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El concejal del Polo solicitó a las autoridades correspondientes revisar las acciones fiscales, penales y disciplinarias en las que pudieron incurrir los funcionarios que participaron en la suscripción, legalización y aplicación de estos actos administrativos, sin contar con autorización del Concejo.

El exalcalde de Pereira, Israel Londoño Londoño, violó lo establecido en la Ley Ley 1386 de 2010, sobre la prohibición de entregar a terceros la administración de tributos, más aún cuando dispuso el reconocimiento de la abultada cifra del 10% del recaudo como pago, sin existir un Acuerdo Municipal o norma legal que lo autorizara para suscribir estos convenios, generar vigencias futuras y entregar funciones que constitucional y legalmente pertenecen al Municipio, en cuanto a la administración de sus tributos y en especial la sobretasa a la gasolina, y menos aún a que reconociera de manera arbitraria un porcentaje de su recaudo como contraprestación de este servicio.

Recuento

Los alcaldes de Dosquebradas, La Virginia y Pereira con el Área Metropolitana Centro Occidente, AMCO, suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 27 del 24 de mayo de 1999, cuyo objeto era el “recaudo, administración, liquidación, control, discusión, cobro, devoluciones y sanciones de la sobretasa a la gasolina de que trata la Ley 488 de 1998”, este convenio tuvo inicialmente una duración de 2 años y como retribución el AMCO recibiría el 1.5% del valor recaudado a partir del 1 de enero del 2000.

El 20 de octubre del 2000, mediante la Adición No. 1, las partes prorrogaron por 5 años más el plazo, quedando vigente hasta el 31 de diciembre de 2006, igualmente mediante la Adición No. 2, el día 20 de enero de 2002, se aumentó al 2% el valor a reconocer al AMCO por este servicio, suma que fue nuevamente aumentada al 5% por el Alcalde de Pereira mediante Adición No. 3 del 31 de diciembre de 2002. El plazo de este convenio fue también prorrogado por el Alcalde hasta el 31 de diciembre de 2011, mediante la Adición No. 6 suscrita el 13 de diciembre de 2006.

El Convenio fue nuevamente modificado mediante Adición No. 7, el 16 de noviembre de 2010, prorrogando su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016 y aumentando al 10% del valor total recaudado el monto a reconocer por concepto de gastos inherentes al cumplimiento de las obligaciones pactadas inicialmente.

A lo anterior, el concejal Carlos Alfredo Crosthwaite argumentó que el Congreso expidió el 21 de mayo de 2010 la Ley 1386, que dispone lo siguiente:

Artículo 1°. Prohibición de entregar a terceros la administración de tributos. No se podrá celebrar contrato o convenio alguno, en donde las entidades territoriales, o sus entidades descentralizadas, deleguen en terceros la administración, fiscalización, liquidación, cobro coactivo, discusión, devoluciones, e imposición de sanciones de los tributos por ellos administrados. La recepción de las declaraciones así como el recaudo de impuestos y demás pagos originados en obligaciones tributarias podrá realizarse a través de las entidades autorizadas en los términos del Estatuto Tributario Nacional, sin perjuicio de la utilización de medios de pago no bancarizados.

Las entidades territoriales que a la fecha de expedición de esta ley hayan suscrito algún contrato en estas materias, deberán revisar de manera detallada la suscripción del mismo, de tal forma que si se presenta algún vicio que implique nulidad, se adelanten las acciones legales que correspondan para dar por terminados los contratos, prevaleciendo de esta forma el interés general y la vigilancia del orden jurídico. Igualmente deberán poner en conocimiento de las autoridades competentes y a los organismos de control cualquier irregularidad que en la suscripción de los mismos o en su ejecución se hubiese causado y en ningún caso podrá ser renovado.

Las entidades de control correspondientes a la fecha de expedición de esta ley, deberán de oficio revisar los contratos de esta naturaleza que se hayan suscrito por las entidades territoriales.

Finalmente, el Concejal solicitó a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República revisar de oficio los contratos de esta naturaleza que se hayan suscrito por las entidades territoriales.

Fuente: EQUIPO DE PRENSA DEL CONCEJAL CARLOS ALFREDO CROSTHWAITE FERRO