carlos

Hace algunos días el presidente de FEDEGAN apareció en diferentes medios de comunicación negando que exista una persecución o masacre de líderes de restitución de tierra. De hecho me llamó mentiroso y citó una denuncia que hice sobre la existencia de varias estructuras armadas en algunas zonas del país que se hacían “llamar ejército anti-restitución”. Dijo que era falsa y que todo se trataba de una campaña negra contra los sectores del empresariado rural y particularmente contra algunos sectores ganaderos, que actualmente se encuentran denunciados por casos de despojo de tierras y asociación con grupos paramilitares.

Es bueno recordarle al señor Lafaurie cuatro datos.  El primero se refiere al análisis de las 1500 sentencias que hasta el momento se han dado en el marco del proceso de restitución de tierras. Que de por sí ha sido un fracaso. Después de varios años de aprobada la ley solo se han restituido algo menos del 2 % de la tierra despojada. Los datos muestran que fueron los grupos paramilitares los que más despojo y abandono de tierra causaron. Las sentencias dicen lo siguiente.

Actor causante del Abandono.

Paramilitares: 40 %

Bacrimes: 5 %

Gerrilla: 16 %

Enfrentamientos: 33 %

Grupos No Definidos: 5 %

Ejército: 1 %

Autor causante del Despojo.

Paramilitares: 83 %

Bacrim: 3 %

Gerrilla: 9 %

Enfrentamientos:2 %

Grupos No Definidos: 3 %

Aunque una de las banderas de la oposición de Lafaurie al proceso de paz es que las guerrillas son los mayores despojadores, lo cierto es que las sentencias dicen lo contrario. Incluso las sentencias dan otro dato interesante. José Felix Lafaurie dice que los mayores afectados con el despojo y en general el conflicto armado fueron los ganaderos, lo cual es falso. Los datos que se muestran a continuación permiten ver como las víctimas del despojo y del abandono fueron los pequeños campesinos y no los ganaderos.

Predios restituidos

Inferior a una hectárea. 21%

Entre una y 19 hectáreas. 55 %

Entre 10 y 50 hectáreas. 20 %

Entre 50 y 500 hectáreas. 3 %

Superior a 500 hectáreas. 1 %

No se desconoce el sufrimiento de los ganaderos en el conflicto armado, el secuestro los castigó de forma intensa, pero la gran mayoría de las seis millones de hectáreas despojadas en Colombia en el marco del conflicto armado  fueron arrebatadas a pequeños campesinos.

El tercer dato es que Lafourie niega la existencia de los ejércitos antirrestitución y dice que eso jamás existió. Nuevamente este señor miente. Los llamados “ejércitos anti restitución”, no son como tal ejércitos, así se hacen llamar, pero son estructuras sicariales de entre 15 y 30 personas que prestan servicios ilegales de seguridad privada o  las propias Bandas Criminales prestan estos servicios. Son contratados por lo que la ley llama “terceros de buena fe”, es decir, personas que están en el mundo de la legalidad, son empresarios rurales, ganaderos o políticos locales. Estas personas fueron las que en realidad se quedaron con la tierra despojada a campesinos y algunos ante el miedo de perderla prefieren asesinar a los reclamantes de tierras.

Este link deja ver cómo ha habido capturas de líderes de estas estructuras que se hacen llamar “ejército antirrestitución”. Además el propio gobierno ofreció recompensas por estas capturas.

Un cuarto dato es que en los últimos años, 68 líderes de restitución de tierras han sido asesinados. La gran mayoría de ellos en zonas donde han confluido empresarios, políticos y estructuras criminales. El siguiente mapa muestra los municipios donde han sido asesinados estos líderes.

La impunidad es inmensa en estos casos, las capturas son bajas y siempre se dice lo mismo, “son casos aislados”, pero la realidad es que alguien esta asesinando líderes sociales y de restitución de tierras.

Son sectores de las élites locales y regionales las que se van a oponer a proceso de paz. Estos sectores se quedaron con la mayoría de la tierra despojada, como el magistrado de la Corte Constitucional Pretelt quien está en líos jurídicos por dos finques de campesinos desplazados y que se adquirieron de forma dudosa, o el caso del Fondo Ganadero de Córdoba, o el caso de las empresas palmicultoras del Urabá. Es necesario que la justicia vaya más allá de los Otonieles, o sebastianes, o cuchillos y se concentre en los determinadores reales de estos hechos. Pero lo bien o mal que nos vaya en el postconflicto no va a depender directamente de los actores criminales sino de agentes supuestamente legales.

Fuente: REVISTA SEMANA