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La comisión instructora de Senado que estudia la investigación contra el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt negó este martes la propuesta para anular ese proceso.

Pretelt es procesado en el Congreso por supuestamente haber pedido 500 millones de pesos a cambio de influir en sus compañeros en un fallo de tutela que estudió el alto tribunal.

La mayoría de la comisión instructora negó la ponencia del instructor –José Obdulio Gaviria– la cual proponía que se anulara todo lo actuado hasta el momento por “errores” en la forma como se llevó el caso en la Cámara de Representantes.

En consecuencia, la comisión instructora propondrá a la plenaria del Senado, la cual tomará la última palabra, seguir con el proceso y acusar ante la Corte Suprema de Justicia al magistrado Pretelt, lo cual ocurriría la próxima semana.

En abril de este año se instauró la comisión instructora del Senado que asumió el proceso político contra el magistrado Jorge Pretelt. La instancia fue integrada por siete senadores, tres del Centro Democrático: Paloma Valencia, Alfredo Ramos y José Obdulio Gaviria; por el partido de la U, el senador Roosevelt Rodríguez; Guillermo Santos, del Partido Liberal; por Alianza Verde, Jorge Prieto y Juan Manuel Corzo, del Partido Conservador.

Posteriormente, el senador Gaviria señaló que iba a pedir la nulidad del caso, porque “hubo errores en la conducción del proceso por parte del representante investigador del caso”.

Entre estos mencionó que se admitió la constitución de una parte civil, “algo que según la ley no se puede hacer”, y se cometieron algunas irregularidades en el manejo de la reserva.

Por su parte, el senador por el Partido Liberal Guillermo Santos indicó que rechazaban la propuesta del senador del Centro Demócratico, porque tenían “todos los elementos para proponerle al Senado llevar el caso del magistrado Pretelt hasta la Corte Suprema”, y dijo que José Obdulio Gaviria “se convirtió en el principal defensor del señor Pretelt y él no es el abogado del magistrado, él es un juez que tiene que actuar de acuerdo a la Constitución y la ley”.

Fuente: DIARIO EL TIEMPO