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Líderes sociales, bajo amenaza también en Risaralda

Tras la alerta temprana emitida por parte de la Defensoría del Pueblo en Risaralda sobre la presencia de grupos ilegales en el municipio de Quinchía, se prendieron nuevamente las alarmas sobre las amenazas a líderes sociales e indígenas en el departamento.

Desde 2016, año en que se firmó la paz con la antigua guerrilla de las Farc, han sido asesinados 702 líderes sociales en el país según reciente informe de la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica.

En Risaralda según lo expresa Eisenhower Zapata, quien hace parte de la Mesa Nacional de Víctimas, cerca de 200 líderes sociales se encuentran amenazados en el departamento, una cifra que está muy por encima de las denuncias que reporta la Policía Nacional, en donde se tiene una base de datos de 71 personas que tiene protección individual de Policía Nacional.

La mayoría de amenazas surgen sobre miembros de acción comunal, seguidos de los integrantes de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), en la lista también se encuentran defensores de derechos humanos, líderes sociales ambientalistas, lideres indígenas y población afro, principalmente quienes luchan en contra de la minería ilegal en los límites con el Chocó en el municipio de Pueblo Rico, también se habla de amenazas a la población de profesores sindicalizados y centrales obreras que también tienen sindicalistas.

“Estas amenazas se deben a que en aquellas zonas han ido llegando disidencias de grupos armados y han empezado a establecer territorio asesinando o amenazando a la comunidad, aprovechando que son áreas muy difíciles de proteger en donde las autoridades, en muchas ocasiones, se ven a gatas para ejercer su labor y no basta con que la personas tengan esquema de seguridad o se haga una visita periódica de la policía, además porque muchos de los esquemas de seguridad son desmontados después de un año y finalmente terminan las personas siendo asesinadas”, explicó Zapata.

Aseguró que este es un tema que ha sido cuestionado al Gobierno nacional ante los estrados internacionales de justicia, por la falta de efectividad en la protección de los líderes sociales.

“Hay líderes, por ejemplo, que son protegidos de la Fiscalía y ya no tienen protección a pesar de que todavía continúan en su proceso y que no han terminado su proceso de reparación, solo por exponer un caso”, agregó el miembro de la Mesa de Víctimas.
Agregó que la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo reconoce por primera vez la presencia de Autodefensas Gaitanistas, quienes serían un brazo armado del Clan del Golfo.

Aspirante Alcaldía

Entre estas denuncias se encuentra el llamado que viene realizando desde principio de año, el líder indígena y candidato a la alcaldía de Pueblo Rico, Leonardo Siagama, quien a pesar de las intimidaciones que han llegado a través de panfletos a nombre de Águilas Negras, amenazantes mensajes de texto, llamadas y visita a su lugar de residencia; continuará con sus proyectos políticos.

“Me encuentro preocupado, asustado, pero dispuesto a entregar mi vida en caso de que me lleguen a asesinar porque las amenazas no van a impedir que siga con mis proyectos políticos, yo soy docente en mi profesión y asumí este cargo de aspirar a la alcaldía porque sé que las comunidades triétnicas de Pueblo Rico necesitan de mi liderazgo y de mi servicio, así como también por la situación social que vive nuestra gente y por eso estoy trabajando así me cueste la vida”, expresó Siagama.

Afirmó que la comunidad denuncia que ha notado presencia de encapuchados recorriendo el sector de Cañón de Mistrató en dicho municipio, en donde las autoridades indígenas emitieron un comunicado denunciado estos hechos y permitiendo que la fuerza pública entre al territorio a hacer la respectiva inspección y preste la seguridad en el sector.

Seguridad

Ante esta situación en el Consejo de Seguridad que se realizó en días pasados, se tuvo en cuenta la denuncia del candidato a la Alcaldía de Pueblo Rico con el fin de analizar la posibilidad de prestarle la seguridad pertinente.

Desde la Secretaría de Gobierno departamental de manera semanal se realiza una reunión o un comité interinstitucional en la cual se hace seguimiento a los casos de lideres amenazados y se tienen estadísticas con base en las denuncias que se registran en la Fiscalía.

En el 2019 la Policía de Risaralda registra 18 casos de líderes amenazados y en el área metropolitana 7 denuncias. Desde la vigencia 2016 a la fecha se registran 126 casos.

Fuente: EL DIARIO

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