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Aunque el nuevo acuerdo con las Farc recoge muchas observaciones esenciales de quienes rechazaron el plebiscito, casi nadie quedó contento.

El acelerador que le metieron el gobierno y las Farc al trabajo para concretar un nuevo acuerdo se debió a dos razones. Por un lado, terminar con la situación de incertidumbre en que quedó el proceso de paz con el triunfo del No en el plebiscito. Por el otro, encontrarle salidas a la profunda polarización política que quedó en evidencia cuando medio país votó por el Sí y medio por el No.

Para lograr el segundo objetivo, durante las seis semanas que siguieron a la votación, el gobierno le dedicó más de 150 horas a reunirse con varios sectores que se opusieron al acuerdo inicial. Militares retirados, sectores del Partido Conservador, grupos evangélicos, jerarcas católicos y el uribismo entregaron decenas de propuestas que Humberto de la Calle llevó a La Habana. Después de días intensos de trabajo en Cuba, el equipo negociador acordó con las Farc incorporar modificaciones en el acuerdo inicial en 56 de los 57 temas objetados por la oposición. De los puntos gruesos, solo dejaron de modificar el de la posibilidad de que los miembros de las Farc hagan política justo después de dejar las armas.

A pesar de toda la energía y civilidad que las partes le metieron al difícil ejercicio, este no logró la unidad política esperada. Pocas horas después de que el presidente Santos le comunicó a Álvaro Uribe, en su calidad de máximo líder del No, que en Cuba se había alcanzado un nuevo acuerdo, el exmandatario advirtió por Twitter que esperaba que este no fuera definitivo.

Desde entonces Uribe no ha vuelto a opinar sobre el tema y sus alfiles han guardado silencio. Argumentando que están leyendo el nuevo texto, se han limitado a decir que el cierre definitivo de las negociaciones con las Farc los tomó por sorpresa y que esperaban que la mesa de diálogo con el No siguiera abierta hasta que ellos, por cuenta del triunfo en el plebiscito, le dieran el visto bueno al nuevo acuerdo.

Pero que la mayoría de los líderes del No hayan reaccionado con relativa prudencia frente al tema (exceptuando al exprocurador Ordóñez, quien pronto calificó las modificaciones de cosméticas) no significa se vayan a quedar quietos. De hecho, desde el jueves están preparando una comunicación conjunta con críticas a lo acordado en La Habana, la cual emitirán después de la reunión programada para el lunes entre el Centro Democrático y el gobierno. “Ese día nos informarán que nos cierran las puertas a nuevas intervenciones sobre lo que acordaron con las Farc. Seguramente saldremos unidos a dejar constancia. Y si es el caso, volveremos a la calle”, aseguró a SEMANA uno de los voceros del partido uribista que ha estado al frente de la interlocución con el gobierno.

En la orilla de los conservadores que votaron No, Marta Lucía Ramírez ya envió una carta al presidente Santos para comunicarle que en el nuevo acuerdo no están consignadas sus peticiones de transformar el modelo de desarrollo rural, aplicar la justicia transicional con penas de reclusión moderada y determinar su implementación a través de facultades ordinarias del Congreso, entre otros aspectos. Aunque ella asegura que aún estudia el texto acordado, se prevé que saldrá con un pronunciamiento después del de Uribe. Lo mismo hará el expresidente Andrés Pastrana, a quien no lo dejaron contento detalles como la posibilidad de prorrogar la justicia transicional en caso de ser necesario.

En la orilla de los evangélicos, el Ministerio del Interior ha desarrollado una interlocución sobre los acuerdos que deriva en el apoyo de 45 Iglesias. Sin embargo, tres de sus agremiaciones más importantes siguen teniendo reservas y los que apoyan el nuevo acuerdo son los mismos que respaldaron el inicial. La mayoría de quienes estuvieron del lado del No quedaron descontentos con las aclaraciones acerca de la inexistencia de una ‘ideología de género’, y piden que se hable de derechos de la mujer, pero que se excluya la palabra género por considerar que atenta contra sus creencias.

Así mismo, afirman que para ellos el compromiso con la libertad de culto es suficiente. “Solicitamos que el nuevo acuerdo no sea definitivo”, dicen los pastores Eduardo Cañas, Hector Pardo, Claudia Castellanos y John Milton Rodriguez del Pacto Cristiano por la Paz, mientras insisten en que no es confiable que la ONU, que universalmente apoya el desarrollo de políticas con enfoque de género, esté vinculada a la verificación de su cumplimiento. En su caso, no fueron suficientes las aclaraciones y los debates académicos para que se convencieran de que el acuerdo de paz no va en contra de la concepción tradicional de familia.

En resumen, los únicos que abierta o sutilmente estuvieron del lado del No y que respaldan el nuevo son unas Iglesias minoritarias, los oficiales retirados agrupados en Acore –quienes días antes de la nueva firma reconocieron que la justicia transicional definida para las Farc también beneficiará a policías y miembros de las Fuerzas Militares– y varios líderes de la Iglesia católica. “Hasta el momento somos optimistas con los resultados obtenidos”, dijo a SEMANA monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal.

La semana pasada tuvieron lugar dos reuniones entre los distintos sectores del No. A ellas asistieron, además del uribismo, el exprocurador Alejandro Ordóñez, la directora de la Fundación Víctimas Visibles, Diana Sofía Giraldo, el periodista Herbin Hoyos y el abogado Rafael Nieto, entre otros. En ellas estos líderes de opinión, que no tienen representatividad política formal, rechazaron que el gobierno haya cerrado la posibilidad de modificar nuevamente los acuerdos y coincidieron en que harán cualquier pronunciamiento en la misma dirección de los lineamientos del expresidente Uribe. Y aunque durante semanas el gobierno buscó una interlocución independiente con cada uno de estos sectores, es evidente que quienes siguen oponiéndose a los acuerdos con las Farc tienen previsto actuar de manera conjunta bajo el nombre de Mesa del No.

Los esfuerzos del gobierno para convencer a quienes forman esa mesa de apoyar el nuevo acuerdo no tuvieron el éxito esperado por varias razones. Buena parte de los defensores del No son sectores radicales que tienen planteamientos marcados y poco conciliables. Por un lado, están los representantes de una visión de derecha, crítica de cualquier posibilidad de que las Farc participen en la escena política; y, por otro, los defensores de convicciones espirituales que representan más creencias que argumentos. Con ellos era difícil, de entrada, conseguir algún consenso.

De otra parte, la estrategia de encuentros entre el gobierno y el No fue espontánea y no respondió a una metodología acordada ni transparente. Mientras el gobierno dice que hizo esfuerzos sobrehumanos para incorporar la mayoría de sus observaciones, los opositores aseguran que esperaban que el acuerdo con las Farc no se cerrara hasta que ellos no le dieran el visto bueno. Aunque esta última posibilidad haría imposible concluir cualquier negociación, faltó claridad al definir sus expectativas.

A lo anterior se suma que, en lugar de dirigir sus comunicaciones a los electores del No, el gobierno graduó de interlocutores a voceros que fueron cambiando de reunión en reunión y que no necesariamente tienen representatividad política. Y la mayoría de los que sí la tienen –o que al menos gozan de reconocimiento en la opinión pública– quieren llegar al Palacio de Nariño en 2018. Entre los voceros del No hay cinco precandidatos presidenciales: Carlos H. Trujillo, Iván Duque y Óscar Iván Zuluaga, por el Centro Democrático; Alejandro Ordóñez, que se lanzaría con firmas; y Marta Lucía Ramírez, quien buscaría nuevamente el respaldo del Partido Conservador. Hasta el momento todas estas aspiraciones se han basado en la oposición a las banderas de Juan Manuel Santos.

Entre los 6.438.552 de colombianos que votaron por el No, seguramente hay ciudadanos que se sienten más tranquilos con el nuevo acuerdo. Sin embargo, la voz del No que seguirá sonando duro y por un buen rato es la de los políticos y evangélicos que el 2 de octubre se graduaron de interlocutores del gobierno.

Fuente: REVISTA SEMANA