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RETRASO

El presidente Juan Manuel Santos reconoció este jueves que hay retrasos en la construcción de los campamentos en donde se alojarán los guerrilleros de las Farc antes de dejar las armas, pero aseguró que se están solucionando y que eso no afectará los tiempos para la implementación de la paz.

“Hemos tenido problemas, es una operación logística muy compleja pero todos esos problemas se están resolviendo y la voluntad de todos es acelerar al máximo para poder cumplir los cronogramas de dejación de armas”, dijo Santos al concluir una visita a una zona de preagrupamiento en el caserío de La Guajira, municipio de Mesetas, Meta.

Al término de una reunión con las autoridades locales, la comunidad de la zona y de saludar a las tropas encargadas de la seguridad de los miembros de las Farc, el jefe de Estado reiteró que “vamos a tratar de cumplir los programas de dejación de armas, eso fue una decisión que tomamos las dos partes para que ese cronograma no se altere”.

Explicó que para cumplir con ese cometido se hace necesario ser “efectivos en solucionar los problemas que nos han retrasado en la creación de estas zonas veredales”.

En ese sentido, Santos dijo que el Gobierno suministrará a todas las zonas materiales para que las construcciones las hagan las Farc “a la mayor brevedad”.

De otro lado, destacó la labor de las tropas encargadas de la seguridad de los miembros de las Farc en el proceso de agrupamiento y de garantizar la tranquilidad a las comunidades cercanas y recalcó que tal hecho “no se ha dado en otros procesos, es sui generis, y eso habla muy bien de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas”.

Igualmente, el mandatario indicó que en este proceso no hay cascos azules y que las tropas colombianas están para “garantizar la seguridad, darles tranquilidad a las comunidades y asegurarse que esta transición va a ser una transición que nos va a llevar a una paz estable y duradera”.

¿ATROPELLO?

En momentos en que se votaban proyectos importantes para el gobierno de Juan Manuel Santos, en la plenaria del Senado, el senador bolivarense Lidio García abandonó la sesión, al enterarse que uno de sus proyectos bandera se hundió, no en el Congreso sino en la Casa de Nariño.

García uno de los abanderados y defensores de la coalición que acompañó al presidente Juan Manuel Santos en todos los proyectos cruciales del proceso de paz, abandonó el recinto en momentos en que se votaban proyectos tan importantes como la conciliación de la Reforma Tributaria y la Ley de Amnistía.

Y no era para menos, uno de sus proyectos de ley bandera, el que prohibía a las empresas el cobro de la reconexión de los servicios públicos domiciliarios en los estratos 1, 2 y 3, aprobado y convertido en Ley por el Senado y Cámara, fue rechazado y objetado por el Presidente Santos, sin una explicación previa a los congresistas que aprobaron e impulsaron la iniciativa.

Es así que el presidente se abstuvo de sancionar dicha ley, tal como lo corroboró a El Universal el senador García.

“Santos nos hizo una mala jugada”: García

El senador liberal expresó que: “No conozco si el presidente lo veta por inconstitucionalidad o por inconveniencia, pero lo que sé es que un golpe bajo a los estratos bajos del país; una ley a la cual le habíamos hecho todo su lobee, socializado con todos los sectores, y que el Presidente aplaudió en su momento; pero esta decisión es una salida indecorosa del presidente, después de luchar por esta ley en sus cuatro debates en Cámara y Senado”.

“El Senado en pleno no se esperaba esto, hay una protesta de muchos colegas porque nos parece un atropello para un proyecto de iniciativa parlamentaria; el Gobierno después de tanto colaborarle y apoyarle nos hace una mala jugada”, agregó el senador García.

Lo que viene

El Senador apunto que se pierde una pelea más no una batalla. Para él los colombianos de estratos bajos deben estar tranquilos porque desde el Senado se persistirá en revivir dicha ley.

“El 16 de marzo estaremos revisando, tanto en Cámara como en Senado, las razones del Presidente para rechazar la objeción; y si esta es inconstitucional le haremos la consulta a la Corte Constitucional”, dijo el senador.

El senador del Atlántico José David Name, del Partido de La U también anunció que “habrá acciones para tumbar está objeción presidencial a la Ley”.
Sin embargo, y a pesar de que al retirar este cobro, no se afectaría la estabilidad financiera de las empresas de servicios públicos al garantizarse el cobro de los cargos básicos del cargo fijo y básico de consumo, la decisión del presidente cayó como un baldado de agua fría en los congresistas de su línea de la Unidad Nacional.

Los alcances de la Ley

La ley iba a prohibir cobrar a los usuarios de estratos 1, 2 y 3 la reconexión y reinstalación de los servicios públicos cuando estos les sean cortados.

Con la Ley se le iba a dar la exoneración del cobro del cargo por reconexión o reinstalación cuando la causa de la suspensión o corte haya sido exclusivamente por la mora en el pago de las facturas, y se deja claro que esta disposición no aumenta ni disminuye el cobro del cargo fijo por consumo de los servicios públicos domiciliarios.

La nueva normatividad iba a reformar los artículos 96 y 142 de la Ley 142 de Servicios Públicos Domiciliarios, a los que se les adicionó dos parágrafos que determinan dicha exoneración expresa y de esta forma se elimina el cobro, además se establece un plazo máximo de reconexión o restablecimiento del servicio de 24 horas, contados a partir de que el usuario haya pagado.

La frase

“Estamos decepcionados con el gabinete del Presidente Santos porque lo menos que podían decirnos eran que iba a objetar esta ley explicando las razones”, expresó Lidio García

La cifra

100 Mil millones de pesos se estiman que recaudan mensuales las empresas por reconexión de servicios en el país.

REVOCATORIA COSTOSA

En la Constitución de 1991 se reglamentaron los mecanismos de participación ciudadana en Colombia y desde esa fecha todos los ciudadanos pueden acudir a ellos, siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos de ley.

En el caso de las revocatorias, que es el tema que está de moda en el país por el primer año de mandato de gobernadores y alcaldes, se han promovido 166 peticiones de este estilo pero sólo 55 llegaron a las urnas.

En el caso de la revocatoria que se está promoviendo en Bogotá los datos arrojan varias cifras interesantes que, sin duda, serán tenidas en cuenta por las autoridades electoral.

Cada comité deberá recolectar 271.129 firmas, correspondientes al 30 % de la votación total de Peñalosa cuando ganó alcaldía con 903.764. Si se reúnen esas rúbricas inmediatamente, previa revisión, se convocará a las urnas.

Para que la revocatoria sea efectiva se requiere que el 40 % de las 2.729.902 que votaron en la elección para la alcaldía de Bogotá acudan a las urnas. Si se logra ese porcentaje (1.091.960), el mecanismo será válido y ganará la opción que tenga la mitad más uno de los votos ciudadanos. Esto quiere decir que Peñalosa podría ser revocado con tan solo 545.981 votos si se hacen las cuentas basándose en la participación del 40%.

Para la jornada se instalarán 13.281 mesas de votación en toda la capital del país y el potencial de sufragantes será de 5.453.086.

Para esa logística se requieren 45 mil millones de pesos y en caso de convocar elecciones habrá que invertir otra suma igual, razón por la cual los dos procesos costarían 90 mil millones de pesos.

Nunca desde los años 90 una revocatoria ha sido positiva y por varias razones no prospera.

1. No se recolectan las firmas necesarias.

2. No se consigue el número de votos requeridos.

3. Cuando se aprueba la revocatoria ya queda poco tiempo para el mandatario local o departamental termine su funciones.

4. Los mismos promotores deciden renunciar a la iniciativa.

Fuente: BLURADIO / DIARIO EL TIEMPO / DIARIO EL ESPECTADOR / DIARIO EL UNIVERSAL