Cada tres días se produce en Colombia el asesinato de un líder comunitario. Se cuentan 178, según cálculos de la policía, desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC, el 24 de noviembre de 2016. En la última semana hubo al menos cuatro, en el Pacífico, en el Caribe y en el departamento de Antioquia. La Defensoría del Pueblo, en su último informe, amplía el foco y recoge 311 homicidios de activistas en dos años y medio, entre el 1 de enero de 2016 y el pasado 30 de junio.

El drama de estas estadísticas queda reflejado en casi cada visita a una zona rural del país. En el campo colombiano, el tránsito hacia la normalidad después de más de medio siglo de conflicto armado y la desmovilización de la guerrilla choca con las constantes denuncias de desprotección de defensores de los derechos humanos y representantes políticos locales.

Ante esta nueva escalada de violencia, el presidente saliente, Juan Manuel Santos, ordenó a las fuerzas de seguridad actuar “con toda contundencia” para dar con los responsables y convocó para el próximo martes la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. El mandatario electo, Iván Duque, rechazó “categóricamente” esos crímenes y prometió afrontar esta emergencia en cuanto asuma oficialmente el cargo el 7 de agosto.

La cocaína, en el fondo, es la causa central de esta crisis de seguridad. El coronel José Restrepo, director de la unidad de élite de la policía encargada de investigar estos crímenes, señaló a Caracol Radio que por ahora “se han registrado 165 capturas de presuntos responsables de estas afectaciones”, en referencia a los 178 asesinatos verificados desde finales de 2016. En su mayoría, indicó, pertenecen a frentes disidentes de las FARC, que actúan como cárteles disputándose la producción de hoja de coca, y al Clan del Golfo, la principal organización criminal dedicada al narcotráfico de Colombia, de facto un grupo paramilitar. A la habitual indefensión de los líderes comunitarios, en el punto de mira de caciques locales y redes mafiosas, se suman desde la firma de la paz los problemas derivados de los enfrentamientos entre bandas por el control del territorio.

El miércoles fue asesinada en el municipio de Cáceres, en el noroeste del país, Ana María Cortés, coordinadora local de la campaña electoral del candidato izquierdista Gustavo Petro. El martes, Margarita Estupiñán, presidenta de la Junta de Acción Comunal de un barrio de Tumaco, recibió un disparo en la puerta de su casa. Hasta ese puerto del Pacífico se trasladó Santos, que multiplicó la presencia de las fuerzas de seguridad en las zonas más golpeadas.

Tumaco, por ejemplo, es un municipio militarizado en el que una docena de grupos armados tratan de ocupar el vacío dejado por las FARC y quedarse con más de 23.000 hectáreas de coca. Los cultivos aumentaron un 11% en 2017 y superaron las 200.000 hectáreas. Es decir, batieron un nuevo récord, según la Oficina de Control Antidroga de Estados Unidos.

Tolerancia cero frente a la violencia

Este será precisamente uno de los principales desafíos de Duque, que estos días se encuentra de visita en España. “Quiero decir que como presidente de los colombianos estaré trabajando intensamente por la protección de todos los líderes sociales, por la protección de todos los líderes políticos y para que se pueda avanzar con rapidez en la investigación y que los responsables de esos delitos sean llevados a la justicia y tengan, además, una sanción ejemplar”, manifestó.

“No acepto como colombiano que ninguna persona se vea amenazada por su pensamiento, por su raza, por sus condiciones personales, y lo que quiero es un país donde brille la legalidad y donde todos los colombianos se sientan protegidos”, enfatizó el presidente antes de comprometerse a afrontar esa amenaza. “Voy a trabajar desde el primer día de Gobierno para que en Colombia tengamos una agenda de legalidad y que al criminal se le diga que el que la hace, la paga”.

CAUSAS

En medio de una oleada de violencia contra líderes sociales en el país, varias organizaciones sociales presentaron ante la Comisión de la Verdad un informe que documenta la situación de los defensores de derechos humanos y los patrones de los ataques en su contra, entre 2002 y 2015.

Que desde la institucionalidad no se haya reconocido la existencia de una sistematicidad en los asesinatos y ataques contra líderes y defensores de derechos humanos en el país es, para las organizaciones sociales, una forma de ignorar la dimensión que ha adquirido el problema en Colombia y las dinámicas de violencia que, a pesar de la salida de las Farc del escenario del conflicto, siguen latentes en las regiones. Aunque los cálculos siguen variando y no hay consenso entre institutos, organizaciones y gobierno, las cifras más pesimistas dan cuenta de más de 90 líderes asesinados tan solo en el primer semestre de 2018.

Y con las alarmas prendidas por el aumento de casos de agresiones contra defensores de derechos humanos, crece la necesidad de poner sobre la mesa la discusión sobre la situación de seguridad de las comunidades que los defensores de derechos humanos y la existencia de patrones y factores comunes entre los crímenes. Ese es precisamente el sentido del informe  entregado este jueves a la Comisión de la Verdad y realizado por  el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales, la Corporación Jurídica Yira Castro, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos –GIDH y el Programa Somos Defensores.

El informe -titulado Defender la vida- documenta el contexto sobre la violencia contra esta población entre 2002 y 2015 e identifica 10 casos emblemáticos (de los últimos cuatro periodos de gobierno, dos de Álvaro Uribe y dos de Juan Manuel Santos) que dan cuenta de que la mayoría de los actos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos no están directamente relacionados con el conflicto armado entre el Estado colombiano y los grupos armados.

“Las luchas por el acceso a la tierra y a los recursos naturales, así como por la justicia social y la rendición de cuentas, impulsan la violencia contra aquéllos que desafían el poder de las élites económicas y políticas. No obstante, el conflicto armado se usa como un pretexto para justificar y ocultar este tipo de violencia. Muchas personas defensoras de derechos humanos asesinadas fueron presentadas como guerrilleros asesinados en combate en el marco del fenómeno denominado “falsos positivos”, aunque probablemente hayan sido asesinadas por razones conectadas con su trabajo de defensa de derechos”, detalla el texto.

En cifras, según el Programa Somos Defensores, desde el 1 de noviembre de 2002 hasta noviembre de 2017  habían sido asesinados 610 defensores, y más de 4.300 habían sido víctimas de ataques y en los últimos años estos ataques se han incrementado en más de 100%.

El documento reseña, además, cinco patrones claros de agresión: la represión por entidades de inteligencia del Estado a través de vigilancia ilegal, hostigamiento, sabotaje, difamación, amenazas y asesinatos; la criminalización infundada a través del sistema de justicia criminal; las ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del Estado; las ejecuciones por grupos paramilitares o grupos posdesmovilización que actuaron con la connivencia, aquiescencia o tolerancia de las fuerzas de seguridad del Estado.; y el uso excesivo de la fuerza contra defensores de derechos humanos en protestas sociales, especialmente por el ESMAD de la Policía Nacional.

“Los patrones de agresión contra las personas que defienden los derechos humanos abarcan diferentes modalidades tales como asesinatos, lesiones, amenazas, violencia sexual y judicializaciones, que se desarrollan como parte de un fenómeno que hemos caracterizado como violencia sociopolítica. Las agresiones en el contexto de la violencia sociopolítica se diferencian de aquellas ocurridas como parte de las dinámicas propias de la confrontación armada, y por este motivo, no guardan una relación directa con el conflicto armado entre el Estado colombiano y los grupos armados insurgentes. Por el contrario, las causas y los móviles están asociados a la actividad de defensa de derechos de las víctimas, cuya acción se vio enfrentada a estructuras de poder económico, social y político”, reza el texto en el que se insiste en que la violencia sociopolítica no se puede asociar a las hostilidades propias del conflicto armado interno.

Para Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga y coordinadora del Programa Somos Defensores, es claro que detrás de todos los casos de asesinatos, amenazas y ataques contra líderes y defensores de derechos humanos hay fuerzas con poder de injerencia en todos los niveles y que, contrario a lo que se ha escuchado desde algunos sectores del Gobierno, no se trata de casos aislados o problemas personales. “Nosotros decimos que la sistematicidad se da con otros elementos y es que está documentado que sí son líderes sociales, independientemente de las razones por las que hayan sido asesinados, todos cumplían un papel determinante en sus comunidades. Otro punto es que el fenómeno ha ido creciendo y ese incremento en los asesinatos indica que no se trata de algo aislado sino que tiene que haber una estructura, así sea muy oculta, que tiene claro que no puede dejar crecer a los líderes sociales”.

Sánchez advierte que otro rasgo que deja ver la sistematicidad es que en la mayoría de los casos los crímenes se cometieron a través de sicarios, es decir, alguien tuvo que pagar para cometer el delito: “para asesinar a alguien, además del sicario, se necesita que a la víctima le hagan seguimiento y monitoreo, para eso también se necesita plata”.

Con un componente adicional, en muy pocos casos se ha podido establecer la autoría intelectual de los crímenes. En los territorios lo que se dice es que aunque todo el mundo sabe quién los mata, las autoridades nunca tienen información. De hecho en algunas zonas aseguran que la corrupción viene desde la Policía que le hace el juego a los ilegales y no actúan a pesar de que saben quiénes son los que controlan el territorio. “La gente no se atreve a ir más allá porque sabe lo que se les viene”, dicen.

El informe presentado a la Comisión de la Verdad, por ejemplo, recuerda que el paramilitarismo históricamente ha sido apoyado por actores legales de las regiones (terratenientes, ganaderos, comerciantes, y sectores empresariales nacionales e internacionales) y que aunque formalmente se desmovilizaron entre 2003 y 2006, en la actualidad existe un fenómeno de reconfiguración: “Muchas de las nuevas estructuras denominadas por el Gobierno Nacional como Grupos Armados Organizados (GAO), están compuestas por miembros de las AUC que participaron en procesos de desmovilización (…)  son los responsables del mayor número de agresiones a las personas que defienden los derechos humanos. El perfil de las víctimas abarca a personas que defienden la implementación del Acuerdo Final de Paz, y de manera especial, la política de restitución de tierras y reforma rural integral, que afecta directamente los intereses de las élites económicas y políticas regionales, así como a las compañías nacionales y transnacionales”.

Y quizá esa es la razón por la cual, aseguran algunos, no solo no funcionan las medidas para evitar que se sigan registrando más casos sino que además persiste la impunidad.

Diana Sánchez señala que si bien es cierto que desde el Gobierno se han hecho esfuerzos para trata de contener el problema, en la práctica los resultados son pocos. Explica que en el caso de la Fiscalía se ha dicho que se han investigado 170 casos que fueron documentados por la ONU y que de ese total el 50% está esclarecido.

“Nosotros creemos que 65 casos (correspondientes a ese 50%) es una cifra insuficiente sobre todo si tenemos en cuenta que desde el programa hemos registrado al menos 580 asesinatos en los ocho años de Santos. Pero supongamos que solo son 170 investigados y de esos la mitad de casos esclarecidos, aunque no se sabe de autores intelectuales. Solo se sabe del gatillero, el sicario, pero no quién está detrás, qué estructura, qué interés económico o político”, refiere Sánchez al señalar que a la Fiscalía hay que exigirle más y que no es posible que se excusen diciendo que  es un problema de recursos o que no tiene el músculo suficiente.

En el fondo, insiste, además de las medidas y promesas gubernamentales lo que urge es un cambio en el discurso, el contexto y las instituciones que siguen viendo a las comunidades y a los líderes como un enemigo interno.  “Si matan líderes no pasa nada. Hay un pensamiento que estigmatiza pues creen que las comunidades siempre han sido funcionales a las guerrillas, las ven como las que siempre se oponen al desarrollo, a las represas, al extractivismo y obvio a los intereses geoestratégicos de los proyectos agroindustriales”.

¿VUELTA AL TERROR?

Los muertos hablan por sí solos; a pesar del evidente ocultamiento oficial y de la clara muestra del sistemático procedimiento criminal. Cada uno de los señalados, perseguidos, acorralados y ajusticiados compartían un solo título: defensores de derechos humanos, especializados en población vulnerable y además pobre y marginada. Un verdadero mapa de vergüenza que nos convierte en una sociedad criminal, indolente y cómplice de un genocidio que amenaza con regarse por todo el territorio nacional. Ya son más de 217 líderes sociales y defensores de derechos humanos que han sido asesinados en Colombia en el breve transcurso de 17 meses contados a partir de la implementación de los acuerdos de paz.

De acuerdo a datos suministrados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) las víctimas de este atroz crimen se encuentran en las siguientes regiones: Cauca (42), Nariño (31), Antioquia (31), Valle (14) y Chocó (13). El secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, lanzó una voz de alerta “sobre la inseguridad en algunas zonas de Colombia afectadas por el conflicto y dejó en evidencia la preocupación por el incremento en el número de líderes sociales asesinados”.

Apenas hoy nos levantamos con la no grata noticia del asesinato de Ana María Cortes Mena, coordinadora de la campaña presidencial del excandidato Gustavo Petro en un municipio antioqueño. Igualmente se conoce sobre el asesinato de otra líder social, Margarita Estupiñán, en el departamento de Nariño generando repudio entre la población y la convocatoria a un evento simbólico y de solidaridad en la Plaza de Nariño.

Quizá lo que muchos temíamos tras la llegada de la ultraderecha al poder en Colombia se está volviendo una triste y cruda realidad, la reaparición de grupos de autodefensa que desean recuperar el poder perdido en muchas regiones del país; las muertes, las masacres, los genocidios, las moto sierras y el luto de cientos de familias colombianas que sufren la pérdida de su padre, madre, pariente o amigo por el único delito de levantar su voz y de organizar a la comunidad para reclamar o defender los más elementales derechos humanos como la tierra, vivienda o educación.

Todo indica que la ultraderecha en Colombia ha encontrado vía libre para cometer todo tipo de atropellos e intimidar a la población civil, que se sienten envalentonados por el triunfo electoral de un candidato como Iván Duque que encarna los más caros principios del uribismo y la seguridad democrática. Con la carta blanca otorgada por más de diez millones de colombianos que sufragaron movidos por la creencia que de no hacerlo significaría la llegada del “castrochavismo” o del socialismo a nuestro país. La ingenuidad de un pueblo usufructuada para todos los trágicos más bajos y ruines que comienza a dar sus frutos en los ya más de doscientos líderes sociales asesinados. Como lo fueron en su momento los más de diez mil muchachos asesinados en Soacha y otras regiones del país o los más de cuatro mil integrantes de la Unión Patriótica que cayeron sin que nuestra sociedad reclamara por sus muertes. O los cientos de gaitanistas asesinados, desaparecidos y perseguidos por proclamar una verdad contra el gobierno genocida de Mariano Ospina Pérez que elevó su trofeo ante el cuerpo vencido de Jorge Eliécer Gaitán.

Como sociedad nos compete organizarnos, defendernos, denunciar ante organismos internacionales este tipo de crímenes selectivos y de Estado. Debemos lanzar un S.O.S. internacional que obligue la presencia de organismos y organizaciones que protejan la vida humana, que preserven la legítima condición humana y poseedores de derechos humanos consagrados en las diferentes cartas y constituciones. Ante cada asesinato los colombianos deberíamos cesar actividades, salir a las plazas públicas, realizar denuncias ante cortes internacionales y así intentar el cese de estos asesinatos que nos deben conmocionar y generar un rechazo general y colectivo.

No podemos como sociedad continuar como si nada pasara. Que tanta muerte no sea un motivo más de silencio o simplemente una mirada de soslayo ante el cúmulo de muertos que ya empiezan a soltar un hedor en la conciencia de los colombianos. O nos organizamos o nos matan ante el miedo colectivo. A nada le teme más el criminal que a la organización social, al repudio colectivo y general de una sociedad que cansada del miedo, del silencio y del crimen se levanta unida para clamar por el respeto a la vida y la defensa de los suyos. Estamos a tiempo, a pesar de los asesinados y olvidados; solo pedimos que cese este río de sangre, que no renazca la muerte vestida de ideología derechista, que se preserve la paz por encima de toda doctrina y que los colombianos podamos expresarnos libremente sin autocensurarnos ni sentir miedo de nuestras palabras o de nuestros propios pensamientos. Mal venida la muerte de manos de un gobierno que no alcanza a sentarse pero que ya tiene la hoz del terror y el silencio entre sus manos. Siempre es más dulce el sabor de la vida y la paz y en su nombre bien vale intentar torcerle la cola al diablo para que se enrede en su propia cabalgadura.

CONDENA

La Organización de las Naciones Unidas, ONU, a través de un comunicado manifestó que “rechaza y condena” los asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales.

“El recrudecimiento de la violencia afecta las condiciones para una verdadera paz estable y duradera”, destacó la organización.

Asimismo, sostuvo que “los habitantes de las regiones más afectadas por el conflicto armado son quienes están vulnerables a las múltiples violaciones a sus derechos colectivos e individuales”.

Mencionó como territorios principalmente afectados, los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca.

“La ONU insta al Estado colombiano a reforzar las medidas de prevención, protección e investigación para garantizar el derecho a la vida y la integridad de las y los colombianos en todos los rincones del país”, agregó.

Finalmente, aseguró que continúa apoyando, “en el marco de sus respectivos mandatos”, a los defensores y líderes comunales. También reiteró el compromiso “con las comunidades y su acompañamiento al Estado para garantizar la protección de la vida y consolidar la paz anhelada del país”.

Fuente: EL PAÍS / DIARIO EL ESPECTADOR / LA SILLA VACÍA  / CANAL 1

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