Diario EL POLITICÓN DE RISARALDA

Tal y como lo había anunciado desde el viernes pasado, el presidente Juan Manuel Santos ha expedido durante este fin de semana una serie de decretos-ley al amparo de las facultades extraordinarias que le concedió el Congreso, que se vencen este martes, con el fin de agilizar la implementación de los acuerdos de paz firmados con las Farc. Estos son algunos de los decretos-ley claves:

Creación del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia

Esta normativa facilita la implementación y el desarrollo normativo del punto relacionado con las garantías para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia, y la no estigmatización, incluido en el Acuerdo de Paz.

La naturaleza del Consejo tiene como objetivo “el logro y mantenimiento de la paz, generar una cultura de reconciliación, tolerancia, convivencia y no estigmatización y facilitar la colaboración armónica de las entidades y órganos del Estado, otorgando prioridad a las alternativas políticas de negociación del conflicto armado interno”.

El organismo estará compuesto por el presidente de la República, los poderes Ejecutivo y Legislativo, los órganos de control y la sociedad civil tendrán asiento en él. El Consejo se reunirá cada tres meses, “sin perjuicio de que el presidente de la República, la Secretaría Técnica o el 40 % de los miembros que conforman el Consejo lo convoque a reuniones extraordinarias, cuando las circunstancias lo aconsejen, o la conveniencia pública lo exija”.

Plan Nacional de Electrificación Rural

Este decreto, que lleva también la firma del ministro de Minas y Energía, Germán Arce, dispone que esta cartera elaborará y adoptará cada dos años un Plan Nacional de Electrificación Rural para Zonas No Interconectadas (ZNI), y para el Sistema Interconectado Nacional. Para tal fin establecerá, entre otros aspectos, “mecanismos que permitan la administración, operación y mantenimiento sostenible de las soluciones energéticas que se construyan para su uso”.

El Plan tendrá en cuenta las diferentes soluciones aplicables en materia energética, las necesidades reportadas por las entidades territoriales y las comunidades, y las condiciones social ambientales de los hogares, así como alternativas de electrificación individual o colectiva. Por otra parte, propenderá por la ampliación de la cobertura eléctrica, la asistencia técnica y la promoción de capacidades organizativos de las comunidades para buscar el mantenimiento y la sostenibilidad de las obras.

Obras por impuestos para minas y concesiones portuarias

Se establece que las empresas mineras y aquellas calificadas como grandes contribuyentes dedicadas a la actividad portuaria pro-conexión puedan acogerse al mecanismo de obras por impuestos. El Ministerio de Hacienda dará prioridad a los proyectos ubicados en las zonas más afectadas por el conflicto. Las firmas que pretendan acogerse deberán cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios.

Con este decreto ley, se desarrolla el aspecto pertinente del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto en el que se promueve la participación del sector empresarial en la implementación de lo pactado para contribuir a garantizar la productividad, el acceso a los mercados y la sostenibilidad de los proyectos de la Reforma Rural Integral, el Programa de Sustitución de Cultivos y los planes para la reincorporación a la vida civil, establece la parte motiva del decreto ley.

Servicio educativo estatal en zonas afectadas por el conflicto

La norma contempla un concurso especial de méritos para la provisión de educadores en zonas afectadas por el conflicto y dicho concurso será convocado por la Comisión del Servicio Civil. La reglamentación de ese concurso la elaborará el Gobierno nacional en los dos meses siguientes a la promulgación del decreto-ley y el Ministerio de Educación Nacional determinará las zonas en las cuales se desarrollará el concurso de méritos de carácter especial con fundamento en la priorización de municipios que se haga para implementar Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.

También se refiere el mencionado decreto ley a la organización de las plantas de cargos para zonas afectadas por el conflicto. Como requisitos especiales para participar en el concurso la norma dice que se debe acreditar algunos de los siguientes títulos académicos: bachiller, cualquiera que sea su modalidad de formación; técnico profesional o laboral en educación; tecnólogo en educación; normalista superior; y licenciado en educación u otro título del nivel profesional universitario expedido por una institución de educación superior del país.

Sobre tierras

Aunque aún no han sido expedidos oficialmente, el presidente Santos también anunció que el proyecto de tierras, uno de los claves de cara a la implementación de la paz, estará dividido en dos parte: un decreto-ley que formaliza la tenencia de la tierra, garantiza la propiedad privada y garantiza el acceso a la tierra a los que la quieran trabajar pero no la tienen, y en segundo lugar, una ley que será sometida a estudio del Congreso.

La idea, dijo es, distribuir tres millones de hectáreas a las 800 mil familias que nunca han podido tener acceso a la tierra. Además, se va a formalizar la propiedad de siete millones de hectáreas de campesinos que no han podido legalizar sus títulos y así habrá reglas de juego claras.

En este sentido, el decreto-ley creará el Fondo Nacional de Tierras, formado por tierras baldías, tierras que tuvieron proceso de extinción de dominio y las tierras que se puedan comprar a propietarios privados. Y definirá los beneficiarios y crea un registro único nacional que permite dar prioridad a los que más lo necesitan. También se crea un sistema único de acceso a la tierra, que simplifica los 52 procedimientos que se exigen actualmente. Además, se buscará regular los programas de desarrollo con enfoque territorial, con el fin de llevar la paz a los territorios de conflicto, e implementar en todo el país un catastro moderno.

Fuente: DIARIO EL ESPECTADOR