carlos

La disputa por la titularidad de la Procuraduría, ante el cumplimiento del periodo de Alejandro Ordóñez -quien además enfrenta una demanda en el Consejo de Estado que lo podría dejar por fuera antes de tiempo-, está al rojo vivo.

La terna estará dada por un candidato de la Presidencia, otro de la Corte Suprema y uno del Consejo de Estado. La plenaria de Senado será quien elegirá al reemplazo de Ordóñez, quien, según lo previsto, deberá ocupar el cargo en enero de 2017.

La Procuraduría, que no es una entidad de poca monta, casi que le compite a la Fiscalía en botín, pues tiene 4.200 empleados y un presupuesto de 450 mil millones de pesos.

De acuerdo a lo que suena en los corrillos de la capital, la pelea está entre los conservadores cercanos a Santos y los liberales gaviristas.

En la Corte

Por ahora, en la lista de aspirantes por la Corte Suprema, quedan 12 nombres -luego de una purga de 21 aspirantes, por requisitos cumplidos-: el del cartagenero Humberto Sierra Porto, presidente de la Corte IDH; el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo; el expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz; el exconsejero de Estado, Marco Antonio Velilla y el del procurador delegado para la vigilancia administrativa, Carlos Arturo Ramírez.

También aparece el de los abogados Lenis Gustavo Ampudia; Leonardo Páez; el excandidato a procurador, Romeo Pérez; el exabogado de la Superindustria, Darío Montañez; José Joaquín Osorio; Sergio Reyes, exprocurador judicial y Emiro Vieda.

En el Consejo

Por el lado del Consejo de Estado figuran 19 inscritos: el embajador de Colombia en España, Fernando Carrillo; el viceministro de Asuntos Multilaterales, Francisco Echeverry; el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez y el exdefensor del Pueblo (e), Alfonso Cajiao.

Igualmente están Ricardo Abello, exmiembro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya; Leovigildo Suárez, exmagistrado de la Judicatura en Antioquia; María del Socorro Castañeda, exfuncionaria de la Procuraduría; la abogada Ana Feliz Romero Aranzazuy y el juez 32 administrativo de Bogotá, José Luis Ortiz del Valle.

Completan la lista los abogados Jairo Mantilla, Milton Merchán, Efraín Betancourt, Otoniel Arango y Hernando Remolina.

No obstante, la Red de Veedurías Ciudadanas asegura que estaría inhabilitado Sierra Porto, expresidente de la Corte Constitucional, según el veedor Pablo Bustos, porque “cumple funciones judiciales a nivel internacional representando al Estado colombiano, por lo que debería apartarse de este cargo con un año anticipado”.

La pugna política

Una vez que el Cambio radical del vicepresidente Germán Vargas Lleras quedara tranquilo con la elección en la Fiscalía de su amigo, Néstor Humberto Martínez, todo parece indicar que la pugna por el ente de control disciplinario está entre los conservadores, que tendrían derecho por herencia, y los liberales, que se echaron al hombro la campaña del Plebiscito por la Paz.

El cargo que deja el conservador Ordóñez ha sido pedido por las toldas azules, aunque el presidente de la colectividad, el cordobés David Barguil, ha dicho -en público- que respetará la decisión que tome Santos al respecto.

Los candidatos azules, por ahora, son Ruiz; el exmagistrado de la Suprema, Jaime Arrubla ; Enrique Gil, del Consejo de Estado y el exsenador Eduardo Pizano. Y también ha sonado para ser ternado por Santos el exsecretario general de la Presidencia de Andrés Pastrana, Juan Hernández, quien es menos godo que Ordóñez y se ha alejado del pastranismo.

Esta jugada de mantener a los conservadores en el timón del Ministerio Público alejaría la posibilidad de una peligrosa manguala en represalia para el oficialismo: el Centro Democrático y las toldas azules, que llegarían casi a 40 del centenar de senadores, poniendo en riesgo las mayorías de la Unidad Nacional.

Parece darse por hecho, de otra parte, que en el alto tribunal de lo contencioso administrativo se ternaría por el liberalismo al exministro Carrillo, ficha del expresidente César Gaviria. Y en la Corte Suprema también es probable la elección del exvicefiscal Perdomo, igualmente gavirista. Si es electo nuevo procurador alguno de los dos, se leería esto como el pago del santismo al expresidente por sus labores al liderar el ‘sí’ en el Plebiscito.

No obstante, las posturas recientes del exjefe de Perdomo, el exfiscal Eduardo Montealegre, en rebeldía contra el Gobierno, han causado incomodidad, y ello le abriría las puertas al cartagenero Sierra, quien tiene a su favor toda la visibilidad internacional que le da el hecho de estar presidiendo el tribunal del sistema interamericano.

Inhabilitados

En un oficio enviado a los presidentes de la Corte Constitucional, Margarita Cabello, y del Consejo de Estado, Danilo Rojas, la Red de Veedores Ciudadanos de Colombia (Red Ver) afirmó que Humberto Sierra Porto y Enrique Gil Botero, dos de los candidatos a la terna para Procurador General de la Nación, están impedidos para aspirar a ese cargo.

De acuerdo al presidente de Red Ver, Pablo Bustos Sánchez, Humberto Sierra Porto funge actualmente como magistrado en ejercicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras que Enrique Gil Botero es representante de Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según Bustos Sánchez, poseer una magistratura y postularse al cargo de Procurador General es una “práctica hepática”.

“Nótese que el cargo de Procurador General ejerce funciones ante las Altas Cortes como Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional por lo que aplica el mismo régimen de calidades como inhabilidades aplicable a los mismos, por lo que el haber dejado el cargo o mejor terminado su periodo con un año de anterioridad resulta no solo una exigencia sensata sino obvia”, asegura Bustos en el oficio.

Aún no hay respuesta de ninguna de las dos cortes con respecto a estas afirmaciones.

Fuente: DIARIO EL HERALDO DE BARRANQUILLA / CM&