonía fija comenzaba a declinar en ese momento y de la nueva tecnología de punta el sector público no podía estar ausente. Para concretar dicho propósito, se constituyó la sociedad colombiana de telefonía celular Comcel S.A., con un capital suscrito y pagado de 100 millones de pesos, de los que la ETB aportó 57,9 millones, con lo cual controlaba la nueva empresa con una participación del 57,9 por ciento.

La ETB se quedó solamente con la telefonía fija y la televisión por suscripción

Durante la primera alcaldía de Antanas Mockus, Sergio Regueros fue nombrado gerente general de la ETB con la misión de vender la empresa. Regueros no se preocupó por mantener o aumentar la participación accionaria de la ETB en Comcel pero sí por suscribir costosos contratos de interconexión con la competencia directa, Comcel y Celumóvil, que posteriormente serían un dolor de cabeza para la empresa distrital (hasta hoy Comcel-Claro se ha negado a pagarle al Distrito una suma que llega a los 300 mil millones de pesos). Regueros fue ratificado en su cargo cuando llegó a la Alcaldía Enrique Peñalosa y continuó con el proceso de venta de la ETB.

Desde el primer momento, BCI capitalizó a Comcel, mientras que las empresas públicas no lo hicieron, lo que disminuyó su participación accionaria. En noviembre de 2000, BCI se asoció con América Móvil de México Limited del magnate Carlos Slim.  Para ese momento su participación en Comcel era ya del 77,92 por ciento.

Para finales del 2001, la participación de la ETB en Comcel solo era del 13,75 por ciento y esta fue “vendida” a América Móvil el 25 de enero de 2002 por su presidente, Paulo Orozco, sin ningún tipo de estudio técnico, control político o ciudadano, y con todo el apoyo del alcalde Antanas Mockus quien presidía la Junta Directiva.

Perdió la ciudad

El 18 de septiembre de 1998, la junta directiva de la ETB, presidida por el alcalde Peñalosa, autorizó la suscripción del contrato No. 98014015 entre la ETB y el consorcio Dresdner Kleinwort Benson North American LLC, Booz Allen & Hamilton de Colombia ltda, White & Case LLp y Bejarano, Cárdenas, Ospina & Asociados, por un valor de 2 millones de dólares con el objetivo de efectuar el diseño del programa de enajenación y adelantar su ejecución.

Debido a cambios en las condiciones iniciales del contrato que beneficiaban al consorcio mencionado y que afectaban las finanzas públicas de la ETB, las denuncias ciudadanas dieron pie a que la Procuraduría General de la Nación abriera investigación disciplinaria a Sergio Regueros, presidente; Alfonso Gómez Palacio, secretario general; Germán González Reyes, vicepresidente jurídico; David Feferbaum, asesor de estrategias corporativas; y José del Carmen Trujillo López, director de impuestos. Estos funcionaros fueron sancionados, y Regueros y Gómez Palacio incurriendo en la llamada puerta giratoria, pasaron a prestar sus servicios a Telefónica Móvil de España.

Inicialmente se había establecido que los gastos y costos fiscales y parafiscales de la ejecución del contrato estarían a cargo del consorcio, pero con las modificaciones a éste se le exoneró de las cargas impositivas, desconociendo así el Estatuto Tributario.

En 2003, la ETB y las Empresas Públicas de Medellín crearon Colombia Móvil (OLA), con lo que incorporaron a su portafolio de servicios la tecnología de móviles. Sin embargo, la participación de la ETB fue disminuida en 2006 al venderse el 25 por ciento de sus acciones a Millicom, y hoy la empresa bogotana no tiene ningún porcentaje en esa empresa.

Por esto, la ETB se quedó solamente con la telefonía fija y la televisión por suscripción a través de Directv. Para mejorar estos servicios fue que la empresa destinó 2,2 billones de pesos para instalar fibra óptica en toda la ciudad.

Al finalizar el primer semestre de 2015 el país tenía 55.415.297 abonados al servicio celular, de los cuales 29 millones correspondían al operador Claro (52,5 por ciento), mientras 9 millones de usuarios están en Tigo.

Los usuarios de servicios de internet en el país suman 23.529.829 (usuarios que no pagan una factura mensual, sino que recargan su servicio con frecuencia), mientras que los usuarios de internet que pagan mensualmente una factura apenas superan los 3 millones. Es precisamente a este sector al que le apunta la ETB con sus inversiones en fibra óptica, aprovechando su posición dominante de telefonía fija conmutada.

Sin controles

Con la llegada de Enrique Peñalosa a la Alcaldía para el período 2016-2019, Jorge Castellanos fue nombrado presidente de la ETB con la misión de vender o asociar la empresa por supuestas pérdidas operacionales acumuladas.

Fuente: Publicaciones Semana

*Valores en millones de pesos

Pero hay que recordar que el Estatuto de los Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994) estableció que la telefonía básica conmutada local, nacional e internacional, al igual que la telefonía móvil rural, son considerados servicios públicos domiciliarios.

Estos servicios pueden ser prestados por empresas públicas, mixtas o privadas. Y por disposición del mismo Estatuto, todo prestador está bajo la vigilancia, control e inspección de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y debe presentar reportes al Sistema Único de Información (SUI), administrado por ésta.

No obstante, con la Ley 1341 de 2009, conocida como Ley de TIC, se estableció que los mencionados servicios dejarían de ser considerados domiciliarios. Por ende, la ETB dejó de ser vigilada por la SSPD y de reportar información al SUI.

Por esta razón, la ETB no suministra información y no permite veedurías ciudadanas ni del propio Concejo de Bogotá y su gestión se ha desarrollado solo según voluntad de su presidencia y su junta directiva.  Y si a estos órganos se les niega el control, que podrán esperar los usuarios a través de los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos creados al amparo de la ley 142 de 1994.

La ETB no suministra información y no permite veedurías ciudadanas.

Sin embargo, el Estado, de manera directa o indirecta, debe garantizar la prestación de los servicios domiciliarios. Por lo tanto, no puede quedar sin controles de una empresa de esta naturaleza ni puede olvidar al eslabón más importante de la cadena: el usuario.

Los diferentes cambios jurídicos a la que han sometido a la ETB los alcaldes ya mencionados han favorecido esta “liberalidad” de los administradores de turno para realizar inversiones sin ningún tipo de vigilancia, olvidando que están prestando un servicio público con recursos públicos.

Sin vigilancia, la ETB ha hecho importantes inversiones con recursos públicos en Comcel (hoy Claro) y Colombia Móvil (Tigo). En cambio no se han hecho las inversiones necesarias para mantener o aumentar las participaciones, y éstas se han vendido a espaldas de los usuarios, sin consultar el interés general (aunque sí a los inversionistas privados extranjeros).

Y para peor

El Ex-ministro Diego Molano. Foto: MINTIC

Para completar la mala situación de la empresa distrital, Comcel-Claro ha dilatado con todo tipo de recursos el pago de una suma de alrededor de 300 mil millones de pesos resultante de un pleito originado en 1998 con un contrato suscrito con el objetivo de facilitar la interconexión entre la telefonía móvil celular con los de telefonía fija.

América Móvil, propietaria de Comcel-Claro y Telmex en Colombia, además de ser el operador dominante en telefonía móvil, goza de los beneficios tributarios de dos contratos de estabilidad jurídica suscritos en el año 2010 por el ministro Diego Molano Vega.

Ante la renuencia a devolver la infraestructura afecta al servicio pagado por todos los colombianos, el señor Carlos Slim, propietario de América Móvil, ha mostrado su intención de demandar al país ante tribunales de arbitraje. Con esto se completa la debacle financiera no solo de la ETB sino de la Nación, a pesar de todas las gabelas que le hemos dado a esta empresa extranjera.

Ahora el alcalde Peñalosa ha retomado su intención de vender la ETB al mejor postor, pero en ningún momento menciona que fueron sus decisiones las que tienen a la empresa en  la actual debacle financiera.

Fuente: RAZÓN PUBLICA