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Como suele ocurrir cada cuatro años, en el comienzo del periodo de los mandatarios locales que elegimos el pasado 25 de octubre se han publicado informes bastante negativos de los entes de control.

Mientras la Procuraduría advierte que los exmandatarios de las principales ciudades y departamentos salen con investigaciones en su contra, la Dirección de Fiscalía Especializada contra la Corrupción anuncia que adelanta 1.259  investigaciones contra 1.015 funcionarios electos, la mayoría de ellos alcaldes y gobernadores involucrados en delitos contra la administración pública.

Este tipo de noticias da pie para revivir los debates sobre descentralización y corrupción, después de medio siglo de sucesivas reformas descentralizadoras y más de 25 años de elección popular de alcaldes y gobernadores.

Como lo he reiterado en Razón Pública, parecen haber tenido razón quienes advirtieron que la descentralización no era la panacea ni conducía automáticamente a fortalecer la democracia local, a mejorar la gestión, a aumentar la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la trasparencia. Mucho menos, que sería la cantera de liderazgos democráticos y renovadores. En  casos como el de Colombia parece más razonable sostener que los efectos de la descentralización sobre la corrupción dependen de los contextos socio-políticos.

En muchos municipios y departamentos han sido elegidos gobernantes que adelantaron gestiones transparentes, pero en una alta proporción de las entidades territoriales se repiten los casos de corrupción y abundan las suspensiones, destituciones y condenas penales de los mandatarios.

Raíces de la corrupción

La actual gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.
La actual gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.
Foto: ICP Colombia

La corrupción entre gobernadores y alcaldes podría atribuirse a la conjunción de cinco factores principales, a saber:

1. Las características de los partidos y de la clase política, con predominio de políticos de negocios y de facciones o partidos y movimientos altamente personalizados en sus liderazgos y organizaciones;

2. La existencia de redes criminales que capturan parcialmente el Estado en el nivel local, incluso con el uso de coacción o violencia;

3. La captura de partidos, facciones o movimientos políticos por parte de organizaciones criminales o grupos de contratistas;

4. La debilidad de los controles interinstitucionales y su aplicación casi siempre a posteriori, para sancionar y no para prevenir;

5. La debilidad de los controles sociales, aunque los medios de comunicación jueguen un creciente papel de vigilancia y denuncia.

Con algunas variantes y con especificidades, estos cinco elementos se combinan en los diversos departamentos y ciudades del país para llevarnos a la corrupción generalizada.La descentralización ha sido aplicada en contextos socio-políticos adversos, donde las  estructuras locales de poder la han utilizado para propios intereses. De esta manera los recursos públicos han sido apropiados por individuos, grupos, clanes familiares o facciones y alianzas partidistas.

La magnitud del problema

El grado de corrupción suele medirse a través de encuestas internacionales de percepción (como las deTransparencia Internacional) o de indicadores sobre la vulnerabilidad de distintas instituciones a prácticas corruptas (como el Índice que utiliza Transparencia por Colombia).  Pero una manera alternativa y tal vez más directa de medirla consiste en analizar el número y la proporción de funcionarios elegidos que han sido investigados y sancionados por casos de corrupción.

Utilizando este criterio, la realidad local de Colombia resulta ser alarmante:

  • Cuando no había siquiera concluido el primer periodo de alcaldes y gobernadores elegidos por voto popular bajo la nueva Constitución de 1991, la Procuraduría reportó que 555 alcaldes (de un total de 1.030) tenían procesos en su contra y 53 habían sido destituidos, 38 suspendidos y cinco sancionados.
  • Dos décadas después el mismo ente de control informaba que en solo cinco años (2009 a 2014) había destituido por corrupción a 37 gobernadores (de 62 elegidos) y a 308 alcaldes (de 2.200 elegidos)- sin contar las suspensiones temporales y las investigaciones pendientes-.
  • Y un estudio detallado que publiqué hace poco [1] muestra cómo más de la mitad de los 283 gobernadores elegidos o designados entre 1992 y 2014 han sido objeto de sanciones o terminaron en la cárcel: el 17.3 por ciento fue destituido, el 19 por ciento fue suspendido y el 19.4 fue condenado por la Corte Suprema de Justicia (Gráfica1).

Gobernadores y criminalidad

Pese a las muchas denuncias y condenas, en muchos municipios y departamentos las elecciones siguen siendo ganadas por exmandatarios o dirigentes políticos dudosos. Los casos de los actuales gobernadores que están siendo investigados por la Fiscalía (Cuadro1) ilustran bien sus perfiles y sus presuntos nexos con negocios y organizaciones criminales.

Cuadro 1. Gobernadores actuales con procesos activos en la Fiscalía General de la Nación
Investigados

Fuente: El Espectador (diciembre 31 de 2015), “Las investigaciones contra los gobernadores electos”.

  • Uno de los casos más conocidos es el de gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro. La expresidenta del Senado fue avalada por el Partido Social de Unidad Nacional en coalición con otros sectores políticos, incluyendo el de su antiguo contradictor Roy Barreras y el de ex vicepresidente Angelino Garzón, quien se postuló en la misma fórmula para la alcaldía de Cali. No obstante las investigaciones y las denuncias, Toro ganó con una amplia ventaja.

Los cargos más graves que examina la Fiscalía [2] se refieren a los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Cuando era senadora, reelegida para el periodo 2006-2010, la Corte Suprema le inició una investigación por supuestas negociaciones ilegales por parte de una sociedad de la cual ella era parte (Agropecuaria Ceiba Verde Ltda.), que habrían tenido lugar entre 2005 y 2007. Esta sociedad compró las fincas San Miguel, La Milagrosa y Brasilar, ubicadas en Palmira y Bolívar (Valle del Cauca), que según la Corte habían pertenecido a exintegrantes del cartel del Norte del Valle, entre ellos Phánor Arizabaleta, Víctor Patiño Fómeque, Iván Urdinola Grajales, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias “Chupeta” y Wílber Varela, alias Jabón. La ex senadora estuvo en prisión por estas investigaciones y decidió renunciar a su curul.

Este caso ilustra el funcionamiento de la justicia colombiana: el abogado de Toro logró una nulidad por violación del debido proceso al no permitirles recopilar tres testimonios; la exsenadora llevaba un año “recluida” en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (CESPO) pero la nulidad demoró el proceso hasta que prescribió el cargo y la acusada recuperó su libertad en agosto del 2013. Pasó de la “cárcel” a la gobernación. Pero como el proceso continúa, es posible que sea condenada si se demuestra que la gobernadora y sus socios conocían la procedencia de las propiedades y que la compra-venta sirvió para lavar dinero de la mafia. En este evento tendrían que organizarse unas nuevas, costosas y traumáticas en el departamento.

  • El del gobernador del Tolima Oscar Barreto es el ejemplo de un político regional poderoso, que había sido gobernador (2008-2011) pero fue destituido y tiene en su haber decenas de procesos. En 2015 Barreto fue elegido nuevamente con apoyo  del Partido Conservador, el Centro Democrático y Opción Ciudadana, que lo respaldaron sin importar sus antecedentes:

-Destitución en fallo de primera instancia en 2013, donde la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal [3] le acusó por falta de vigilancia y control de una licitación pública para escoger al contratista que adelantaría las obras de rehabilitación, recuperación y mejoramiento de la vía Villahermosa-Líbano (Tolima).

-También en 2015 este gobernador fue objeto de una investigación relacionada con una práctica común a la mayoría de las gobernaciones, que se conoce como “los alumnos fantasmas”. La respectiva investigación en curso implicaría los delitos de contratación sin el lleno de los requisitos, peculado por destinación diferente de recursos del Situado General de Participación, y peculado por omisión.

  • Mientras avanzaba el proceso de segunda instancia por su destitución, Barreto fue investigado por presuntas inconsistencias en la celebración y ejecución de por lo menos 50 contratos con recursos de regalías durante los años 2008, 2009 y 2010. Están vigentes 20 investigaciones: cuatro por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cuatro por contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y cuatro por interés indebido en la celebración de contratos [4].
  • William Villamizar en Norte de Santander también fue reelegido, pese a los cuestionamientos e investigaciones. Fue objeto de una sanción fiscal por parte de la Contraloría y fue suspendido dos semanas antes de finalizar su período. La Contraloría lo investiga por irregularidades en los convenios firmados para el Ecoparque San Rafael[5]. Es investigado por 12 casos de delitos contra la administración pública, por contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, celebración indebida de contratos, falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos,  prevaricato por acción, prevaricato por omisión y peculado por apropiación.
  • El gobernador del Chocó Jhoany Alberto Palacios Mosquera enfrenta cuatro investigaciones: dos peculados por apropiación, un peculado por aplicación oficial diferente y fraude a resolución judicial.
  • El gobernador del Guaviare Nebio de Jesús Echeverry fue elegido con el aval de Autoridades Indígenas de Colombia y ya había sido gobernador entre 2001 y 2003 por el Partido Conservador. Fue destituido por la Procuraduría en 2004 por favorecer en un contrato a una empresa de su propiedad (una distribuidora de licores), por la compra irregular de combustibles para el departamento y por otros contratos ilegales. En ese mismo año había sido sancionado con cuatro meses de suspensión -convertidos en salarios de la época- por firmar un contrato sin cumplir los requisitos legales y después lo investigó la Corte Suprema por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. La Fiscalía le abrió un proceso por sus supuestos nexos con las bandas y  compulsó copias a la Corte por falso testimonio y concierto para delinquir.
  • El caso de Guido Echeverri Piedrahita (elegido por “Caldas Territorio de Oportunidades”) es también el de un exgobernador controvertido que sin embargo resulta reelegido. Su elección en 2011 fue anulada por el Consejo de Estado ya que su esposa había sido secretaria encargada de hacienda en Manizales, lo cual constituye causal de inhabilidad. Hoy enfrenta tres investigaciones: dos por interés indebido de contrato de seguro y una por interés indebido en la celebración de contratos.

La pregunta

Víctor Isidro Ramírez el ex-gobernador de Caquetá destituido de su cargo por la Procuraduría General de la Nación.
Víctor Isidro Ramírez el ex-gobernador de Caquetá destituido de
su cargo por la Procuraduría General de la Nación.
Foto: Wikimedia Commons

En Colombia abundan las instituciones, las normas y las autoridades encargadas de regular, limitar, controlar y sancionar la corrupción: pero este cáncer no logra detenerse.

Después de más de medio siglo de descentralización habría que hacer un alto y evaluar sus resultados. Más allá de seguir destituyendo, suspendiendo y encarcelando a tantos exalcaldes y exgobernadores, habría que pensar si el diseño institucional debe ser revisado.

Tal vez un análisis en profundidad permita concluir que en muchos contextos socio-políticos la descentralización no es la solución de los problemas de gestión y de malos manejos de los recursos públicos.

 

* Profesor de la Universidad del Valle.

 

Notas

[1] Duque Daza, Javier (2015) Controlando a los gobernadores. Gestión pública departamental, accountability y corrupción en Colombia, Colciencias-Universidad del Valle.

[2] Fiscalía General de la Nación, maro 21 de 2013 “Fiscalía acusa a Dilian Francisca Toro por lavado de activos”. Recuperado de: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/fiscalia-acusa-a-dilian-francisca-toro-por-lavado-de-activos/

[3] Procuraduría General de la Nación, Boletín No 924, diciembre 2 de 2014.

[4] Puede verse el original del documento del Departamento de Planeación Nacional en:http://es.scribd.com/doc/219765010/Irregularidades-de-Oscar-Barreto-evidenciadas-por-Planeacion-Nacional

[5] La Opinión.com, enero 27 de 2015, “Inhabilitan a W Villamizar y W Carrillo por un fallo fiscal”.

[6] El Espectador, diciembre 31 de 2015 “Las investigaciones contra los gobernadores electos”.http://www.elespectador.com/noticias/judicial/investigaciones-contra-los-gobernadores-electos-articulo-608476

[7] Por un escándalo de corrupción de 2012 que involucró a 17 dirigentes políticos relacionado con un proyecto donde se planeaba construir un complejo turístico para la zona de frontera en un lote donado por la empresa Bavaria. El proyecto acabó convertido en un hueco y hubo irregularidades administrativas y malos manejos financieros por más de cuatro mil millones de pesos.

Fuente: LA RAZÓN PÚBLICA

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