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Un grupo de indígenas de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana –Opiac- tenían un último chance en la Corte Constitucional. Buscaban defenderse, a través de una acción de tutela, de los efectos de la implementación de una ley para el campo promovida por el gobierno del Presidente Santos y para cuya aprobación no se les habría hecho una consulta previa como exige la ley. Se trata de la ley de Zonas de interés de desarrollo rural, económico y Social, Zidres, un proyecto que busca cambiar las reglas para la tenencia y uso de tierras en la Altillanura y es aplicable a otras regiones del país. La ley Zidres ya fue aprobada en el Congreso pero  fue ampliamente criticada por organizaciones políticas  y sociales.

El fallo del magistrado Jorge Pretelt no es una sentencia cualquiera y le cae muy bien al gobierno que tenía problemas con la viabilidad esta esta iniciativa en la evaluación de constitucionalidad la Corte –que aún está pendiente- pero que ya tiene delineado un camino abierto por este fallo en contra de los indígenas de la Amazonía. Su alegato de fondo es que no se requeria de consulta previa para hacer realidad la ley ni consultarlos como una minoría que podría ser afectada al igual que los campesinos y propietarios de pequeñas y medianas tierras en la Altillanura.

Lo cierto es que ésta ley fija nuevas normas para la tenencia y explotación de las tierras por empresas privadas en todas las regiones de Colombia y se comenzará a aplicar no obstante los reclamos, protestas y advertencias de la totalidad d elas organizaciones campesinas y sociales. Aún está pendiente la evaluación constitucional de la totalidad de la Ley pero  el fallo favorable del magistrado Pretelt  le abre el camino.

Fuente: LAS 2 ORILLAS