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Una de las mayores críticas que ha recibido la Fiscalía durante el proceso de Justicia y Paz es su falta de celeridad para adelantar las más de 13 mil investigaciones que cursan en la justicia ordinaria contra empresarios que le entregaron dineros a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y a otros grupos paramilitares para sostener su gigantesca máquina de guerra.

Bananeros y palmicultores de Urabá, terratenientes del Tolima, cañeros del Valle del Cauca, empresarios del carbón de La Guajira, comerciantes de maderas finas del Chocó, ganaderos, finqueros, ladrilleros, prestamistas, lecheros, contratistas y mineros, entre muchos otros empresarios, han sido salpicados por financiar a los ‘paras’ y haberse reunido con ellos para definir los lugares donde debían expandir sus ejércitos, tal como consta en los expedientes que reposan en los tribunales de Bogotá y de Medellín.

Teniendo en cuenta la gravedad de esos hechos, los fiscales y los magistrados de Justicia y Paz le han pedido una y otra vez a la justicia ordinaria que tome cartas en el asunto. Sin embargo, las solicitudes parecen haber caído en saco roto y, por ahora, el único resultado que se conoce es la condena de 2014 que un juzgado de Medellín profirió contra 16 empresarios, que se aliaron con las AUC para despojar a las comunidades negras del Chocó y sembrar sus tierras con palma aceitera.

El volumen de trabajo en las regiones, las presiones indebidas, la aparente desidia y la falta de conocimiento de los fiscales en la investigación de los hechos asociados al conflicto tienen estancados los procesos y le han impedido a las víctimas y al país conocer quiénes y por qué patrocinaron una década de violencia paramilitar. Por eso, en 2014 y en 2015, la magistrada María Consuelo Rincón, del Tribunal de Medellín, le pidió a la Fiscalía agrupar y acelerar los procesos sobre “paraeconomía”, que estaban dispersos en distintos despachos. En 2013, el magistrado Eduardo Castellanos, del Tribunal de Bogotá, había elevado una petición similar.

Con el fin de responder a esas solicitudes, el entonces fiscal Eduardo Montealegre y otros altos funcionarios de la Fiscalía se reunieron a finales de 2015. Concluyeron que era necesario generar una nueva estrategia para investigar a los civiles que financiaron a los ‘paras’ y decidieron ampliar las funciones de la Dirección de Fiscalías de Justicia Transicional. Como consecuencia de ello, definieron la creación de un nuevo grupo de investigadores, cuya función será centralizar los procesos y entregar resultados.

En la decisión de la Fiscalía,  se determinó que el recién creado grupo asumirá antiguos y nuevos procesos relacionados con la “paraeconomía”, para lo cual “deberá compartir información, articular líneas de investigación y dividir el trabajo” de acuerdo a una distribución regional que requerirá ocho equipos de fiscales, así:   Uno para Antioquia, Córdoba y Chocó (zona de influencia de los bloques Élmer Cárdenas, Héroes de Granada, Mineros, Héroes de Tolová, Cacique Nutibara, Bananero y Córdoba, y Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio). Uno para Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Sucre (bloques Norte, Héroes de los Montes de María y Central Bolívar).

Uno para Santander, Norte de Santander, Arauca y el Magdalena Medio (bloques Catatumbo, Central Bolívar y Vencedores de Arauca; Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, y Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio). Uno para Valle del Cauca y Cauca (bloque Calima). Uno para Nariño y Putumayo (bloque Central Bolívar). Uno para Caquetá, Huila y Tolima (bloques Calima, Central Bolívar y Tolima, y Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio). Uno para Meta y Casanare (bloques Centauros, y Meta y Vichada). Uno para Caldas, Risaralda, Quindío, Cundinamarca y Boyacá (bloques Central Bolívar y Cundinamarca, Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá y Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio).

Todos los equipos estarán bajo la dirección de un fiscal coordinador y tendrán el apoyo de analistas, asistentes e investigadores. Mensualmente, el nuevo grupo deberá rendirle cuentas al Fiscal General y elaborar estrategias que le permitan avanzar en la judicialización de los financiadores de los ‘paras’ en las ocho regiones priorizadas, que abarcan 21 de los 32 departamentos del país. La resolución parte de la premisa de que, aunque los civiles no pueden ser juzgados en Justicia y Paz, los fiscales con los que cuenta esa jurisdicción son los más competentes para adelantar las investigaciones relacionadas con el paramilitarismo; no solo tienen la experiencia necesaria, sino que también disponen de toda la información que se ha recopilado sobre el tema.

El grupo también tendrá entre sus tareas llevar a juicio a los exparamilitares que fueron excluidos de Justicia y Paz, entre los que se encuentran antiguos comandantes como Marco Tulio Pérez Guzmán, alias “El Oso”; Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, y Édgar Fierro Flores, alias “Don Antonio”.  La decisión responde a las preocupaciones de las víctimas, que en distintos escenarios han manifestado su temor por el hecho de que los delitos cometidos por esos y otros exjefes de las autodefensas queden en la impunidad al pasar a la justicia ordinaria.

Además, según consta en el documento, en diciembre de 2016 el Fiscal General deberá evaluar la efectividad de la nueva estrategia. El trabajo del grupo podrá servir como punto de partida para las investigaciones que adelante la Jurisdicción Especial para la Paz que pactaron el Gobierno y las Farc en La Habana, que juzgará a los financiadores y colaboradores de los paramilitares que hayan participado en torturas, desapariciones, desplazamientos forzados, hechos de violencia sexual y otros graves delitos.

Fuente: pacifista.co