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“De forma alarmante, en varias partes de Colombia el conflicto armado está tan vivo como siempre. Cientos de miles de personas en todo el país aún no han visto diferencia alguna en sus vidas desde que se firmó el acuerdo de paz”, indicó Erika Guevara-Rosas, directora de AI para las Américas, en un comunicado.

La directiva puso como ejemplo el “incremento” de actividades de paramilitares denunciadas por la Comunidad de San José de Apartadó, en el departamento de Antioquia (noroeste).

Según AI, desde finales de 2016 esta autodenominada comunidad de paz ha sido víctima de más de 300 asesinatos o desplazamientos principalmente por el accionar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), remanentes de las milicias paramilitares de extrema derecha desmovilizadas en 2006 y brazo armado del Clan del Golfo, principal banda criminal del país.

El organismo criticó que las autoridades colombianas nieguen la existencia del paramilitarismo, pues el gobierno sostiene que no hay un actuar sistemático de esta organización, a la que señala de dedicarse al narcotráfico.

“Es hora de que las autoridades colombianas enfrenten la realidad al reconocer que el conflicto todavía está haciendo estragos en la vida de cientos de miles de personas vulnerables. Entre más se retrasen las acciones, más vidas se van a perder”, agregó Guevara-Rosas.

El gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC implementan el histórico acuerdo de paz firmado en noviembre que busca superar un conflicto armado de más de medio siglo.

Las FARC, que se agrupan en 26 zonas del país donde a más tardar a finales de mayo deberán desarmarse, han urgido al gobierno a tomar medidas contra estos grupos, a los que culpan de los asesinatos de decenas de líderes sociales y de poner en riesgo la ejecución del pacto.

Para alcanzar la “paz completa”, el gobierno instaló en febrero negociaciones con el ELN, única guerrilla activa del país y con 1.500 combatientes según estimaciones oficiales.

La conflagración interna colombiana ha dejado 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados tras enfrentamientos entre guerrillas, paramilitares y agentes estatales.

Decapitación

Este martes en la mañana fue hallado el cuerpo sin vida del niño Juan Diego Franco Pérez, de 4 años de edad, hijo de Irene Pérez Ruiz, quien fue decapitada. Se presume que la mujer fue violada.

“Fue encontrado en una playa del río Carare, en la vereda Mata de Guadua, del municipio de Sucre”, confirmó Isabel Cristina Serna, líder de la ATCC, a Ecolecuá.

Agregó que al parecer el menor fue arrojado al río Carare por el homicida u homicidas de su madre, hecho que habrían ocurrido, al parecer, el miércoles pasado cuando Irene se quedó sola su hijo de 4  en su casa ubicada en la vereda Mata de Guadua

Isabel Cristina Serna Rentería, representante legal de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, afirmó que la mujer fue decapitada y tirada a las aguas.

“Lo que sabemos es que ella estaba el día miércoles (15 de marzo) sola en su casa, con el niño, cuando alguien llegó y la sacó de allí. Al parecer, la decapitó cerca una quebrada y echó allí su cuerpo”, sostuvo Serna Rentería.

Cabe destacar que el esposo, Arfilio Franco, se encontraba con el hijo menor de 2 años en Bucaramanga, cumpliendo una cita médica. Al llegar a casa, el mayor que se encontraba en el colegio le dijo que no estaba ni su mamá, ni su hermanito, por lo que de inmediato iniciaron el plan de búsqueda.

“El domingo como a eso de las siete u ocho de la mañana encontramos el cuerpo sin vida de Irene, estaba a unos 10 minutos de la casa, en la misma parcela. El niño no aparece ni vivo ni muerto”, acotó la líder campesina.

Lo más extraño para la comunidad de la vereda Mata de Guadua es que jamás escucharon que ella tuviera amenazas. Tras revolcar toda la casa, sus familiares se dieron cuenta que el o los responsables se le llevaron el celular y la billetera donde guardaba sus documentos personales.

Fuente: DIARIO EL ESPECTADOR / vanguardia.com